Mientras en el discurso oficial la cosa mejora, la realidad económica de Sinaloa parece tener otros datos, y no son nada alegres.

El Comité Directivo Municipal del PAN en Culiacán salió a ponerle números a la tragedia, ya que el estado no crece, aparte está en caída libre con un retroceso del 0.8 por ciento, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.

Lo más preocupante es que no es una cifra abstracta, ya que se traduce en 11 mil 452 empleos perdidos y más de 250 negocios que bajaron la cortina apenas arrancando enero.

Tan sólo en el primer cuadro de Culiacán, 45 comercios ya son historia y la ecuación es simple pero devastadora, si la gente tiene miedo de salir por la inseguridad, no gasta, y si no tiene empleo, pues menos.

Si usted siente que al estacionar su carro está jugando a la ruleta rusa, no es paranoia, es estadística.

Los datos presentados por el partido muestran una tendencia que asusta, al tratar de 450 robos de vehículos en noviembre, pasamos a 500 en diciembre y a 585 en enero.

Dicen que la inseguridad está desatada y las cifras de la guerra entre cárteles ya suman más de 2 mil 700 homicidios y 3 mil 100 desapariciones.

Con este panorama, la política en Sinaloa ya no es un servicio público, sino un deporte extremo, como se trató del atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya.

Ante el colapso, la propuesta panista es que la Federación suelte 5 mil millones de pesos en créditos para salvar las micro, pequeñas y medianas empresas, porque mientras la Presidenta presume que la recaudación subió un 5 por ciento, en el campo sinaloense los productores se manifiestan porque no hay para semillas ni fertilizantes, y en Mazatlán, más de la mitad de la flota camaronera se quedó en el muelle por falta de subsidio al diésel marino.

La mayor parte del sector primario se siente en el abandono, y como dice el dicho, sin producción no hay riqueza, y sin riqueza, el progreso es puro cuento.

Tras la detención de Jesús Emir, alias “El Compa Güero”, señalado por autoridades federales como presunto participante en el ataque armado contra diputados locales de Movimiento Ciudadano en Culiacán, el PRI en Sinaloa emitió un comunicado para deslindarse del implicado.

El partido aclaró que Jesús Emir ya no forma parte de su padrón de militantes, debido a que no refrendó su afiliación durante un proceso nacional de depuración. Según el PRI, su estatus actual es “no afiliado”.

El comunicado no es escandaloso, pero sí resulta pobre y hasta involuntariamente cómico frente a la gravedad del contexto.

No por lo que dice, sino por lo poco que aporta.

Todo el posicionamiento gira alrededor de una sola idea: el estatus administrativo. Que si ya no refrendó, que si ya no está en el padrón, que si “no afiliado”.

En un caso que involucra un ataque armado a diputados, el énfasis en trámites partidistas se siente desproporcionado.

El problema no es deslindarse, eso es lógico, sino presentar el deslinde como si fuera una revelación relevante.

La insistencia en que “no encubre ni protege” tampoco ayuda. Nadie lo estaba acusando de eso. Repetirlo hace que el mensaje parezca más una reacción automática que una postura pensada.

Al final, el episodio no deja una sensación de escándalo, sino de desfase.

Un hecho grave respondido con lenguaje burocrático, como si el problema fuera una casilla mal marcada y no un contexto de violencia que exige algo más que un “estatus actualizado”.

La explicación volvió a ser la misma: el retraso en la quincena no es culpa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino de trámites federales que avanzan lento. El Rector Jesús Madueña Molina lo dice claro y, probablemente, dice la verdad. El problema es que la verdad administrativa no resuelve la angustia de quienes esperaban su pago a tiempo.

Errores en convenios, firmas que van y vienen, registros en Hacienda y promesas de que “si llega hoy, se paga mañana”. El guión se repite cada inicio de año, como si el retraso fuera parte natural del calendario y no una falla que debería corregirse desde hace tiempo. Mientras las oficinas ajustan papeles, los trabajadores ajustan gastos.

Lo más preocupante no es el retraso en sí, sino su normalización.

Se habla del cierre de ventanilla como algo inevitable, cuando en realidad es un problema conocido y previsible. Si ya se sabe que ocurre, ¿por qué siempre sorprende?

La UAS reafirma su compromiso social y su cobertura educativa, pero ese compromiso también se mide en lo básico: pagar a tiempo a sus empleados.

Porque, al final, aunque el problema sea “ajeno”, la espera siempre la pagan los mismos.