El martes cerramos la edición de Noroeste sin poder confirmar con ninguna fuente oficial el asesinato de dos niñas tras un enfrentamiento en Badiraguato entre militares y civiles armados. Lo sabíamos extraoficialmente pero por lo delicado del tema y la falta de datos mínimos preferimos aguantar y reportar lo que teníamos: una familia herida.
Este miércoles lo confirmamos y mientras la indignación subía en redes, a la vocería de seguridad se presentó el Gobernador Rubén Rocha Moya para leer un comunicado sobre el asunto: expresó su pésame y solidaridad con las familias, lamentó el hecho como padre y como gobernante y citó la lista de instituciones que atenderían el caso, entre ellas la Fiscalía General de la República, quien será responsable de la investigación.
Desde acá reconocemos que haya sido el Gobernador y no un Secretario o la propia vocería quien se manifestara por esa desgracia. Y aunque no aceptó preguntas y se limitó a leer el comunicado que llevaba preparado, creemos que era lo menos que podía hacer el titular del Ejecutivo. Prometió, obviamente, que no habría impunidad en el caso.
Ahora, el asunto de la FGR no es menor, porque implica que no tienen claro de donde salieron las balas que asesinaron a las menores Alexa y Leydi, de 7 y 11 años respectivamente.
Por eso hay que exigir de manera permanente y hasta que haya resultados, que esta investigación avance con celeridad y pulcritud, porque perder a dos niñas inocentes de esa manera tan violenta no hay forma de repararlo, lo que quiere decir que lo menos que debe recibir su familia es justicia y verdad.
Claro está que en los ocho meses de emergencia que llevamos en Sinaloa, los delitos que más han lastimado moral y emocionalmente a la ciudadanía son los de alto impacto como homicidios y desaparición de personas, que han alcanzado sus registros máximos históricos en medio de esta pugna criminal.
Resulta prioritario el combate a esta crisis, el detalle es que nuestras autoridades locales parece que, lejos de ayudar, se escudan en que le compete a la Federación para dejarle el changarro a las corporaciones nacionales por ser muchos delitos del fuero federal.
Y mientras los ojos están puestos, con justa razón, en la ruptura del Cártel de Sinaloa que ha desatado el caos en el estado con crímenes de alto impacto, para algunos pasan por debajo del radar los otros delitos que afectan de manera aún más directa a la gente.
Sobre eso se pronunció ayer el ingeniero Javier Llausás Magaña, director de la iniciativa ciudadana Construyendo Espacios para la Paz, organismo que desde su trinchera le hace la lucha por promover valores y programas para una mejor convivencia social.
El activista cuestionó que los robos de vehículo, de comercio, a transeúnte o asalto, o delitos del fuero común como los ataques a vivienda, también han repuntado de manera alarmante, y pareciera que las autoridades nomás no reaccionan.
Razón no le falta tampoco al ingeniero Llausás, pues aunque luego la Secretaría de Seguridad Pública del Estado boletine a mansalva sobre aseguramientos de armas o drogas, la realidad es que esos resultados no se han traducido en una mayor confianza en la gente.
La SSPE también ha intentado presumir de que hay un montón de carros con reporte de robo recuperados, con el asterisco de que la mayoría los hallan abandonados, en medio de terracería, además que la relación entre detenciones y recuperación de autos nomás no transmite mucha autoridad.
Y otro de los golpes directos a la sociedad son los robos a comercio, también del fuero común, que suponen un serio fregazo a las empresas en Sinaloa, las cuales aparte de sufrir meses de inseguridad e incertidumbre para trabajar, deben lidiar con daños económicos provocados por un robo o asalto.
Estos delitos, todos del fuero común, sí le competen y de lleno tanto al Gobierno del Estado como a los ayuntamientos, como recordatorio de que gobernar un territorio no sólo es para entregar calles pavimentadas o dar banderazos de inicios de obras, sino que la seguridad pública tiene su arista local que deben atender.
