Casi 10 millones de pesos en catres, chamarras y cobijas pueden parecer, a primera vista, un gasto social defendible en un estado con carencias evidentes y temporadas de frío que golpean con mayor dureza a quienes menos tienen.
El problema no está en el objeto del gasto, sino en el patrón que vuelve a aparecer en el Gobierno de Sinaloa: los mismos proveedores y la misma concentración del dinero público.
La licitación solicitada por la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable dejó un dato que no pasa desapercibido. De los casi 10 millones de pesos erogados, más del 93 por ciento quedó en manos de una sola empresa: Hidalgo de Oro. No se trata de un actor nuevo ni circunstancial en la proveeduría estatal, sino de una firma con historial, con presencia constante y con una relación sostenida con el erario.
Desde 2022, Hidalgo de Oro ha sido beneficiaria recurrente del programa de calzado escolar gratuito. Año tras año, el Gobierno de Sinaloa le ha adjudicado contratos millonarios para surtir tenis a niñas y niños en edad preescolar. La suma acumulada supera los 50 millones de pesos. Ahora, además de calzado, la empresa también provee chamarras, cobijas y colchonetas. Cambia el producto, no el cliente.
La discusión no gira en torno a si la empresa puede cumplir con los contratos o si los insumos son necesarios. El foco está en la reiteración. Cuando una misma razón social concentra de forma sistemática la mayor parte del gasto en distintas licitaciones, la competencia deja de parecer abierta y el procedimiento pierde sentido como herramienta para diversificar proveedores y obtener mejores condiciones para el Estado.
También resulta llamativa la facilidad con la que una empresa dedicada originalmente a la fabricación de calzado escolar amplía su catálogo para abastecer artículos de abrigo y descanso. No es ilegal, pero sí ilustrativo de cómo funcionan las compras públicas: con márgenes amplios para unos cuantos y con oportunidades limitadas para el resto. En un estado con pequeñas y medianas empresas capaces de suministrar este tipo de insumos, la pregunta es cuántas realmente lograron competir en condiciones equitativas.
El discurso oficial insiste en el fortalecimiento de la economía local y en el uso responsable de los recursos públicos. Sin embargo, los datos muestran una dinámica distinta: proveedores recurrentes, contratos continuos y una concentración del gasto que se repite sexenio tras sexenio, programa tras programa.
No está en discusión la compra de catres, chamarras o cobijas, ni la atención a poblaciones vulnerables. Lo que sí merece escrutinio es la forma en que el dinero público termina, de manera reiterada, en los mismos bolsillos. Cuando esa concentración se vuelve costumbre, la transparencia deja de ser un principio operativo y se convierte en una deuda pendiente que el Gobierno de Sinaloa sigue sin saldar.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos criticó algo que ellos observan desde su dependencia desde hace meses tras el inicio de la guerra entre grupos criminales: los abusos de autoridad de elementos de seguridad encargados de “pacificar” la región.
Señala que pese al incremento de estos abusos, no solo constatados a nivel estatal sino también nacional, en las reuniones diarias de seguridad en Sinaloa no se habla de ello.
El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa advirtió que, aunque hay coordinación constante entre gobiernos y corporaciones, no existe una revisión real del actuar de las fuerzas de seguridad frente a la población civil.
El señalamiento surge, dijo, en un contexto donde las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos han ido en aumento.
La propia CEDH y la CNDH han documentado más casos de uso arbitrario de la fuerza, especialmente desde el despliegue masivo de elementos federales tras la crisis de violencia iniciada en 2024.
Loza Ochoa subrayó que este tema no se incorpora a la agenda de las mesas, pese a que los señalamientos son públicos y están respaldados por expedientes oficiales.
Para el organismo, la falta de supervisión abre la puerta a que los excesos se repitan sin un control efectivo.
Incluso casos graves, como el de las niñas Alexa y Leydi en Badiraguato, ya cuentan con una recomendación de la CNDH, pero eso no ha sido suficiente para que el análisis del uso de la fuerza forme parte central de las discusiones de seguridad.
Esa omisión, advirtió, sigue dejando fuera a las víctimas.
Mazatlán recibió el 2026 sin escucharse balazos al aire durante el primer minuto, también hubo poca actividad de pirotecnia.
Esos a los que les gusta la mala práctica de realizar disparos al aire para recibir año nuevo, esta vez se portaron a la altura, quizás por miedo a ser detenidos por las fuerzas de seguridad o simplemente porque ya entendieron que eso solo deja desgracias familiares.
Y hay que reconocer que sí se observó patrullaje intenso en las colonias, aunque hubo un descuido de la seguridad en el fraccionamiento Urbi Villas del Real, en el puerto, donde fue perseguido a balazos un automóvil por hombres armados que viajaban en motocicleta, el cual dejó dos personas sin vida y un herido.
El ataque ocurrió alrededor de las 3:30 horas de este 1 de enero, sobre la calle Las Ballestas, casi esquina con la avenida Francisco Madero Herrera.
Y sobre la pirotecnia, esa que fue puesta en venta por todos lados y no vista por Protección Civil de Mazatlán, estuvo muy tranquila. Sí se detonaron cohetes, pero no fue en exceso.
Tras la ola violenta en Escuinapa durante 2025, este 1 de enero, al recibir el año nuevo, no hubo bombazos.
Según las autoridades las celebraciones para recibir el 2026 concluyeron sin incidentes violentos ni víctimas que lamentar.
No se reportaron personas lesionadas por el uso de armas de fuego y se mantuvo “tranquilo” el municipio del sur de Sinaloa. Como debe ser.
