Qué extraña sensación, luego de conocer esta estadística que habla de que Sinaloa se ubica entre los estados con menor presupuesto en derechos humanos, pero que a la vez se ubica entre los que más capacitan.
Y es que durante 2024 se colocó entre las entidades con mayor número de eventos de capacitación y difusión para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, según datos que se encuentran en el Censo Nacional de Derechos Humanos 2025 del INEGI.
Este Censo, que fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, detalla que en Sinaloa se realizaron 2 mil 238 eventos de capacitación y difusión.
Con esta cifra el estado se ubicó por encima de la mayoría de las entidades del País, y solo por debajo de la Ciudad de México, Edomex y Baja California.
Los números sorprenden porque a nivel nacional, se llevaron a cabo 40 mil 994 eventos de capacitación y difusión para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos en 2024.
Y con las más de 2 mil 200 acciones en Sinaloa, por su volumen de actividades, superó a otros como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Guanajuato, todos con mayor presupuesto ejercido durante el mismo periodo.
Sinaloa fue apenas de 43.7 millones de pesos, un monto que lo colocó en la parte baja del ranking nacional, a diferencia de la Ciudad de México, que gastó 504.0 millones de pesos, el Estado de México, con 301 millones, y Jalisco, con 164.7 millones de pesos.
La noticia llama más la atención debido al contexto actual y la crisis de violencia por la que atravesamos desde el 9 de septiembre de 2024.
Y la verdad es que hemos estado muy agradecidos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías federal y estatal, porque son los únicos que han podido hacer frente a esta crisis, pero es obvio que hay muchos elementos que por diversas circunstancias pueden llegar a violar los derechos humanos.
Insistimos en que hay confianza en las Fuerzas Armadas y policiales, pero también habría que esperar a que actualizan las cifras, al menos de 2025, para ver el comportamiento de estos entes, que por cifras anunciadas por las autoridades, debe haber decenas de miles en el Estado.
Buen trabajo, entonces, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el profesor Oscar Loza.
El desalojo del predio en Montesierra dejó una imagen que incomoda: camas tendidas, platos con restos de comida, juguetes y ropa abandonados, como si la vida de casi un centenar de personas pudiera recogerse en bolsas negras y desaparecer sin más. Pero más incómodo aún es lo que vino, o mejor dicho, lo que no vino, después.
La atención a las familias desplazadas llegó tarde, a trompicones y sin una estrategia clara, evidenciando un rezago que no se explica solo por la complejidad del problema, sino por la ineficacia de quienes tienen la responsabilidad directa de atenderlo.
Porque, como dice la Sebides, el desplazamiento forzado en Sinaloa no es nuevo. Lleva años documentándose, acumulando nombres, comunidades vacías y promesas oficiales. Aun así, cada episodio se atiende como si fuera el primero: sin protocolos visibles, sin capacidad de reacción inmediata y con una burocracia que parece moverse al ritmo contrario de la urgencia humana. En Montesierra, las familias ocuparon el predio desde mediados de noviembre y el desalojo ocurrió hasta finales de diciembre. ¿De verdad en todo ese tiempo nadie pudo articular una respuesta integral que evitara llegar al punto de la expulsión abrupta?
La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, encabezada por Omar López Campos, asumió el “seguimiento” del caso después del desalojo.
El problema es que ese seguimiento suena más a trámite administrativo que a política pública. Habilitar un albergue días antes del operativo no es sinónimo de atención oportuna, y mucho menos de una solución de fondo. Es apenas un parche que sirve para la foto institucional, pero que no responde a la pregunta central: ¿qué va a pasar con estas personas mañana, la próxima semana o dentro de un mes?
El pésimo desempeño de la Secretaría no se mide solo por la lentitud, sino por la falta de sensibilidad y de planeación. Las familias desplazadas no son números que se mueven de un punto a otro del mapa; son personas que ya perdieron su casa, su comunidad y su forma de vida por la violencia. Llegar tarde, ofrecer espacios temporales sin rutas claras de reubicación, empleo, atención psicológica o educativa, es una forma más, menos visible, pero igual de grave, de abandono institucional.