De no tener registro en Sinaloa, y sigue sin tenerlo, el Partido Verde Ecologista de México está tomando (aparentemente) fuerza en el estado cobijado por la sombra de Morena.
Después de un opaco e inoperante líder como José “El Pepín” Aispuro, el Verde Ecologista cayó en las manos de quien se convirtió en el principal operador del Gobernador Rubén Rocha Moya en la 64 Legislatura del Congreso del Estado: Ricardo Madrid Pérez.
El hijo pródigo el ex Gobernador y hoy Embajador, Quirino Ordaz Coppel, escaló de manera silenciosa en la esfera política; y citando una de las emblemáticas frases en Juego de Tronos “El caos es una escalera”, Madrid Pérez agarró de peldaño cada falla morenista en el Congreso local, amarró curul federal y como premio a tragarse una abucheada pública sin hacer gesto, le regalaron el partido satélite de Morena, que ya es la segunda fuerza política en el Congreso local, tiene la Presidencia de la Mesa Directiva, preside la Comisión que desaforó a Gerardo Vargas, tiene regidoras cooptadas que llegaron a los cabildos por otros partidos, y ahora la Alcaldía de Ahome con Antonio Menéndez, una de las tres más importantes de Sinaloa.
Al igual que los guindas, el Verde tiene puertas giratorias para los desertores del PRI, PAN y los que se acumulen en la semana, que no extrañaría que llegara algún naranja por ahí; priistas y panistas inconformes, que se van sin hacer mucho ruido, pero todavía no tienen tanta desvergüenza para irse a Morena, o no quieren aguantar la abucheada.
Lo cierto es que el Verde, “haiga sido como haiga sido”, está armándose de cara al 2027, con el espaldarazo de Rocha Moya y no dudaríamos que también una mano de Madrid, y no precisamente Ricardo.
Con la entrega del Partido Verde al joven político que empezó de recadero de Quirino, y ahora es Diputado federal y líder partidista, Rocha Moya le hizo honor a uno de los dichos del líder de la 4T: Amor con amor se paga.
El martes cerramos la edición de Noroeste sin poder confirmar con ninguna fuente oficial el asesinato de dos niñas tras un enfrentamiento en Badiraguato entre militares y civiles armados. Lo sabíamos extraoficialmente pero por lo delicado del tema y la falta de datos mínimos preferimos aguantar y reportar lo que teníamos: una familia herida.
Este miércoles lo confirmamos y mientras la indignación subía en redes, a la vocería de seguridad se presentó el Gobernador Rubén Rocha Moya para leer un comunicado sobre el asunto: expresó su pésame y solidaridad con las familias, lamentó el hecho como padre y como gobernante y citó la lista de instituciones que atenderían el caso, entre ellas la Fiscalía General de la República, quien será responsable de la investigación.
Desde acá reconocemos que haya sido el Gobernador y no un Secretario o la propia vocería quien se manifestara por esa desgracia. Y aunque no aceptó preguntas y se limitó a leer el comunicado que llevaba preparado, creemos que era lo menos que podía hacer el titular del Ejecutivo. Prometió, obviamente, que no habría impunidad en el caso.
Ahora, el asunto de la FGR no es menor, porque implica que no tienen claro de donde salieron las balas que asesinaron a las menores Alexa y Leydi, de 7 y 11 años respectivamente.
Por eso hay que exigir de manera permanente y hasta que haya resultados, que esta investigación avance con celeridad y pulcritud, porque perder a dos niñas inocentes de esa manera tan violenta no hay forma de repararlo, lo que quiere decir que lo menos que debe recibir su familia es justicia y verdad.
Claro está que en los ocho meses de emergencia que llevamos en Sinaloa, los delitos que más han lastimado moral y emocionalmente a la ciudadanía son los de alto impacto como homicidios y desaparición de personas, que han alcanzado sus registros máximos históricos en medio de esta pugna criminal.
Resulta prioritario el combate a esta crisis, el detalle es que nuestras autoridades locales parece que, lejos de ayudar, se escudan en que le compete a la Federación para dejarle el changarro a las corporaciones nacionales por ser muchos delitos del fuero federal.
