Que la tortura siga siendo un fantasma dentro de los penales de Sinaloa debería ser motivo de alarma para todos, pero más aún para quienes tienen la obligación legal y moral de evitarla.
La reciente denuncia de presuntas prácticas de tortura en el Centro Penitenciario de Aguaruto, reveladas por familiares de internos y confirmadas en parte por los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no es un problema menor.
Y, como tal, no puede esperar a la denuncia formal para que la Fiscalía actúe. Como lo dijo el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, la ley es clara, pues sólo basta con conocer los hechos para abrir investigación.
Lo preocupante no es sólo la naturaleza de los actos denunciados, sumergir cabezas en agua o aplicar descargas eléctricas, sino que, como lo subraya Loza, estas prácticas parecen resonar con un pasado que se creía superado.
El funcionario indica que lo que se conocía como tormentos infligidos a presos políticos décadas atrás hoy reaparece, recordándonos que los sistemas penitenciarios no son inmunes a la repetición de abusos si no hay vigilancia efectiva.
La obligación de la Fiscalía de investigar no necesita ser repetida cinco veces, sino ser respuesta de las autoridades penitenciarias y judiciales. Sin eso, la denuncia se queda en el aire.
Sinaloa enfrenta un reto de transparencia y justicia que no admite dilación. La tortura no es solo una violación de derechos individuales, es un síntoma de sistemas que fallan, de instituciones que miran hacia otro lado y de memorias históricas que no se borran. Ignorarlo sería otra forma de repetir los errores que, hoy como ayer, dejan huellas imborrables.
a informar peor
La Vocería del Gobierno del Estado nació en medio del caos.
Surgió como un intento de ponerle voz a la crisis, de dar la cara cuando el miedo y la incertidumbre se extendían por Sinaloa tras días de violencia, bloqueos y rumores. Hoy, un año después, esa plataforma se apaga.
El Gobernador Rubén Rocha Moya anunció la suspensión de la conferencia de prensa semanal que encabezaba la Vocería, aquella que en su momento prometía transparencia y rendición de cuentas. La información oficial sobre seguridad quedará en manos exclusivas de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la vocera Verona Hernández Valenzuela.
La decisión se justifica como una medida para “evitar dispersión y contradicciones”, pero en los hechos representa un paso atrás en el ejercicio de comunicación con la ciudadanía. Porque no hay dispersión más peligrosa que la del silencio.
La Vocería había nacido el 22 de octubre de 2024, cuando Sinaloa atravesaba una ola de violencia que exigía claridad. En aquel entonces, el ex secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, y el ex titular de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, encabezaban los reportes y enfrentaban a los medios. Luego vinieron los ajustes: cambios de funcionarios, conferencias menos frecuentes, y una reducción paulatina del espacio para preguntas incómodas.
De cuatro conferencias semanales se pasó a dos, después a una, hasta llegar a la suspensión total. El argumento: concentrar la información en una sola fuente. El efecto: limitar la interlocución, cerrar canales y dejar a la prensa, y con ella a la ciudadanía, con menos acceso a la versión oficial.
La violencia no se ha ido. Las detenciones, los desplazamientos, los conflictos rurales y los homicidios siguen apareciendo en la agenda diaria. Lo que cambia es el formato: menos micrófonos, menos respuestas, menos explicación pública.
La transparencia, como la seguridad, no se decreta: se ejerce. Y cuando el Gobierno decide que es mejor hablar menos, el riesgo no es solo la desinformación, sino la pérdida de confianza. Porque si la vocería fue útil en los días difíciles, ¿por qué suspenderla justo cuando el clima sigue tenso?
Sinaloa no necesita menos información oficial. Necesita más voces, más claridad y más rendición de cuentas.
El silencio, por sí mismo, nunca ha sido una estrategia de seguridad.
Nadie puede negar que México atraviesa una crisis de violencia sin precedentes.
En estados como Sinaloa, los estragos son palpables desde septiembre de 2024, Culiacán vive un repunte de homicidios que la ha colocado nuevamente entre las ciudades más violentas del mundo.
Y no se trata sólo de Sinaloa: 41 por ciento de los estados tienen al menos una ciudad en el ranking mundial de violencia.
El activista Javier Llausás señala que el crimen organizado nunca será más fuerte que nuestras instituciones de seguridad, lo que falla en esa ecuación es el poder político, que no ha estado a la altura de enfrentar esta situación.
La ciudadanía lo sabe, lo ve todos los días, y la desconfianza hacia las autoridades crece con cada cifra que contradice la realidad cotidiana.
El activista menciona que cuando la clase política ignora lo que vive la gente, cuando niega lo que ve y siente, se rompe la confianza, y con ello se diluye cualquier intento de solución.
Llausás también subraya que la seguridad no depende únicamente de las corporaciones; requiere un cambio profundo en la participación ciudadana y en un liderazgo político dispuesto a escuchar y atender las causas sociales de la violencia.
Los jóvenes que hoy mueren, desaparecen o abandonan la escuela, no pueden seguir siendo ignorados.
Si queremos un futuro distinto, es hora de acercarse a ellos, de escuchar sus voces, y de actuar antes de que más sueños se trunquen.
Se avecinan elecciones, y Llausás advierte un punto crucial de que solo con procesos libres de violencia y coacción se podrá elegir a quienes realmente enfrenten la crisis de inseguridad y reconstruyan la confianza social.
Mientras esto no ocurra, la violencia seguirá siendo un obstáculo para el desarrollo y la convivencia en nuestras ciudades.
La pregunta es si la clase política será capaz de asumir su responsabilidad, o si seguiremos contando cifras y lamentando muertes mientras ellos permanecen al margen. La respuesta, tarde o temprano, dependerá de nosotros.
