En Sinaloa, la razón de ser de la Ley de Obras Públicas es clara: promover transparencia, participación ciudadana y supervisión social en cada paso de la ejecución de obras que, tarde o temprano, transforman la vida colectiva de pueblos y ciudades. Sin embargo, lo que estamos viendo no es eso.

Mocorito, El Fuerte, Juan José Ríos y Eldorado son elocuentes ejemplos de cómo no se debe proceder. Estos ayuntamientos colocaron a ciudadanos en los comités de obra sin la intervención obligatoria del Comité de Participación Ciudadana, encargado por ley de convocar y seleccionar de forma pública y transparente a los representantes ciudadanos.

La ley es inequívoca: tres ciudadanos seleccionados por el CPC deberán formar parte de esos comités para observar licitaciones y contrataciones, evitando que la discrecionalidad y la opacidad se conviertan en norma. Pero aquí, los gobiernos locales decidieron hacer su propia ley. Nombraron personas “a modo” sin convocatoria, sin concurso público, sin transparencia.

El Comité de Participación Ciudadana no se quedó callado: advirtió la violación de la ley. Y aun así dos de estos ayuntamientos son de nueva creación y otros dos ya tenían una recomendación no vinculante desde 2024 para corregir su proceder, persisten en la mala práctica, ignorando no solo el espíritu de la norma, sino su letra.

Lo que estamos anteponiendo es una realidad preocupante: la mayoría de los municipios de la entidad carece de representación ciudadana en los comités de obra, justo cuando Sinaloa se apresta a ejecutar un nuevo crédito multimillonario para infraestructura pública. No es un detalle menor. La ausencia de observadores ciudadanos en estos espacios abre la puerta a decisiones discrecionales, pactos no fiscalizados y obras sin escrutinio social riguroso.

Mientras tanto, la norma (esa que debería ser eje de todo proceso transparente) queda relegada a una recomendación, un absurdo en el que los gobiernos locales parecen sentirse cómodos. Y así, entre complacencias y torpezas administrativas, sigue creciendo la brecha entre la ley y su cumplimiento efectivo.

Porque de nada sirve tener marcos legales si no hay voluntad para respetarlos. Y en lugares donde la ley se vuelve letra muerta, la transparencia y la rendición de cuentas quedan desprovistas de sentido.

En Culiacán, la seguridad volvió a presentarse como un proyecto en construcción.

El alcalde Juan de Dios Gámez anunció para 2026 una red de videovigilancia con cámaras de 360 grados, botones de auxilio y la promesa de 400 nuevos policías, pero antes habrá mesas, diagnósticos y acuerdos.

Es decir, otra vez se apuesta a que la planeación futura logre contener una realidad que hoy ya rebasa a la ciudad.

Las cámaras se venden como un avance contundente, aunque en la práctica suelen ser más útiles para revisar lo que ya ocurrió que para evitar que ocurra.

Sin policías suficientes, sin tiempos de respuesta claros y sin resultados medibles, la videovigilancia corre el riesgo de convertirse en un costoso archivo de evidencias. Y la contratación de nuevos elementos, aunque necesaria, vuelve a colocarse en ese terreno cómodo del “viene después”, donde las promesas no incomodan porque aún no se evalúan.

El mismo tono se repite en otros frentes. Ante el humo que cubrió buena parte de la ciudad por el incendio en el relleno sanitario, Protección Civil aseguró que no hay riesgos y que todo está bajo control. Sin embargo, para la ciudadanía el cielo opaco, el olor persistente y la incertidumbre son difíciles de conciliar con los mensajes de tranquilidad. Decir que no pasa nada no siempre basta cuando algo se ve, se huele y se respira.

Así, entre cámaras que aún no existen y emergencias que se minimizan, el discurso oficial parece más enfocado en administrar percepciones que en asumir urgencias.

Culiacán no necesita más anuncios bien redactados ni llamados a la calma: necesita que la seguridad deje de ser un plan a futuro y se convierta, de una vez, en una realidad palpable.

Y NO lo decimos por ser aguafiestas, sino porque los números nos rebasan: nomás ayer asesinaron a 9 personas en Culiacán.

