Los campos pesqueros de Navolato no necesitan discursos ni fotografías de funcionarios recorriendo zonas inundadas. Necesitan ayuda.
Y ayuda de verdad.
Porque mientras el Ayuntamiento de Navolato hace lo que puede con los recursos que tiene, la emergencia ya rebasó su capacidad de respuesta. Hay familias que perdieron parte de sus pertenencias y pescadores que vieron dañados o perdidos equipos indispensables para trabajar, entre ellos freezers y refrigeradores donde conservan el producto de la pesca.
Por eso ya no basta con despensas.
Se necesitan apoyos integrales para que quienes viven de la pesca puedan recuperar sus herramientas de trabajo y volver a generar ingresos. Se necesitan refrigeradores, equipos y recursos para reponer lo que el agua se llevó.
Ahí es donde tendría que entrar al quite la Secretaría de Pesca, encabezada por Flor Emilia Guerra Mena.
Porque si los pescadores son quienes están padeciendo directamente las consecuencias de esta emergencia, resulta difícil entender que la dependencia encargada del sector permanezca al margen de una respuesta que necesariamente tiene que ser mucho más amplia que repartir alimentos.
Y también tendría que acelerar el paso la Secretaría de Obras Públicas.
Porque una cosa es que los daños sean cuantiosos y otra que la respuesta institucional avance a paso de tortuga mientras las comunidades siguen esperando soluciones.
El Ayuntamiento de Navolato puede hacer su parte, y la está haciendo. Pero pretender que un municipio resuelva por sí solo una emergencia de esta magnitud es pedirle que haga magia con recursos que no tiene.
Lo que sí tiene el Gobierno del Estado son dependencias, presupuesto, maquinaria, funcionarios y capacidad de coordinación.
Y Navolato está prácticamente a una hora de las cómodas sillas del Palacio de Gobierno.
No se está pidiendo que inventen recursos.
Se está pidiendo que los que existen lleguen hasta donde hacen falta.
Que Pesca deje de mirar desde lejos y atienda directamente a los pescadores.
Que Obras Públicas deje de avanzar con tanta lentitud y acelere las acciones en las comunidades afectadas.
Y que el Gobierno del Estado entienda algo elemental: una emergencia no termina cuando baja el agua.
Para una familia pesquera, la verdadera emergencia empieza cuando descubre que perdió el refrigerador, el freezer, las herramientas y la posibilidad de conservar aquello con lo que se gana la vida.
Ahí es donde se necesita al Gobierno.
Y ahí es donde, hasta ahora, se le está echando de menos.
La Diputada Paola Gárate salió a poner el dedo en una de las llagas que más duelen en Sinaloa: la corrupción y la falta de controles sobre el dinero público.
Dice que el debilitamiento de la fiscalización y de los mecanismos anticorrupción ha abierto la puerta a la infiltración del crimen organizado en el Gobierno estatal.
Grave acusación.
Pero hay algo todavía más grave: que en Sinaloa ya nos estemos acostumbrando a que este tipo de señalamientos políticos vayan y vengan sin que nadie parezca tener demasiada prisa por aclararlos.
Gárate propone crear un fondo equivalente al 0.03 por ciento del presupuesto para atender a personas afectadas por desplazamiento, pérdida de empleo, violencia y fenómenos naturales.
La idea puede discutirse.
Lo que no debería estar a discusión es que cualquier peso destinado a una emergencia llegue a quien realmente lo necesita.
Porque ahí está el verdadero problema.
Se pueden crear fondos, fideicomisos, programas, comités y hasta comisiones con nombres muy bonitos. Pero si los controles son débiles, si la fiscalización llega tarde o si la rendición de cuentas se convierte en trámite burocrático, el papel aguanta todo.
Y mientras los diputados se acusan unos a otros desde la tribuna, afuera hay policías que necesitan equipo, comunidades que necesitan obras, familias desplazadas que necesitan apoyo y damnificados que necesitan recuperar lo que perdieron.
Así que quizá la pregunta no sea solamente cuánto dinero se va a destinar.
La pregunta es: ¿quién lo va a vigilar, cómo se va a comprobar que llegó y qué va a pasar si alguien se lo lleva?
Porque en Sinaloa ya conocemos de sobra las promesas.
Lo que hace falta son controles que no dependan de la buena voluntad del funcionario de turno.
Y, sobre todo, funcionarios que entiendan que fiscalizar el dinero público no es una molestia.
Es precisamente para eso que existen las instituciones.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos trae trabajo.
Durante julio y agosto recibió 642 asuntos, entre orientaciones, expedientes de queja y casos que tuvieron que ser enviados a la Comisión Nacional por tratarse de asuntos de competencia federal.
De todos esos asuntos, 101 fueron calificados como actos o hechos presuntamente violatorios de derechos humanos.
Y entre las autoridades que aparecen en esos expedientes hay algunas que ya parecen visitantes frecuentes de la CEDH.
La Fiscalía General del Estado encabeza la lista con 39 señalamientos. Seguridad Pública le sigue con 15 y la Secretaría de Educación Pública y Cultura aparece con cinco.
La Fiscalía, por cierto, no es cualquier dependencia. Es la institución encargada de procurar justicia.
Así que mientras en los discursos se habla de recuperar la confianza de la ciudadanía, los expedientes de la CEDH cuentan otra parte de la historia: ciudadanos que terminan buscando a un organismo defensor de derechos humanos porque consideran que una autoridad los vulneró.
La CEDH recibió además 459 asuntos que fueron atendidos mediante orientación directa.
Es decir, cientos de personas llegaron a preguntar qué hacer, dónde acudir o cómo defenderse frente a alguna situación.
Y eso también dice algo sobre la relación entre ciudadanos y autoridades.
Porque cuando una persona tiene que ir hasta la Comisión de Derechos Humanos para saber cómo defenderse de una institución pública, algo en esa relación ya se rompió.
Ahora habrá que ver qué sucede con esos 101 casos que sí fueron considerados presuntamente violatorios.
Porque presentar informes es relativamente sencillo.
Lo complicado es que las instituciones señaladas revisen lo que está ocurriendo puertas adentro y hagan los cambios necesarios para que los mismos problemas no sigan llegando a la CEDH.
Mientras tanto, la Fiscalía sigue acumulando expedientes.
Seguridad Pública también.
Y la CEDH sigue recibiendo gente.
Parece que, por lo menos en derechos humanos, hay dependencias que ya encontraron una oficina donde siempre las están esperando.
¡FOUL!... Estando Sinaloa como está, es de vergüenza que el presupuesto de seguridad sea de ¡la mitad del de estados como Chihuahua o Sonora!