Mientras la Fiscalía hizo su trabajo para acreditar la propiedad del predio y la constructora regresó a “limpiar” el terreno con una eficiencia que contrasta con la del Estado social, Bienestar parece operar en cámara lenta. No hay un censo público actualizado, no hay claridad sobre cuántas familias fueron realmente atendidas ni bajo qué criterios, y no hay una narrativa oficial que asuma la magnitud del problema.
Todo se reduce a comunicados escuetos y a la esperanza de que el tema se diluya con el paso de los días.
Omar López Campos tiene en sus manos una de las carteras más sensibles del gobierno estatal, y sin embargo los resultados urgen.
La falta de reacción ante Montesierra no es un hecho aislado, sino un síntoma de una Secretaría a la que le alcanza la inercia.
Cuando el Bienestar llega después del desalojo, después del conflicto y después de la exposición mediática, ya no es bienestar: es control de daños.
A pesar de la crisis de seguridad que vive Mazatlán, y Sinaloa, con desaparecidos, asesinados, bombazos y robo de vehículos, el puerto cerró ayer el 2025 con gran afluencia de turistas en cruceros y nacionales para la fiesta de fin de año.
Ayer, último día de 2025, a bordo de los cruceros Norwegian Jade, Nieuw Amsterdam y Norwegian Bliss, arribaron a Mazatlán 13 mil 163 pasajeros y tripulantes
Además de turistas nacionales y de locales que disfrutaron de una fiesta velada de fin de año en pleno malecón de Mazatlán con música de banda, juegos pirotécnicos y show de drones.
En Mazatlán se observó buena afluencia turistica, aunque hay que reconocer que no como en otras ocasiones, ya que los hechos de alto impacto y desapariciones afectaron la llegada de turismo de Durango, Zacatecas y Nuevo León.
Qué extraña sensación, luego de conocer esta estadística que habla de que Sinaloa se ubica entre los estados con menor presupuesto en derechos humanos, pero que a la vez se ubica entre los que más capacitan.
Y es que durante 2024 se colocó entre las entidades con mayor número de eventos de capacitación y difusión para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, según datos que se encuentran en el Censo Nacional de Derechos Humanos 2025 del INEGI.
Este Censo, que fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, detalla que en Sinaloa se realizaron 2 mil 238 eventos de capacitación y difusión.
Con esta cifra el estado se ubicó por encima de la mayoría de las entidades del País, y solo por debajo de la Ciudad de México, Edomex y Baja California.
Los números sorprenden porque a nivel nacional, se llevaron a cabo 40 mil 994 eventos de capacitación y difusión para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos en 2024.
Y con las más de 2 mil 200 acciones en Sinaloa, por su volumen de actividades, superó a otros como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Guanajuato, todos con mayor presupuesto ejercido durante el mismo periodo.
Sinaloa fue apenas de 43.7 millones de pesos, un monto que lo colocó en la parte baja del ranking nacional, a diferencia de la Ciudad de México, que gastó 504.0 millones de pesos, el Estado de México, con 301 millones, y Jalisco, con 164.7 millones de pesos.
La noticia llama más la atención debido al contexto actual y la crisis de violencia por la que atravesamos desde el 9 de septiembre de 2024.
Y la verdad es que hemos estado muy agradecidos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías federal y estatal, porque son los únicos que han podido hacer frente a esta crisis, pero es obvio que hay muchos elementos que por diversas circunstancias pueden llegar a violar los derechos humanos.
Insistimos en que hay confianza en las Fuerzas Armadas y policiales, pero también habría que esperar a que actualizan las cifras, al menos de 2025, para ver el comportamiento de estos entes, que por cifras anunciadas por las autoridades, debe haber decenas de miles en el Estado.
Buen trabajo, entonces, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el profesor Oscar Loza.