En medio de críticas, por el tema de la misteriosa desaparición de animales del zoológico de Culiacán, su director José María Casanova salió a defender al órgano municipal y pidió confiar en el manejo y cuidado de los animales que realizan ahí.

Y es que por muchos años se sospechó que quien fuera por muchos años el director del mismo zoológico, Ernesto Zazueta, realizaba movimientos a diestra y siniestra de los animales en el mismo, en contubernio con las administraciones anteriores.

Zazueta es una figura de tamaño internacional en el tema del manejo de especies animales y actualmente dirige la asociación nacional de acuarios y zoológicos, por lo que ha incrementado su peso político.

También es propietario de los proyectos de zoológicos privados en la ciudad, el actual santuario Ostok y otros ranchos en los que mantiene cientos de especies con las que comercializa a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, por su influencia y movimientos dentro del zoológico, fácilmente puede provocar sospechas.

Muchos trabajadores confiaban que incluso a décadas de haber terminado su dirección en el zoológico llegaba y paseaba por el lugar como si todavía lo fuera.

La polémica subió de tono luego de que un par de jirafas dejaron de ser exhibidas en el zoológico sin previos avisos y después de que la noticia se hizo viral, la administración salió a decir que una había fallecido.

El hecho de tratar de ocultar la información del caso provocó una serie de críticas al manejo del zoológico y después nuevo Zazueta estuvo envuelto en el tema, sobre todo por la relación de patrón-empleado que también mantuvo con el anterior director, Diego García.

Casanova recordó que al asumir el cargo recibió un inventario oficial de los ejemplares y afirmó que actualmente más de 20 veterinarios están a cargo de su atención, tras la polémica por la jirafa fallecida y el paradero de capibaras.

Sin embargo el tema se ha mantenido a flote debido a que los diputados del Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Eli Montoya, han azuzado las brasas.

El funcionario insistió en que la población puede estar tranquila y confiar en que los animales estarán bien, sobre todo porque han llegado nuevos ejemplares.

La verdad es que después del mitotazo del león blanco el zoológico no ha podido levantar ese prestigio, pero pues al final usted dirá si va a volver a confiar o no.

En Sinaloa, la razón de ser de la Ley de Obras Públicas es clara: promover transparencia, participación ciudadana y supervisión social en cada paso de la ejecución de obras que, tarde o temprano, transforman la vida colectiva de pueblos y ciudades. Sin embargo, lo que estamos viendo no es eso.

Mocorito, El Fuerte, Juan José Ríos y Eldorado son elocuentes ejemplos de cómo no se debe proceder. Estos ayuntamientos colocaron a ciudadanos en los comités de obra sin la intervención obligatoria del Comité de Participación Ciudadana, encargado por ley de convocar y seleccionar de forma pública y transparente a los representantes ciudadanos.

La ley es inequívoca: tres ciudadanos seleccionados por el CPC deberán formar parte de esos comités para observar licitaciones y contrataciones, evitando que la discrecionalidad y la opacidad se conviertan en norma. Pero aquí, los gobiernos locales decidieron hacer su propia ley. Nombraron personas “a modo” sin convocatoria, sin concurso público, sin transparencia.

El Comité de Participación Ciudadana no se quedó callado: advirtió la violación de la ley. Y aun así dos de estos ayuntamientos son de nueva creación y otros dos ya tenían una recomendación no vinculante desde 2024 para corregir su proceder, persisten en la mala práctica, ignorando no solo el espíritu de la norma, sino su letra.

Lo que estamos anteponiendo es una realidad preocupante: la mayoría de los municipios de la entidad carece de representación ciudadana en los comités de obra, justo cuando Sinaloa se apresta a ejecutar un nuevo crédito multimillonario para infraestructura pública. No es un detalle menor. La ausencia de observadores ciudadanos en estos espacios abre la puerta a decisiones discrecionales, pactos no fiscalizados y obras sin escrutinio social riguroso.

Mientras tanto, la norma (esa que debería ser eje de todo proceso transparente) queda relegada a una recomendación, un absurdo en el que los gobiernos locales parecen sentirse cómodos. Y así, entre complacencias y torpezas administrativas, sigue creciendo la brecha entre la ley y su cumplimiento efectivo.

