MALECÓN
01/05/2026 04:00
    Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com
    El contexto pesa. Bojórquez Berrelleza es uno de los pocos alcaldes, apenas dos en todo el estado, que no salieron públicamente a respaldar a Rocha Moya tras las acusaciones provenientes de autoridades de Estados Unidos, que lo señalan por presuntos vínculos con el crimen organizado. Un silencio que, en política, también comunica. Ahí está la diferencia: mientras algunos optaron por la prudencia o el cálculo político, otros eligieron el respaldo abierto, aun con los costos que eso implica.
    Saludos incómodos

    Aveces, un saludo basta para exhibir tensiones que ningún boletín reconoce. Eso ocurrió cuando el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, coincidió con el Alcalde de Navolato, Jorge Bojórquez Berrelleza, durante un evento de entrega de fertilizantes del Gobierno federal.

    Ahí, entre costales, productores y sonrisas ensayadas, se coló un momento incómodo. No fue un desencuentro abierto, ni un desaire evidente. Fue algo más sutil: una frialdad que contrastó con la narrativa de unidad que se ha intentado construir en torno al mandatario estatal.

    El contexto pesa. Bojórquez Berrelleza es uno de los pocos alcaldes, apenas dos en todo el estado, que no salieron públicamente a respaldar a Rocha Moya tras las acusaciones provenientes de autoridades de Estados Unidos, que lo señalan por presuntos vínculos con el crimen organizado. Un silencio que, en política, también comunica.

    Pero reducirlo a un tema partidista sería simplificar demasiado. No se trata únicamente de que el Alcalde milite en una coalición distinta (PRI, PAN y PRD). Porque en ese mismo bloque opositor hubo quienes sí decidieron cerrar filas, emitir desplegados y “meter las manos al fuego” por el Gobernador.

    Ahí está la diferencia: mientras algunos optaron por la prudencia o el cálculo político, otros eligieron el respaldo abierto, aun con los costos que eso implica.

    Por eso, el encuentro en Navolato no fue un acto más. Fue una escena que dejó ver que, más allá de colores, lo que hoy está en juego es la posición personal de cada actor frente a un tema que sacude la política sinaloense.

    En tiempos de definiciones, los silencios pesan. Y los saludos, también.

    La comodidad del poder en medio de la violencia

    En Culiacán, la escena de este Día del Niño fue tan simbólica como incómoda. Mientras el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil encabezaba con entusiasmo el arranque del “mundialito” infantil, afuera, en la realidad que no se puede patear fuera de la cancha, se acumulaban hechos demasiado graves como para ser ignorados.

    Un día antes, el Gobierno de Estados Unidos señaló por presuntos vínculos criminales al Gobernador Rubén Rocha Moya y al propio Alcalde. Y la mañana de este mismo jueves, fue asesinado el líder sindical electo del STASAC, Homar Salas Gastélum, junto a su escolta, en un ataque directo en su domicilio.

    Pero en el evento, el Alcalde eligió otro guión. Habló de “experiencias”, de “agenda distinta”, de la participación de empresas y de la importancia del deporte. Todo válido. Todo necesario, incluso. El problema no es lo que dijo, sino lo que evitó.

    Cuando se le cuestionó sobre el asesinato, y, en particular, sobre la seguridad que presuntamente tenía la víctima, la respuesta no llegó. O mejor dicho: se desvió. Volvió al evento, a los patrocinadores, al entusiasmo. A la narrativa segura.

    No es la primera vez. La estrategia parece que es responder lo que conviene y esquivar lo que incomoda.

    Pero gobernar no es elegir preguntas y menos en un contexto donde la violencia alcanza incluso a quienes forman parte de la estructura municipal.

    Si un líder sindical, que ya había sido atacado previamente, es asesinado pese a contar con protección, la pregunta no es opcional: es obligada.

    La insistencia en refugiarse en eventos públicos, en discursos optimistas y en agendas paralelas puede servir para la fotografía, pero no para la confianza.

    Privatizar temas
    de interés público

    Durante la jornada de ayer, la Jueza de control Rosario Adriana Gerardo Sánchez decidió privatizar una audiencia que estaba en status pública, sin importar lo que pensaba la opinión pública sobre el caso.

    Y es que era lógico que todos queríamos saber los detalles que llevaron a Jesús Abraham “Ñ” a atacar y asesinar al adolescente Ricardo Mizael el pasado febrero de 2026.

    La Jueza escuchó una solicitud de la asesora victimal que se sacó la intención de quién sabe dónde, sobre todo porque el tema provocó una fuerte movilización y exigencia de la ciudadanía por la justicia por el caso.

    El tema se elevó a nivel nacional después de que se supo que la víctima, un joven que caminaba a una farmacia por leche y biberón para unos cachorros que había rescatado en el sector Los Ángeles.

    La situación provocó todo eso que la Jueza ignoró y dejó a los medios fuera de una audiencia que además el imputado se tuvo que conectar vía remota desde una prisión de otra parte de Sinaloa.

    El punto, insistimos, es que el argumento de la Fiscalía General del Estado es tan débil, como justificar la decisión de la Jueza en el derecho a la niñez, cuando esos casos son con toda lógica cuando se trata de abuso sexual o acciones que demeriten la dignidad de la víctima.

    Creemos que la propuesta de la FGE, entonces, fue sólo para quitarse la presión de hacer bien su trabajo, y que la prensa, al asistir, también pueden dar cuenta de sus errores.

    Tache para la máxima publicidad en el Poder Judicial de Sinaloa, que en este caso es justo lo contrario.

    Pesadilla en el Tutelar
    de menores

    El motín y el incendio posterior que este jueves los medios pudieron documentar, con familiares como testigos en el llamado Polígono de Seguridad, deja más dudas que aciertos de los operativos que implementan.

    Ayer fuimos testigos de cómo un joven que acudía con familiares a la visita al Tutelar para menores, fue interceptado por elementos de la Policía Estatal y fue amenazado, vejado y agredido acusado de haberse escapado del centro de internamiento.

    Las familias se quejaron amargamente del trato que las autoridades, entre policías y militares y agentes de Protección Civil, dieron ante la crisis.

    Los testigos señalaron que los menores se amotinaron y buscaron escapar durante los momentos de la visita, lo que obligó a cancelar todo y llamar a los grupos de emergencia para controlar un incendio de colchones.

    Lo más cruel fue la agresión al menor y la falta de atención a los familiares que vivieron momentos de angustia por no saber sobre la condición de sus internos.

    ¿Neta?, ¿en 2026?, ¿en medio de una crisis?, es obvio que acá la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe empezar una investigación para dirimir responsabilidades.

    No se espere, profe Óscar Loza, hay que recuperar el derecho de saber incluso en medio de las crisis.

    ¡FOUL!... Como si lo viéramos en una película, los diputados del grupo parlamentario de Morena salieron a dar espaldarazo a funcionarios de Morena, incluidos al Gobernador y al Presidente Municipal de Culiacán... ¡Qué sorpresota!