El “Informe Ciudadano” presentado ayer domingo en Culiacán deja claro algo que quizá incomoda más que cualquier cifra: la crisis de Sinaloa no es sólo de seguridad o economía, sino de confianza.

Vivimos en un estado donde la información se ha vuelto un territorio en disputa. Gobiernos que afirman que “todo va bien”, organizaciones civiles que exponen un panorama desolador con datos oficiales en la mano, ciudadanos que viven otra realidad todavía más cruda... y entre todo eso, uno queda atrapado en un laberinto donde la verdad es un bien escaso.

Y ese es quizá el punto más inquietante porque no se trata de elegir un bando, sino de reconocer que los bandos mismos dificultan entender lo que realmente está pasando.

Cada quien habla desde su lugar: el Gobierno desde la obligación constitucional de dar la cara, los organismos desde la urgencia de señalar retrocesos, los ciudadanos desde el miedo y la incertidumbre. Pero incluso con todos esos discursos sobre la mesa, lo que no se puede negar es que hay un desorden profundo, un ruido que no deja escuchar con claridad.

Porque la verdad no sólo depende de los datos que se presentan, sino de cuándo se presentan, quién los presenta y qué omiten. Y en un contexto donde la inseguridad se ha vuelto cotidiana, y donde la vida pública se siente frágil, cada versión parece más un intento por controlar la narrativa que por explicarla.

El informe alterno habla de “realidad sin engaños”. El Gobierno habla de avances y estabilidad. Pero al final, ambos discursos están incompletos, porque ninguno puede abarcar la totalidad de un estado atravesado por violencia, incertidumbre y desgaste social. Y ahí está la trampa: cuando todos aseguran tener la verdad, lo primero que se resquebraja es la confianza.

Lo que debería preocuparnos no es sólo si las cifras son exactas, sino la incapacidad del sistema, institucional y ciudadano, para producir un diagnóstico común, uno que no esté condicionado por intereses políticos, presiones económicas o aspiraciones electorales.

Esa incapacidad es parte del deterioro que nadie quiere nombrar: un Sinaloa donde la información ya no es un puente, sino una frontera. Donde cada versión compite por imponerse, y donde el ciudadano queda atrapado intentando descifrar qué tanto de cada relato es cierto, qué tanto es estrategia, qué tanto es miedo.

Y ahí está el dilema de muchos: ¿A quién creerle? ¿Cómo contrastar las versiones? ¿Cómo distinguir la verdad de la conveniencia?

La respuesta, aunque incómoda, es que hoy no existe un espacio confiable donde todas las partes puedan dialogar sin defender sus trincheras. Y mientras no exista, la verdad seguirá siendo un territorio disputado, no un punto de encuentro. Y la soluciones reales brillarán por su ausencia.

Sinaloa vive una emergencia, sí, pero también vive una crisis de entendimiento entre las instituciones democráticas que deberían estar enfocadas en resolverla. Y sin claridad, sin una verdad compartida, ninguna estrategia de seguridad, economía o bienestar podrá sostenerse.

Hay momentos en la política sinaloense que no necesitan análisis profundo: bastan tres segundos de audio abierto para desnudar lo que hay detrás del discurso oficial. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a la Secretaria de Pesca, Flor Emilia Guerra Mena, durante una entrevista en Mazatlán, donde el micrófono se encendió antes que su instinto de contención

Ahí, sin saber que ya estaba al aire, en una transmisión en vivo en video dijo: “el sector social se quedó acostumbrado”, acompañada de un gesto que, con o sin semiótica avanzada, apuntaba directo a la idea de recibir dinero.

Esos que en público se llaman “políticas de apoyo” y en privado, pues ya vimos cómo se alude a ellos.

Cuando en cabina le avisaron que la transmisión estaba en vivo por Facebook, la postura le cambió como si alguien hubiera accionado un interruptor: postura correcta, sonrisa protocolaria, saludo amable.

