y conflicto
A principios de esta semana ocurrió una escena bochornosa, una mancha más para el Gobierno de Sinaloa en su trato con víctimas y familias de personas desaparecidas.
En un encuentro con madres buscadoras y autoridades estatales, entre ellas la Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno estatal, Patricia Figueroa, y la comisionada de Búsqueda, Karina Elizabeth Márquez Calderón, varios minutos se destinaron a un pleito corriente, autoritario y sin sentido.
Todo comenzó cuando la Subsecretaria, pasando por encima de las madres buscadoras y de la propia comisionada, se asumió como lideresa de la reunión y cuestionó la presencia de la Diputada priísta Paola Gárate Valenzuela.
Primero dijo que no la conocía, algo difícil de creer si se asume que una funcionaria de su nivel debe ubicar a las principales voces políticas del estado.
Después se enfrascó en un intento por desacreditar su presencia, insinuando que estaba equivocada al acudir.
Más que un debate de fondo, pareció una estrategia para ganar tiempo antes de que las madres buscadoras le reclamaran por la falta de resultados.
El incómodo momento ya circula en redes sociales, pues fue grabado en video y compartido.
Desafortunadamente, Patricia Figueroa ha demostrado ser una funcionaria ideática, prepotente y deficiente, y eso dicho con cortesía. Resulta incomprensible que el Gobernador Rubén Rocha Moya la mantenga y la proteja, aun cuando se ha convertido en uno de los puntos más vulnerables de su administración: aparece en la conversación pública solo cuando provoca un nuevo conflicto.
Hoy, en lugar de ser un soporte o una aliada, es vista como un lastre para la defensa efectiva de los derechos humanos en Sinaloa, al grado de intentar imponer control incluso sobre la Comisión Estatal de Búsqueda, pasando por encima de su propia titular.
De Ripley ver estas actitudes de tercer grado de escuela primaria ante un problema tan complejo como la desaparición de personas.
que impactan fuerte
En un Culiacán donde la violencia no da tregua, parece que el Ayuntamiento ha encontrado una nueva forma de gestión, quitándole a los que menos tienen.
Resulta que, de la noche a la mañana, decidieron desviar cerca de 40 camiones de basura que son aproximadamente unas 40 toneladas de material, hacia el basurón privado los días lunes.
¿El argumento? Ninguno claro, pero el impacto es brutal para las familias de pepenadores que viven al día y ven cómo su única fuente de ingresos se esfuma entre acuerdos opacos y el beneficio a particulares.
Lo que las autoridades parecen ignorar es que el basurón se ha convertido en el último refugio para quienes huyen del horror y con la ola de inseguridad, cerca de 100 personas más se han sumado a pepenar.
Ante la falta de empleos y el cierre de empresas en la ciudad, estas familias de colonias como Loma de Rodriguera y Los Mezcales no piden despensas, piden que no les quiten la basura porque si no trabajan un día, no comen el otro.
La política del Ayuntamiento de Juan de Dios Gámez Mendívil ha llegado a niveles inesperados ya que denuncian los trabajadores que, en un acto de total falta de respeto, les programan reuniones a la misma hora en que tienen gestiones de apoyos en otras dependencias.
Mientras el Municipio se ahorra el trabajo, el relleno sanitario es una bomba de tiempo ya que el 100 por ciento de la basura está destapada, lo que provoca incendios constantes que dejan a los trabajadores sin poder laborar hasta por tres días.
No hay maquinaria funcional, no hay cumplimiento de acuerdos y, para colmo, intentan silenciar a las voces que denuncian, prohibiendo a los gestores hablar por el gremio.
Le piden empatía al Gobernador, pues el nivel de desesperación es tal que ya no se pelea por privilegios, se pelea por el derecho a buscar comida entre los desechos que el propio Ayuntamiento prefiere entregar a manos privadas.
La verdad, una de las cosas que más llama la atención de lo que dijo la Fiscal de Sinaloa no es sólo que ya tengan identificado a un presunto responsable del asesinato del menor Ricardo Mizael, de 15 años de edad, sino que ese sospechoso también sería otro menor de edad.
Eso cambia completamente la dimensión del caso.
O sea, no estamos hablando sólo de un joven asesinado, sino de niños matando niños.
Menores involucrados en violencia armada y delitos de alto impacto.
La propia Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo presenta la identificación como un avance, pero deja muchas preguntas abiertas.
