La profecía de Estrada Ferreiro
En mayo de 2022, el entonces Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, señaló que lo mismo que comenzaron a hacerle a él, por la solicitud de juicio de procedencia y posterior desafuero, se lo harían a Luis Guillermo “El Químico” Benítez, a Héctor Melesio Cuén Ojeda, a Jaime Montes... y a Gerardo Vargas Landeros.
Muchos lo llamaron loco, pero desde ese momento, las cosas siguieron al pie de la letra.
Aunque habrá que aclarar, que quienes han sido señalados y desaforados no es que hayan sido blancas palomas o no hayan hecho nada para merecerlo.
De muchos es conocido que increíblemente era “El Químico” quien habría ganado las encuestas de aceptación de Morena en Sinaloa para ser el candidato a Gobierno, que suena clarísimo y obvio que lo haya sido aún por encima de Rubén Rocha Moya, quien fue igual de gris de Senador que su protegido y hoy Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez como diputado.
La confrontación y la ruptura comenzó ahí, debido a que sabemos que Benítez Torres le sudó desde el principio a Morena cuando no había nadie a su favor.
Pero el amigo enloqueció con el poder, comenzó a realizar muchas tonterías como pretender tener su propio show de televisión con regalos y rifa para la gente, sacando todo del erario porteño.
¡Con decirles que hasta se creyó atractivo y tiraba mucha barra!
Total que la ASE lo torció por un absurdo contrato adjudicado de manera directa, por 400 millones 854 mil pesos, para la compra de 2 mil 139 luminarias con un valor unitario de 187 mil 402 pesos; la Fiscalía lo denunció y se solicitó un juicio de procedencia, con lo que fue separado del cargo y hasta la fecha continúa con el proceso judicial en su contra.
Insistimos, que aunque el propio Estrada Ferreiro señaló que el Gobernador los persiguió por no ser afines, no es toda la verdad.
A Héctor Melesio Cuén Ojeda le aplicó la de renunciar porque salió a la luz que éste mantenía una denuncia contra la doctora Teresa Guerra Ochoa, hoy diputada, por sus escritos como columnista de un diario y dichos en una mesa de análisis con periodistas en una radiodifusora.
Pero lo que verdaderamente hizo enojar a Rocha Moya es que Cuén Ojeda mandó un puñado de pasistas a registrarse e iniciar proceso como consejeros en Morena, con el fin de tener control dentro del partido.
Y lo hizo por las alianzas que en el futuro visiilizaba, porque después de ser corrido, fue a pedir chichi al Partido Revolucionario Institucional en donde hizo lo mismo, metiendo pasistas en el padrón tricolor, y logró que lo inscribieran en la lista de diputados federales plurinominales.
De Jaime Montes Salas, pues todos estaremos de acuerdo en que hay muebles en el Palacio de Gobierno más útiles que él.
Y pues ahora, la lumbre ya le llegó al Presidente Municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, a quien se le acusa de firmar un contrato por demás centavero y corriente, muy parecido a lo de “El Químico” Benítez, pues el señorón rentó 126 vehículos, por lo que pagó sin licitar 171.5 millones de pesos, un monto con el que hubiera comprado lo mismo tres veces.
Por eso, hoy el Congreso del Estado deberá llevar al Pleno la solicitud de juicio de procedencia en su contra para que la Fiscalía General del Estado pueda iniciarle un proceso judicial, por el posible daño causado a la Comuna de Ahome.
Y todos entendemos que no es solo por eso, sino porque al parecer lo agarraron como cualquier final de un capítulo de Scooby Doo.
A ver cómo le va este lunes.
Nuestras cosas olvidadas
El Museo Regional de San Ignacio se encuentra en pésimas condiciones, con exposiciones dañadas e instalaciones en ruinas que dejan al descubierto el poco interés gubernamental en conservar los espacios culturales.
Apenas en 2023 San Ignacio fue nombrado Pueblo Mágico, y aunque tiene mucho que presumir, el nombramiento fue cuestionado ante la falta de una plataforma turística para el municipio. Hay cultura, hay historia, hay infraestructura y hay riquezas naturales, pero no hay un plan gubernamental para promover esto ni para darle mantenimiento a los espacios de interés turístico.
El Museo Regional tiene cerca de 25 años funcionando, y carece de una museografía digna pues es evidente que no se hizo una investigación para la misma ni tampoco se consideraron elementos históricos para el museo. Una presentación de plebes de secundaria tendría más contenido que lo narrado en el museo, pues.
Ojo que esto no tiene nada que ver con los objetos que se exponen, sino más bien con su acomodo y falta de información en el museo.
Aunado a esta carencia de contenido, el museo se está cayendo. El techo interior está humedecido, las paredes también y las exposiciones están en condiciones lamentables y ya algunas echadas a perder.
Además no hay quién atienda el Museo Regional, pues ese es abierto y ahi lo dejan con las puertas de par en par sin nadie que vigile u ofrezca recorridos. Eso sí, en el presupuesto anual sí vienen dos plazas de encargados de museo que quién sabe a qué se dedican pues ahí no están, pero se les paga.
En este caso el Presidente Municipal de San Ignacio, Luis Fernando Loaiza Bañuelos, tiene mucho qué aclarar pues no hay precisión sobre quienes son los responsables del museo, o si son puestos para aviadores, pero sí le corresponde voltear para allá. El Museo Regional se encuentra a escasos metros del Ayuntamiento de San Ignacio, ni modo que diga que tiene mucho qué hacer como para no darse la vuelta.
Y los regidores de todos los partidos que operan en San Ignacio, qué lamentable que piensen que no tienen que rendir cuentas cuando aprueban presupuestos pues ellos y ellas aprobaron uno en el que no se considera al Museo Regional por lo que no hay planes de atenderlo en un futuro inmediato.
Tardío reajuste policial
En Culiacán, la violencia ya no sorprende; duele, cansa y desnuda a la autoridad. Han pasado más de ocho meses desde que la crisis de inseguridad estalló y dejó claro que los policías municipales no solo enfrentan al crimen organizado, también al abandono de su propio gobierno.
El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil anunció que “se seguirán haciendo reajustes” en las medidas de seguridad, como si apenas empezara a entender la gravedad del problema. ¿De qué sirve hablar de protocolos y ajustes cuando ya hay 31 agentes asesinados? ¿Cuántas vidas más se necesitan para reconocer que los cambios debieron aplicarse desde el primer ataque, no después de cada tragedia?
El gobierno municipal ha sido incapaz de construir una estrategia seria. De hecho, aceptaron parcialmente las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Hablar de “seguir haciendo ajustes” en este contexto es una muestra de una debilidad institucional que, hay que decirlo, no comenzó con este gobierno municipal, pero con mayor razón hay que aprovechar la crisis para limpiar la corporación y reconstruirla.
La violencia contra los policías ya no es un hecho aislado, es una constante, y no hay señales de que el Ayuntamiento pueda solo asumir las decisiones difíciles que la gravedad de la situación exige. Cada nueva agresión parece tomar por sorpresa a las autoridades, como si no existiera memoria ni capacidad de aprendizaje.
Mientras la autoridad titubea, la violencia avanza. No hay reajuste que repare la pérdida de un policía caído por falta de protección. No hay protocolo que cubra la ausencia de una estrategia real. Lo que hay, es una deuda de dignidad y de justicia que crece con cada muerte ignorada y que debe ser atendida con enfoque, estudio y sobre todo recursos y voluntad política.
