Hay declaraciones que buscan cerrar debates... y hay otras que los encienden. La del titular de Vialidad y Transportes, Marcos Osuna Moreno, entra, sin duda, en la segunda categoría.

En medio de cuestionamientos por el aumento a la tarifa del transporte público, el funcionario optó por una defensa poco convencional: asegurar que él también usa el camión para ir a la oficina. Así, sin matices. Como si esa sola frase bastara para validar una decisión que impacta diariamente a miles de usuarios que no tienen alternativa.

El problema no es la afirmación en sí, sino el contexto en el que se da. Porque llega justo cuando se discute un sistema de transporte señalado por su rezago: unidades deterioradas, rutas inconsistentes y un servicio que, para muchos, está lejos de justificar cualquier incremento, por mínimo que parezca en el discurso oficial.

La escena, además, no pasó desapercibida. Ante los cuestionamientos de un periodista sobre cómo se fijan tarifas desde una lógica aparentemente desconectada de la realidad del usuario, la respuesta fue una sonrisa y una pregunta de vuelta. Un recurso que, más que aclarar, evidenció incomodidad.

Luego vino la afirmación: que sí, que él usa el camión. Una declaración que, más que generar empatía, abrió otra interrogante: si realmente se utiliza el servicio con regularidad, ¿cómo se explica que persistan las mismas deficiencias de siempre?

Porque quien usa el transporte público conoce sus tiempos, sus fallas y sus carencias. Sabe lo que implica esperar bajo el sol, subirse a unidades en malas condiciones o depender de rutas que no siempre cumplen. Y si esa experiencia fuera parte cotidiana de quienes toman decisiones, cabría esperar políticas más alineadas con esa realidad.

Pero cuando la percepción ciudadana y el discurso oficial no coinciden, la credibilidad se convierte en el primer daño colateral.

El aumento ya está en marcha. Las promesas de mejora también. Y ahora, además, queda sobre la mesa una afirmación difícil de ignorar.

Porque si el funcionario realmente anda en camión, entonces conoce el problema de primera mano. Y si lo conoce y aún así el servicio sigue igual, la discusión deja de ser sobre tarifas... y pasa a ser sobre responsabilidad.

Si algo faltaba en el repertorio de respuestas ante la protesta de agricultores, era convertir una caseta en bocina de tortura.

En El Pisal, Navolato, la estrategia no fue el diálogo, ni la negociación, ni siquiera el clásico llamado a liberar la vía. No. Aquí alguien decidió que lo mejor era activar una alarma de emergencia: un pitido constante, ensordecedor, diseñado no para resolver el conflicto, sino para desgastar al que protesta.

La escena raya en lo absurdo. De un lado, agricultores que mantienen una manifestación sin confrontación, liberando el paso vehicular como medida de presión. Del otro, una respuesta que parece sacada más de un manual de incomodidad que de uno de gobernabilidad.

Porque hay algo profundamente revelador en esa decisión: cuando la autoridad no tiene argumentos, o no quiere usarlos, recurre a mecanismos que no buscan convencer, sino cansar. No es diálogo, es resistencia a ver quién aguanta más.

Lo curioso es que el intento duró poco. La alarma se apagó. Los manifestantes no se movieron. Y el mensaje quedó flotando en el aire, más fuerte que el propio ruido: ni con presión sonora se logró dispersar la protesta.

Queda entonces la pregunta incómoda: ¿quién pensó que eso iba a funcionar?

Porque si la intención era evitar confrontaciones, la medida camina justo en sentido contrario. Activar una alarma para hostigar no desactiva el conflicto, lo exhibe. Lo hace más visible, más cuestionable y, sobre todo, más difícil de justificar.

Mientras tanto, los agricultores siguen ahí, firmes, liberando el paso y esperando respuestas que no llegan. Y del otro lado, el silencio oficial pesa más que cualquier pitido.

Al final, lo que ocurrió en El Pisal no solo habla de una protesta, sino de la forma en que se está eligiendo enfrentarla. Y si la creatividad institucional alcanza para encender alarmas, pero no para construir soluciones, entonces el problema no está en la carretera... sino en quien decide cómo despejarla.

Una cosa es que el precio de la gasolina varíe, eso ya se da por hecho, y otra muy distinta es descubrir que, en algunos casos, esa diferencia no responde tanto a costos logísticos o de operación, sino a qué tanto decide ganar cada estación por litro vendido.

Y ahí es donde empieza el ruido.

El reporte del programa “Quién es Quién en los Combustibles” no señala ilegalidades, pero sí pone el dedo en una práctica que, aunque permitida, resulta difícil de digerir para el consumidor: pagar casi lo mismo por el combustible... pero con diferencias de hasta más de 2 pesos por litro en la utilidad de quien lo vende.

En esa lista aparece una estación en Culiacán, con un precio cercano a los 24.70 pesos por litro de gasolina regular. No es la más alta del País, pero sí lo suficiente para colarse en el grupo de las que más margen obtienen.

Y entonces la pregunta cae por su propio peso: ¿qué está pagando realmente el usuario?

Porque al final del día, el consumidor no elige en función del margen de ganancia, dato que rara vez conoce al momento de cargar, sino por cercanía, costumbre o, con suerte, por diferencia de centavos en el precio visible. Pero detrás de ese número hay decisiones comerciales que, aunque legales, no siempre parecen proporcionales.

Lo interesante es que la propia autoridad no sanciona, sino que exhibe. Publica, compara, señala. Confía en que la presión del consumidor haga el resto. Una especie de mercado vigilado donde la transparencia sustituye, al menos en teoría, a la regulación directa.

El problema es que esa lógica tiene sus límites.

¡FOUL!... El titular de Vialidad y Transportes, Marcos Osuna defiende el nuevo precio del pasaje del camión que porque él también anda en urbano, como si no lo viéramos llegar en carro a su oficina.