El desalojo del predio en Montesierra dejó una imagen que incomoda: camas tendidas, platos con restos de comida, juguetes y ropa abandonados, como si la vida de casi un centenar de personas pudiera recogerse en bolsas negras y desaparecer sin más. Pero más incómodo aún es lo que vino, o mejor dicho, lo que no vino, después.
La atención a las familias desplazadas llegó tarde, a trompicones y sin una estrategia clara, evidenciando un rezago que no se explica solo por la complejidad del problema, sino por la ineficacia de quienes tienen la responsabilidad directa de atenderlo.
Porque, como dice la Sebides, el desplazamiento forzado en Sinaloa no es nuevo. Lleva años documentándose, acumulando nombres, comunidades vacías y promesas oficiales. Aun así, cada episodio se atiende como si fuera el primero: sin protocolos visibles, sin capacidad de reacción inmediata y con una burocracia que parece moverse al ritmo contrario de la urgencia humana. En Montesierra, las familias ocuparon el predio desde mediados de noviembre y el desalojo ocurrió hasta finales de diciembre. ¿De verdad en todo ese tiempo nadie pudo articular una respuesta integral que evitara llegar al punto de la expulsión abrupta?
La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, encabezada por Omar López Campos, asumió el “seguimiento” del caso después del desalojo.
El problema es que ese seguimiento suena más a trámite administrativo que a política pública. Habilitar un albergue días antes del operativo no es sinónimo de atención oportuna, y mucho menos de una solución de fondo. Es apenas un parche que sirve para la foto institucional, pero que no responde a la pregunta central: ¿qué va a pasar con estas personas mañana, la próxima semana o dentro de un mes?
El pésimo desempeño de la Secretaría no se mide solo por la lentitud, sino por la falta de sensibilidad y de planeación. Las familias desplazadas no son números que se mueven de un punto a otro del mapa; son personas que ya perdieron su casa, su comunidad y su forma de vida por la violencia. Llegar tarde, ofrecer espacios temporales sin rutas claras de reubicación, empleo, atención psicológica o educativa, es una forma más, menos visible, pero igual de grave, de abandono institucional.
Mientras la Fiscalía hizo su trabajo para acreditar la propiedad del predio y la constructora regresó a “limpiar” el terreno con una eficiencia que contrasta con la del Estado social, Bienestar parece operar en cámara lenta. No hay un censo público actualizado, no hay claridad sobre cuántas familias fueron realmente atendidas ni bajo qué criterios, y no hay una narrativa oficial que asuma la magnitud del problema.
Todo se reduce a comunicados escuetos y a la esperanza de que el tema se diluya con el paso de los días.
Omar López Campos tiene en sus manos una de las carteras más sensibles del gobierno estatal, y sin embargo los resultados urgen.
La falta de reacción ante Montesierra no es un hecho aislado, sino un síntoma de una Secretaría a la que le alcanza la inercia.
Cuando el Bienestar llega después del desalojo, después del conflicto y después de la exposición mediática, ya no es bienestar: es control de daños.
A pesar de la crisis de seguridad que vive Mazatlán, y Sinaloa, con desaparecidos, asesinados, bombazos y robo de vehículos, el puerto cerró ayer el 2025 con gran afluencia de turistas en cruceros y nacionales para la fiesta de fin de año.
Ayer, último día de 2025, a bordo de los cruceros Norwegian Jade, Nieuw Amsterdam y Norwegian Bliss, arribaron a Mazatlán 13 mil 163 pasajeros y tripulantes
Además de turistas nacionales y de locales que disfrutaron de una fiesta velada de fin de año en pleno malecón de Mazatlán con música de banda, juegos pirotécnicos y show de drones.
En Mazatlán se observó buena afluencia turistica, aunque hay que reconocer que no como en otras ocasiones, ya que los hechos de alto impacto y desapariciones afectaron la llegada de turismo de Durango, Zacatecas y Nuevo León.
