Pues ayer en redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública se convocó, por fin, a aplicar para ser policía estatal en Sinaloa.
Y sí, entendemos que puede sonar a una locura en este momento tan peligroso y complicado, pero la verdad es que celebramos que por fin se aspire a intentar formar un mejor cuerpo de seguridad civil en este estado.
La convocatoria incluye salario y prestaciones atractivos, aunque nos gustaría agregar que según diversos elementos que hemos consultado, brillan por su ausencia dos prestaciones que son particularmente valiosas para todo aquel que se atreve a arriesgar su vida a diario: Infonavit e IMSS.
La convocatoria ofrece ISSSTE como servicio médico pero no hay nada referido al derecho a la vivienda, algo sumamente importante para la familia de un elemento policial que puede perderlo en cualquier momento y quedar a la intemperie.
Ojalá la SSP se atreva a intentar reforzar esta convocatoria para hacerla más atractiva, sobre todo si aspira a tener éxito en duplicar la policía que se tiene actualmente; como ha insistido el mismo Gobernador Rocha Moya que es su aspiración.
Nueve de cada 10 personas en Culiacán se sientan inseguras y esta cifra es la confirmación de un estado de cosas que la ciudadanía viene padeciendo desde hace tiempo, sin que las instituciones respondan con la urgencia que amerita.
El llamado del Consejo Estatal de Seguridad Pública para fortalecer a las policías y a la Fiscalía llega con razón, pero también con rezago. La crisis ya no necesita ser diagnosticada, sino enfrentada con medidas visibles, consistentes y sostenidas.
La percepción crítica de inseguridad no brota del aire: brota de asesinatos a plena luz del día, de balaceras frecuentes, de cuerpos abandonados en espacios públicos y de un sistema de justicia rebasado.
Se sigue hablando de la necesidad de “duplicar capacidades” como si fuera una meta futura, cuando en la práctica las estructuras actuales operan con carencias que no son nuevas, sino estructurales.
Pese a todo, se sigue depositando buena parte de la responsabilidad en el apoyo federal, reconociendo que sin él la crisis sería aún mayor y esto deja clara una debilidad preocupante: las capacidades locales no están a la altura, ni en número de elementos, ni en preparación, ni en tecnología, ni en resultados.
Reforzar policías y fiscalías es una necesidad. El problema no es nuevo, y su gravedad no se mide sólo en cifras de percepción, sino en vidas perdidas, en impunidad y en el miedo cotidiano que moldea la vida en Culiacán.
Lo que urge no es sólo presupuesto, sino voluntad política y compromiso real con una estrategia de seguridad que no dependa solo del levantamiento de encuestas para reaccionar.
Una semana bastó para que el movimiento campesino en Sinaloa escalara de lo local a lo nacional. Y aunque los productores decidieron levantar el plantón frente al Palacio de Gobierno tras reunirse con el Gobernador Rubén Rocha Moya, la exigencia no concluye.
El detonante fue la huelga de hambre iniciada por Baltazar Valdez Armentia, líder de Campesinos Unidos de Sinaloa, quien acusó a los gobiernos estatal y federal de incumplir compromisos y abandonar al campo.
Horas después de esa medida extrema, se anunció que los agricultores serán recibidos en la Ciudad de México por el Subsecretario de Gobernación, César Yáñez. El cese del plantón fue inmediato.
Pero no hay acuerdo, al menos no de fondo.
La manifestación dejó en claro que el malestar no es exclusivo de Sinaloa.
En distintos estados, organizaciones campesinas replicaron las protestas en oficinas de Gobernación, exigiendo lo mismo: precios justos, apoyos inmediatos y voluntad política. El campo no está pidiendo limosnas; está exigiendo que se cumpla lo prometido.
Aunque el Gobierno de Sinaloa presume la gestión de la reunión en Bucareli como un logro, los productores siguen rechazando que se les quiera atender “caso por caso”. No es una fila en ventanilla, es un problema estructural que arrastra años de abandono.
Los apoyos están parcialmente dispersados, pero más de mil productores quedaron fuera. El programa de coberturas agrícolas por 200 pesos por tonelada sigue detenido y 23 mil campesinos siguen esperando. ¿Qué tan rentable puede ser la siembra si ni siquiera los subsidios llegan completos?
El riesgo no es sólo que los campesinos no siembren en el próximo ciclo; el riesgo es que el campo mexicano siga dejando de alimentar a México.
Este movimiento logró algo importante: encender las alarmas en un sector que ha sido sistemáticamente desatendido. Pero la próxima cosecha, y la estabilidad social en el campo, dependerá de si la mesa del 31 de julio trae soluciones reales o solo más promesas.
Nunca va a ser un mal momento para que organismos camarales como Canaco Servytur Culiacán recuerden la importancia al Gobierno del Estado de priorizar a proveedores sinaloenses en contratos públicos en todos los procesos que realiza.
La intención es muy clara, que la lana de los sinaloenses se mueva mayormente en Sinaloa, de lo contrario puede haber pérdidas millonarias por ejemplo en el sector automotriz.
María Guadalupe Zavala Yamaguchi, la presidenta de la Canaco local, advirtió que este sector atraviesa por una situación crítica, con pérdidas de hasta 8 millones de pesos en algunas agencias.
Y no hay nada más claro que los ejemplos como los sesudos negocios de Jesús “Estafa” Ferreiro o de Gerardo el “Me Vale” Vargas Landeros a la hora de dejarlos solos con una chequera y asesores pillos a sus espaldas, para convencerlos de hacer semejantes transas como la de arrendarle carros a una empresa que se los va a rentar a otros y elevar su costo a más del 300 por ciento.
Lo peor es que esos cientos de millones de pesos recaen en pillos de Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México, en algunos casos hasta con charola de Morena.
Y mientras, dice Zavala Yamaguchi, aquí los propietarios de negocios destinados a venta de vehículos andan batallando. Por eso hizo un llamado al Gobierno estatal y federal para que en las próximas licitaciones públicas se dé prioridad a proveedores sinaloenses como medida ante la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa.
Recordó que actualmente hay una licitación en curso por alrededor de 100 millones de pesos para adquirir patrullas, equipo táctico, uniformes y herramientas de seguridad, y que la mayoría de los participantes son empresas locales afiliadas a Canaco.
El llamado no es tan descabellado, porque luego terminan haciendo triquiñuelas tipo “El Químico” Benítez.
Zavala Yamaguchi tiene todo estudiado, pues recordó que del total de la licitación, 88 millones de pesos corresponden a conceptos como camionetas, botas tácticas, chamarras, gorras, camisas y herramientas de protección, y que el fallo se tiene previsto para el próximo 5 de agosto.
Por ello insistió en que debe establecerse como base en los procesos de contratación que los proveedores sean locales, siempre que cumplan con los requisitos de calidad y precio.
Recordó que el sector automotriz está seriamente afectado con agencias que no están logrando ventas, a pesar del aumento en los robos de vehículos, y algunas han tenido que reducir personal y que hay otros sectores como el inmobiliario que atraviesa dificultades, pero no con la misma gravedad.
Por lo pronto, hay que insistirle al Gobierno del Estado, y al Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, que amor con amor se paga y que no es la misma andar amando a los culichis y sus empresas a andar de resbalosos con raza de Guanajuato o Querétaro. Pilas, señores, pilas, ¡por favor!