¿Cómo llegó un menor a participar en un ataque armado? ¿Qué falló en la prevención? ¿Dónde están las políticas para evitar que los jóvenes terminen en estos escenarios?
También preocupa que se mencione la posible participación de dos personas, lo que podría indicar lo que se ha observado en esta guerra: un entorno donde los adolescentes pueden ser reclutados o influenciados para ejercer violencia.
En el fondo, el caso expone una realidad en Culiacán donde los menores ya no solo están en riesgo de ser víctimas, también pueden terminar involucrados como agresores. Y eso habla de una crisis social a más de un año de la guerra interna del Cartel.
Una edición más del Carnaval Internacional de Mazatlán concluyó anoche con miles de personas festejando a todo lo largo del paseo costero.
En un contexto de violencia, desde esta crisis que inició en septiembre de 2024, sobra decir que el ambiente previo que reinaba era de incertidumbre, no tanto porque pudiera ocurrir algún hecho, sino que en medio de lo que ya ocurría en Concordia con los mineros desaparecidos y las fosas halladas, además de los casos de turistas privados de la libertad en Mazatlán, se temía que la afluencia de visitantes al puerto no fuera la esperada.
Sin embargo, parece que la expectativa se cumplió, y Mazatlán no sólo tuvo una buena afluencia de turismo, sino que en términos generales se mantuvo saldo blanco en la zona carnavalera.
No era para menos, toda la zona turística estuvo prácticamente blindada con cientos de elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, policías federales, estatales y municipales, además de aeronaves y hasta la patrulla oceánica ARM Sonora, de la Armada de México, a la expectativa desde el mar frente al malecón.
En fin, una gran fiesta que ya no puede ser posible sin un gran aparato de seguridad. Así son estos tiempos.
Al menos salimos con buenos resultados en un contexto que se veía incierto apenas hace unos días, y por el que a nivel nacional observaban a Mazatlán con expectación de cómo sería el saldo de la gran fiesta.
Hoy el puerto se desmodorra y está listo para enfrentar su realidad.
¡Foul! Pide la Subsecretaria Patricia Figueroa “seriedad” en el tema de desapariciones, al tiempo que pervierte una reunión con buscadoras en un pleito de primaria.
y conflicto
A principios de esta semana ocurrió una escena bochornosa, una mancha más para el Gobierno de Sinaloa en su trato con víctimas y familias de personas desaparecidas.
En un encuentro con madres buscadoras y autoridades estatales, entre ellas la Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno estatal, Patricia Figueroa, y la comisionada de Búsqueda, Karina Elizabeth Márquez Calderón, varios minutos se destinaron a un pleito corriente, autoritario y sin sentido.
Todo comenzó cuando la Subsecretaria, pasando por encima de las madres buscadoras y de la propia comisionada, se asumió como lideresa de la reunión y cuestionó la presencia de la Diputada priísta Paola Gárate Valenzuela.
Primero dijo que no la conocía, algo difícil de creer si se asume que una funcionaria de su nivel debe ubicar a las principales voces políticas del estado.
Después se enfrascó en un intento por desacreditar su presencia, insinuando que estaba equivocada al acudir.
Más que un debate de fondo, pareció una estrategia para ganar tiempo antes de que las madres buscadoras le reclamaran por la falta de resultados.
El incómodo momento ya circula en redes sociales, pues fue grabado en video y compartido.
Desafortunadamente, Patricia Figueroa ha demostrado ser una funcionaria ideática, prepotente y deficiente, y eso dicho con cortesía. Resulta incomprensible que el Gobernador Rubén Rocha Moya la mantenga y la proteja, aun cuando se ha convertido en uno de los puntos más vulnerables de su administración: aparece en la conversación pública solo cuando provoca un nuevo conflicto.
Hoy, en lugar de ser un soporte o una aliada, es vista como un lastre para la defensa efectiva de los derechos humanos en Sinaloa, al grado de intentar imponer control incluso sobre la Comisión Estatal de Búsqueda, pasando por encima de su propia titular.
De Ripley ver estas actitudes de tercer grado de escuela primaria ante un problema tan complejo como la desaparición de personas.
que impactan fuerte
En un Culiacán donde la violencia no da tregua, parece que el Ayuntamiento ha encontrado una nueva forma de gestión, quitándole a los que menos tienen.
Resulta que, de la noche a la mañana, decidieron desviar cerca de 40 camiones de basura que son aproximadamente unas 40 toneladas de material, hacia el basurón privado los días lunes.