En segundos pasó de “confidencia entre colegas” a “funcionaria impecable”, demostrando que la verdadera ingeniería en Pesca quizá no es la de altamar, sino la de sobrevivir a un micrófono indiscreto.

Lo mejor vino después: ese breve intercambio en voz baja con alguien de su equipo, ese gesto de “¿y ahora cómo remendamos esto?”, esa microexpresión que sólo aparece cuando la realidad alcanza al discurso.

Porque si algo quedó claro, es que no estaba celebrando haber iniciado la entrevista con claridad, sino intentando minimizar el tropiezo.

Mientras tanto, los pescadores -los mismos a quienes se les acusa de “acostumbrarse” a los apoyos- tomaron nota. Porque, más allá de lo que se dice frente a las cámaras, lo que realmente pesa es lo que se dice cuando una funcionaria cree que nadie la está escuchando.

Y en esta ocasión, el micrófono sí estaba escuchando... y pescar, pescó.

El tema no es menor, pues el Gobernador Rubén Rocha Moya ha presumido hasta el cansancio que el estado es el único con programa de Bienpesca estatal, una ayuda social que es repartida entre trabajadores del mar y de origen federal. Este proyecto insignia ahora es criticado por quien lo reparte y deja mal parado al Gobernador.

Además, siendo bien sinceros, la ayuda social que pelea la Secretaria son 3 mil pesos que aporta el Estado al año para cada trabajador del mar, lo que no representa ni una mínima parte de lo que supone el mantenimiento de un motor o de una panga para empezar la temporada, por más que quiera el Gobierno de Sinaloa pararse el cuello por este programa.

No es sorpresa que Flor Emilia Guerra Mena no sea alguien sensible a las dificultades del mar, pues, en palabras del Gobernador, la señora no conocía los camarones más que en cocteles, antes de asumir el cargo que evidentemente le queda muy grande.

A la pesca sinaloense le hace falta que la lidere un experto o experta, y no alguien que fue asignada para cumplir la agenda morenista y sanear compromisos de campaña. El mar sinaloese no puede ser moneda de cambio política.

Y es irónico que Flor Emilia critique que el sector social se acostumbró a recibir respaldo económico de recursos públicos, pues en los últimos años ella ha vivido de presupuestos y de cargos que hacen campaña con esa necesidad.

Hoy, a media mañana, los productores agrícolas de Sinaloa (y de prácticamente todo el País), tomarán y bloquearán totalmente las casetas de las autopistas.

En nuestro estado, serán Cuatro Caminos, San Miguel Zapotitlán y El Pisal; y podría agregarse la de Costa Rica. Lo que significaría paralizar prácticamente toda la movilidad carretera del estado.

Tanto el Gobernador Rocha Moya, como el Secretario Feliciano Castro, hicieron tibios llamados a los productores para que desistieran de una medida tan dura, pero la decisión está más que tomada. También se curaron en salud diciendo que respetan el derecho de la gente a manifestarse.

Y es que el problema es que la cuerda del diálogo entre el sector agrícola y el Gobierno se rompió hace mucho y los primeros ya no creen ni una palabra de lo que Agricultura federal les dice.

Su exigencia es simple: un precio justo por tonelada para sus cultivos, pero cuando uno hace las cuentas eso se ve harto difícil porque se necesita un dineral que los gobiernos locales no tienen y que el Federal no está dispuesto a destinar para este sector que, se nos olvida, es el que nos alimenta a todos.

En fin: el nudo gordiano se aprieta cada vez más y el caos empezará mañana en las carreteras de todo el País. A ver si desde la Presidencia muestran algo de sensibilidad, pero tristemente esa no es la marca de la casa. Todavía anoche llamaron a establecer una mesa de diálogo con las autoridades del sector e incluida Gobernación, pero no se aguantaron las ganas de echarle la culpa a los “intereses oscuros” detrás de la movilización. Así no se puede llamar al diálogo, por desacreditar al interlocutor.

Vienen días duros.