Casi 10 millones de pesos en catres, chamarras y cobijas pueden parecer, a primera vista, un gasto social defendible en un estado con carencias evidentes y temporadas de frío que golpean con mayor dureza a quienes menos tienen.
El problema no está en el objeto del gasto, sino en el patrón que vuelve a aparecer en el Gobierno de Sinaloa: los mismos proveedores y la misma concentración del dinero público.
La licitación solicitada por la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable dejó un dato que no pasa desapercibido. De los casi 10 millones de pesos erogados, más del 93 por ciento quedó en manos de una sola empresa: Hidalgo de Oro. No se trata de un actor nuevo ni circunstancial en la proveeduría estatal, sino de una firma con historial, con presencia constante y con una relación sostenida con el erario.
Desde 2022, Hidalgo de Oro ha sido beneficiaria recurrente del programa de calzado escolar gratuito. Año tras año, el Gobierno de Sinaloa le ha adjudicado contratos millonarios para surtir tenis a niñas y niños en edad preescolar. La suma acumulada supera los 50 millones de pesos. Ahora, además de calzado, la empresa también provee chamarras, cobijas y colchonetas. Cambia el producto, no el cliente.
La discusión no gira en torno a si la empresa puede cumplir con los contratos o si los insumos son necesarios. El foco está en la reiteración. Cuando una misma razón social concentra de forma sistemática la mayor parte del gasto en distintas licitaciones, la competencia deja de parecer abierta y el procedimiento pierde sentido como herramienta para diversificar proveedores y obtener mejores condiciones para el Estado.
También resulta llamativa la facilidad con la que una empresa dedicada originalmente a la fabricación de calzado escolar amplía su catálogo para abastecer artículos de abrigo y descanso. No es ilegal, pero sí ilustrativo de cómo funcionan las compras públicas: con márgenes amplios para unos cuantos y con oportunidades limitadas para el resto. En un estado con pequeñas y medianas empresas capaces de suministrar este tipo de insumos, la pregunta es cuántas realmente lograron competir en condiciones equitativas.
El discurso oficial insiste en el fortalecimiento de la economía local y en el uso responsable de los recursos públicos. Sin embargo, los datos muestran una dinámica distinta: proveedores recurrentes, contratos continuos y una concentración del gasto que se repite sexenio tras sexenio, programa tras programa.
No está en discusión la compra de catres, chamarras o cobijas, ni la atención a poblaciones vulnerables. Lo que sí merece escrutinio es la forma en que el dinero público termina, de manera reiterada, en los mismos bolsillos. Cuando esa concentración se vuelve costumbre, la transparencia deja de ser un principio operativo y se convierte en una deuda pendiente que el Gobierno de Sinaloa sigue sin saldar.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos criticó algo que ellos observan desde su dependencia desde hace meses tras el inicio de la guerra entre grupos criminales: los abusos de autoridad de elementos de seguridad encargados de “pacificar” la región.
Señala que pese al incremento de estos abusos, no solo constatados a nivel estatal sino también nacional, en las reuniones diarias de seguridad en Sinaloa no se habla de ello.
El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa advirtió que, aunque hay coordinación constante entre gobiernos y corporaciones, no existe una revisión real del actuar de las fuerzas de seguridad frente a la población civil.
El señalamiento surge, dijo, en un contexto donde las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos han ido en aumento.
La propia CEDH y la CNDH han documentado más casos de uso arbitrario de la fuerza, especialmente desde el despliegue masivo de elementos federales tras la crisis de violencia iniciada en 2024.
Loza Ochoa subrayó que este tema no se incorpora a la agenda de las mesas, pese a que los señalamientos son públicos y están respaldados por expedientes oficiales.
Para el organismo, la falta de supervisión abre la puerta a que los excesos se repitan sin un control efectivo.
Incluso casos graves, como el de las niñas Alexa y Leydi en Badiraguato, ya cuentan con una recomendación de la CNDH, pero eso no ha sido suficiente para que el análisis del uso de la fuerza forme parte central de las discusiones de seguridad.
Esa omisión, advirtió, sigue dejando fuera a las víctimas.
Mazatlán recibió el 2026 sin escucharse balazos al aire durante el primer minuto, también hubo poca actividad de pirotecnia.
Esos a los que les gusta la mala práctica de realizar disparos al aire para recibir año nuevo, esta vez se portaron a la altura, quizás por miedo a ser detenidos por las fuerzas de seguridad o simplemente porque ya entendieron que eso solo deja desgracias familiares.
Y hay que reconocer que sí se observó patrullaje intenso en las colonias, aunque hubo un descuido de la seguridad en el fraccionamiento Urbi Villas del Real, en el puerto, donde fue perseguido a balazos un automóvil por hombres armados que viajaban en motocicleta, el cual dejó dos personas sin vida y un herido.
El ataque ocurrió alrededor de las 3:30 horas de este 1 de enero, sobre la calle Las Ballestas, casi esquina con la avenida Francisco Madero Herrera.
Y sobre la pirotecnia, esa que fue puesta en venta por todos lados y no vista por Protección Civil de Mazatlán, estuvo muy tranquila. Sí se detonaron cohetes, pero no fue en exceso.
Tras la ola violenta en Escuinapa durante 2025, este 1 de enero, al recibir el año nuevo, no hubo bombazos.
Según las autoridades las celebraciones para recibir el 2026 concluyeron sin incidentes violentos ni víctimas que lamentar.
No se reportaron personas lesionadas por el uso de armas de fuego y se mantuvo “tranquilo” el municipio del sur de Sinaloa. Como debe ser.