Porque de nada sirve tener marcos legales si no hay voluntad para respetarlos. Y en lugares donde la ley se vuelve letra muerta, la transparencia y la rendición de cuentas quedan desprovistas de sentido.

En Culiacán, la seguridad volvió a presentarse como un proyecto en construcción.

El alcalde Juan de Dios Gámez anunció para 2026 una red de videovigilancia con cámaras de 360 grados, botones de auxilio y la promesa de 400 nuevos policías, pero antes habrá mesas, diagnósticos y acuerdos.

Es decir, otra vez se apuesta a que la planeación futura logre contener una realidad que hoy ya rebasa a la ciudad.

Las cámaras se venden como un avance contundente, aunque en la práctica suelen ser más útiles para revisar lo que ya ocurrió que para evitar que ocurra.

Sin policías suficientes, sin tiempos de respuesta claros y sin resultados medibles, la videovigilancia corre el riesgo de convertirse en un costoso archivo de evidencias. Y la contratación de nuevos elementos, aunque necesaria, vuelve a colocarse en ese terreno cómodo del “viene después”, donde las promesas no incomodan porque aún no se evalúan.

El mismo tono se repite en otros frentes. Ante el humo que cubrió buena parte de la ciudad por el incendio en el relleno sanitario, Protección Civil aseguró que no hay riesgos y que todo está bajo control. Sin embargo, para la ciudadanía el cielo opaco, el olor persistente y la incertidumbre son difíciles de conciliar con los mensajes de tranquilidad. Decir que no pasa nada no siempre basta cuando algo se ve, se huele y se respira.

Así, entre cámaras que aún no existen y emergencias que se minimizan, el discurso oficial parece más enfocado en administrar percepciones que en asumir urgencias.

Culiacán no necesita más anuncios bien redactados ni llamados a la calma: necesita que la seguridad deje de ser un plan a futuro y se convierta, de una vez, en una realidad palpable.

Y NO lo decimos por ser aguafiestas, sino porque los números nos rebasan: nomás ayer asesinaron a 9 personas en Culiacán.

En medio de críticas, por el tema de la misteriosa desaparición de animales del zoológico de Culiacán, su director José María Casanova salió a defender al órgano municipal y pidió confiar en el manejo y cuidado de los animales que realizan ahí.

Y es que por muchos años se sospechó que quien fuera por muchos años el director del mismo zoológico, Ernesto Zazueta, realizaba movimientos a diestra y siniestra de los animales en el mismo, en contubernio con las administraciones anteriores.

Zazueta es una figura de tamaño internacional en el tema del manejo de especies animales y actualmente dirige la asociación nacional de acuarios y zoológicos, por lo que ha incrementado su peso político.

También es propietario de los proyectos de zoológicos privados en la ciudad, el actual santuario Ostok y otros ranchos en los que mantiene cientos de especies con las que comercializa a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, por su influencia y movimientos dentro del zoológico, fácilmente puede provocar sospechas.

Muchos trabajadores confiaban que incluso a décadas de haber terminado su dirección en el zoológico llegaba y paseaba por el lugar como si todavía lo fuera.

La polémica subió de tono luego de que un par de jirafas dejaron de ser exhibidas en el zoológico sin previos avisos y después de que la noticia se hizo viral, la administración salió a decir que una había fallecido.

El hecho de tratar de ocultar la información del caso provocó una serie de críticas al manejo del zoológico y después nuevo Zazueta estuvo envuelto en el tema, sobre todo por la relación de patrón-empleado que también mantuvo con el anterior director, Diego García.

Casanova recordó que al asumir el cargo recibió un inventario oficial de los ejemplares y afirmó que actualmente más de 20 veterinarios están a cargo de su atención, tras la polémica por la jirafa fallecida y el paradero de capibaras.

Sin embargo el tema se ha mantenido a flote debido a que los diputados del Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Eli Montoya, han azuzado las brasas.

El funcionario insistió en que la población puede estar tranquila y confiar en que los animales estarán bien, sobre todo porque han llegado nuevos ejemplares.

La verdad es que después del mitotazo del león blanco el zoológico no ha podido levantar ese prestigio, pero pues al final usted dirá si va a volver a confiar o no.