El “Informe Ciudadano” presentado ayer domingo en Culiacán deja claro algo que quizá incomoda más que cualquier cifra: la crisis de Sinaloa no es sólo de seguridad o economía, sino de confianza.

Vivimos en un estado donde la información se ha vuelto un territorio en disputa. Gobiernos que afirman que “todo va bien”, organizaciones civiles que exponen un panorama desolador con datos oficiales en la mano, ciudadanos que viven otra realidad todavía más cruda... y entre todo eso, uno queda atrapado en un laberinto donde la verdad es un bien escaso.

Y ese es quizá el punto más inquietante porque no se trata de elegir un bando, sino de reconocer que los bandos mismos dificultan entender lo que realmente está pasando.

Cada quien habla desde su lugar: el Gobierno desde la obligación constitucional de dar la cara, los organismos desde la urgencia de señalar retrocesos, los ciudadanos desde el miedo y la incertidumbre. Pero incluso con todos esos discursos sobre la mesa, lo que no se puede negar es que hay un desorden profundo, un ruido que no deja escuchar con claridad.

Porque la verdad no sólo depende de los datos que se presentan, sino de cuándo se presentan, quién los presenta y qué omiten. Y en un contexto donde la inseguridad se ha vuelto cotidiana, y donde la vida pública se siente frágil, cada versión parece más un intento por controlar la narrativa que por explicarla.

El informe alterno habla de “realidad sin engaños”. El Gobierno habla de avances y estabilidad. Pero al final, ambos discursos están incompletos, porque ninguno puede abarcar la totalidad de un estado atravesado por violencia, incertidumbre y desgaste social. Y ahí está la trampa: cuando todos aseguran tener la verdad, lo primero que se resquebraja es la confianza.

Lo que debería preocuparnos no es sólo si las cifras son exactas, sino la incapacidad del sistema, institucional y ciudadano, para producir un diagnóstico común, uno que no esté condicionado por intereses políticos, presiones económicas o aspiraciones electorales.

Esa incapacidad es parte del deterioro que nadie quiere nombrar: un Sinaloa donde la información ya no es un puente, sino una frontera. Donde cada versión compite por imponerse, y donde el ciudadano queda atrapado intentando descifrar qué tanto de cada relato es cierto, qué tanto es estrategia, qué tanto es miedo.

Y ahí está el dilema de muchos: ¿A quién creerle? ¿Cómo contrastar las versiones? ¿Cómo distinguir la verdad de la conveniencia?

La respuesta, aunque incómoda, es que hoy no existe un espacio confiable donde todas las partes puedan dialogar sin defender sus trincheras. Y mientras no exista, la verdad seguirá siendo un territorio disputado, no un punto de encuentro. Y la soluciones reales brillarán por su ausencia.

Sinaloa vive una emergencia, sí, pero también vive una crisis de entendimiento entre las instituciones democráticas que deberían estar enfocadas en resolverla. Y sin claridad, sin una verdad compartida, ninguna estrategia de seguridad, economía o bienestar podrá sostenerse.

Hay momentos en la política sinaloense que no necesitan análisis profundo: bastan tres segundos de audio abierto para desnudar lo que hay detrás del discurso oficial. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a la Secretaria de Pesca, Flor Emilia Guerra Mena, durante una entrevista en Mazatlán, donde el micrófono se encendió antes que su instinto de contención

Ahí, sin saber que ya estaba al aire, en una transmisión en vivo en video dijo: “el sector social se quedó acostumbrado”, acompañada de un gesto que, con o sin semiótica avanzada, apuntaba directo a la idea de recibir dinero.

Esos que en público se llaman “políticas de apoyo” y en privado, pues ya vimos cómo se alude a ellos.

Cuando en cabina le avisaron que la transmisión estaba en vivo por Facebook, la postura le cambió como si alguien hubiera accionado un interruptor: postura correcta, sonrisa protocolaria, saludo amable.