¿El argumento? Ninguno claro, pero el impacto es brutal para las familias de pepenadores que viven al día y ven cómo su única fuente de ingresos se esfuma entre acuerdos opacos y el beneficio a particulares.
Lo que las autoridades parecen ignorar es que el basurón se ha convertido en el último refugio para quienes huyen del horror y con la ola de inseguridad, cerca de 100 personas más se han sumado a pepenar.
Ante la falta de empleos y el cierre de empresas en la ciudad, estas familias de colonias como Loma de Rodriguera y Los Mezcales no piden despensas, piden que no les quiten la basura porque si no trabajan un día, no comen el otro.
La política del Ayuntamiento de Juan de Dios Gámez Mendívil ha llegado a niveles inesperados ya que denuncian los trabajadores que, en un acto de total falta de respeto, les programan reuniones a la misma hora en que tienen gestiones de apoyos en otras dependencias.
Mientras el Municipio se ahorra el trabajo, el relleno sanitario es una bomba de tiempo ya que el 100 por ciento de la basura está destapada, lo que provoca incendios constantes que dejan a los trabajadores sin poder laborar hasta por tres días.
No hay maquinaria funcional, no hay cumplimiento de acuerdos y, para colmo, intentan silenciar a las voces que denuncian, prohibiendo a los gestores hablar por el gremio.
Le piden empatía al Gobernador, pues el nivel de desesperación es tal que ya no se pelea por privilegios, se pelea por el derecho a buscar comida entre los desechos que el propio Ayuntamiento prefiere entregar a manos privadas.
La verdad, una de las cosas que más llama la atención de lo que dijo la Fiscal de Sinaloa no es sólo que ya tengan identificado a un presunto responsable del asesinato del menor Ricardo Mizael, de 15 años de edad, sino que ese sospechoso también sería otro menor de edad.
Eso cambia completamente la dimensión del caso.
O sea, no estamos hablando sólo de un joven asesinado, sino de niños matando niños.
Menores involucrados en violencia armada y delitos de alto impacto.
La propia Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo presenta la identificación como un avance, pero deja muchas preguntas abiertas.
¿Cómo llegó un menor a participar en un ataque armado? ¿Qué falló en la prevención? ¿Dónde están las políticas para evitar que los jóvenes terminen en estos escenarios?
También preocupa que se mencione la posible participación de dos personas, lo que podría indicar lo que se ha observado en esta guerra: un entorno donde los adolescentes pueden ser reclutados o influenciados para ejercer violencia.
En el fondo, el caso expone una realidad en Culiacán donde los menores ya no solo están en riesgo de ser víctimas, también pueden terminar involucrados como agresores. Y eso habla de una crisis social a más de un año de la guerra interna del Cartel.
Una edición más del Carnaval Internacional de Mazatlán concluyó anoche con miles de personas festejando a todo lo largo del paseo costero.
En un contexto de violencia, desde esta crisis que inició en septiembre de 2024, sobra decir que el ambiente previo que reinaba era de incertidumbre, no tanto porque pudiera ocurrir algún hecho, sino que en medio de lo que ya ocurría en Concordia con los mineros desaparecidos y las fosas halladas, además de los casos de turistas privados de la libertad en Mazatlán, se temía que la afluencia de visitantes al puerto no fuera la esperada.
Sin embargo, parece que la expectativa se cumplió, y Mazatlán no sólo tuvo una buena afluencia de turismo, sino que en términos generales se mantuvo saldo blanco en la zona carnavalera.
No era para menos, toda la zona turística estuvo prácticamente blindada con cientos de elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, policías federales, estatales y municipales, además de aeronaves y hasta la patrulla oceánica ARM Sonora, de la Armada de México, a la expectativa desde el mar frente al malecón.
En fin, una gran fiesta que ya no puede ser posible sin un gran aparato de seguridad. Así son estos tiempos.
Al menos salimos con buenos resultados en un contexto que se veía incierto apenas hace unos días, y por el que a nivel nacional observaban a Mazatlán con expectación de cómo sería el saldo de la gran fiesta.
Hoy el puerto se desmodorra y está listo para enfrentar su realidad.
¡Foul! Pide la Subsecretaria Patricia Figueroa “seriedad” en el tema de desapariciones, al tiempo que pervierte una reunión con buscadoras en un pleito de primaria.