Y mientras los ojos están puestos, con justa razón, en la ruptura del Cártel de Sinaloa que ha desatado el caos en el estado con crímenes de alto impacto, para algunos pasan por debajo del radar los otros delitos que afectan de manera aún más directa a la gente.
Sobre eso se pronunció ayer el ingeniero Javier Llausás Magaña, director de la iniciativa ciudadana Construyendo Espacios para la Paz, organismo que desde su trinchera le hace la lucha por promover valores y programas para una mejor convivencia social.
El activista cuestionó que los robos de vehículo, de comercio, a transeúnte o asalto, o delitos del fuero común como los ataques a vivienda, también han repuntado de manera alarmante, y pareciera que las autoridades nomás no reaccionan.
Razón no le falta tampoco al ingeniero Llausás, pues aunque luego la Secretaría de Seguridad Pública del Estado boletine a mansalva sobre aseguramientos de armas o drogas, la realidad es que esos resultados no se han traducido en una mayor confianza en la gente.
La SSPE también ha intentado presumir de que hay un montón de carros con reporte de robo recuperados, con el asterisco de que la mayoría los hallan abandonados, en medio de terracería, además que la relación entre detenciones y recuperación de autos nomás no transmite mucha autoridad.
Y otro de los golpes directos a la sociedad son los robos a comercio, también del fuero común, que suponen un serio fregazo a las empresas en Sinaloa, las cuales aparte de sufrir meses de inseguridad e incertidumbre para trabajar, deben lidiar con daños económicos provocados por un robo o asalto.
Estos delitos, todos del fuero común, sí le competen y de lleno tanto al Gobierno del Estado como a los ayuntamientos, como recordatorio de que gobernar un territorio no sólo es para entregar calles pavimentadas o dar banderazos de inicios de obras, sino que la seguridad pública tiene su arista local que deben atender.
De no tener registro en Sinaloa, y sigue sin tenerlo, el Partido Verde Ecologista de México está tomando (aparentemente) fuerza en el estado cobijado por la sombra de Morena.
Después de un opaco e inoperante líder como José “El Pepín” Aispuro, el Verde Ecologista cayó en las manos de quien se convirtió en el principal operador del Gobernador Rubén Rocha Moya en la 64 Legislatura del Congreso del Estado: Ricardo Madrid Pérez.
El hijo pródigo el ex Gobernador y hoy Embajador, Quirino Ordaz Coppel, escaló de manera silenciosa en la esfera política; y citando una de las emblemáticas frases en Juego de Tronos “El caos es una escalera”, Madrid Pérez agarró de peldaño cada falla morenista en el Congreso local, amarró curul federal y como premio a tragarse una abucheada pública sin hacer gesto, le regalaron el partido satélite de Morena, que ya es la segunda fuerza política en el Congreso local, tiene la Presidencia de la Mesa Directiva, preside la Comisión que desaforó a Gerardo Vargas, tiene regidoras cooptadas que llegaron a los cabildos por otros partidos, y ahora la Alcaldía de Ahome con Antonio Menéndez, una de las tres más importantes de Sinaloa.
Al igual que los guindas, el Verde tiene puertas giratorias para los desertores del PRI, PAN y los que se acumulen en la semana, que no extrañaría que llegara algún naranja por ahí; priistas y panistas inconformes, que se van sin hacer mucho ruido, pero todavía no tienen tanta desvergüenza para irse a Morena, o no quieren aguantar la abucheada.
Lo cierto es que el Verde, “haiga sido como haiga sido”, está armándose de cara al 2027, con el espaldarazo de Rocha Moya y no dudaríamos que también una mano de Madrid, y no precisamente Ricardo.
Con la entrega del Partido Verde al joven político que empezó de recadero de Quirino, y ahora es Diputado federal y líder partidista, Rocha Moya le hizo honor a uno de los dichos del líder de la 4T: Amor con amor se paga.