En segundos pasó de “confidencia entre colegas” a “funcionaria impecable”, demostrando que la verdadera ingeniería en Pesca quizá no es la de altamar, sino la de sobrevivir a un micrófono indiscreto.

Lo mejor vino después: ese breve intercambio en voz baja con alguien de su equipo, ese gesto de “¿y ahora cómo remendamos esto?”, esa microexpresión que sólo aparece cuando la realidad alcanza al discurso.

Porque si algo quedó claro, es que no estaba celebrando haber iniciado la entrevista con claridad, sino intentando minimizar el tropiezo.

Mientras tanto, los pescadores -los mismos a quienes se les acusa de “acostumbrarse” a los apoyos- tomaron nota. Porque, más allá de lo que se dice frente a las cámaras, lo que realmente pesa es lo que se dice cuando una funcionaria cree que nadie la está escuchando.

Y en esta ocasión, el micrófono sí estaba escuchando... y pescar, pescó.

El tema no es menor, pues el Gobernador Rubén Rocha Moya ha presumido hasta el cansancio que el estado es el único con programa de Bienpesca estatal, una ayuda social que es repartida entre trabajadores del mar y de origen federal. Este proyecto insignia ahora es criticado por quien lo reparte y deja mal parado al Gobernador.

Además, siendo bien sinceros, la ayuda social que pelea la Secretaria son 3 mil pesos que aporta el Estado al año para cada trabajador del mar, lo que no representa ni una mínima parte de lo que supone el mantenimiento de un motor o de una panga para empezar la temporada, por más que quiera el Gobierno de Sinaloa pararse el cuello por este programa.

No es sorpresa que Flor Emilia Guerra Mena no sea alguien sensible a las dificultades del mar, pues, en palabras del Gobernador, la señora no conocía los camarones más que en cocteles, antes de asumir el cargo que evidentemente le queda muy grande.

A la pesca sinaloense le hace falta que la lidere un experto o experta, y no alguien que fue asignada para cumplir la agenda morenista y sanear compromisos de campaña. El mar sinaloese no puede ser moneda de cambio política.

Y es irónico que Flor Emilia critique que el sector social se acostumbró a recibir respaldo económico de recursos públicos, pues en los últimos años ella ha vivido de presupuestos y de cargos que hacen campaña con esa necesidad.

Hoy, a media mañana, los productores agrícolas de Sinaloa (y de prácticamente todo el País), tomarán y bloquearán totalmente las casetas de las autopistas.

En nuestro estado, serán Cuatro Caminos, San Miguel Zapotitlán y El Pisal; y podría agregarse la de Costa Rica. Lo que significaría paralizar prácticamente toda la movilidad carretera del estado.

Tanto el Gobernador Rocha Moya, como el Secretario Feliciano Castro, hicieron tibios llamados a los productores para que desistieran de una medida tan dura, pero la decisión está más que tomada. También se curaron en salud diciendo que respetan el derecho de la gente a manifestarse.

Y es que el problema es que la cuerda del diálogo entre el sector agrícola y el Gobierno se rompió hace mucho y los primeros ya no creen ni una palabra de lo que Agricultura federal les dice.

Su exigencia es simple: un precio justo por tonelada para sus cultivos, pero cuando uno hace las cuentas eso se ve harto difícil porque se necesita un dineral que los gobiernos locales no tienen y que el Federal no está dispuesto a destinar para este sector que, se nos olvida, es el que nos alimenta a todos.

En fin: el nudo gordiano se aprieta cada vez más y el caos empezará mañana en las carreteras de todo el País. A ver si desde la Presidencia muestran algo de sensibilidad, pero tristemente esa no es la marca de la casa. Todavía anoche llamaron a establecer una mesa de diálogo con las autoridades del sector e incluida Gobernación, pero no se aguantaron las ganas de echarle la culpa a los “intereses oscuros” detrás de la movilización. Así no se puede llamar al diálogo, por desacreditar al interlocutor.

Vienen días duros.