El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, acomodó a los nuevos miembros de su gabinete y con ello repartió premios y saldó deudas.

Los nombres más llamativos son el de la hija del finado Héctor Melesio Cuén Ojeda, Angélica Cuén Díaz, que será directora de Torres Académicas, cargo que suena a invento pero sí existe en la UAS.

También se le dio cargo a Alfonso Ontiveros Salas, quien fue defensor de la pandilla encabezada por Madueña Molina que desfalcó a la UAS. El señorón repetirá cargo como director de asuntos jurídicos de la UAS, y seguramente no es por su trabajazo defendiendo a Madueña Molina y a sus secuaces.

Y el ex diputado y docente Sergio Mario Arredondo Salas fue asignado a la Secretaría Académica.

En el caso de la hija de Cuén y del vaquetón de Ontiveros Salas, los nombramientos no son por capacidad sino por considerar saldar cuentas con ellos ya que la familia Cuén Díaz sirvió muchísimo a Madueña Molina cuando estuvo hasta el cuello de procesos penales, y el abogaducho pues sirvió para hacer grilla.

Es que el caso de Ontiveros frente a asuntos jurídicos es tan falto de interés para que se haga un trabajo real que bien pudieron poner ahí al Wilfredo Ibarra, nomás para llenar el hueco.

Y en el caso de Sergio Mario Arredondo esperamos que esta posición sea síntoma de una reconstrucción verdadera dentro de la UAS, pues hay que recordar que fue de los más públicos disidentes al régimen cuenista y pasista que gobernó a la institución hasta el asesinato de Cuén Ojeda. Sin duda se merece este cargo, pero sólo queda esperar que no sea de puro nombre y se le permita tomar decisiones adecuadas y de provecho a la institución.

En cuanto al resto del gabinete de Madueña Molina sólo queda alertarlos, pues la reputación le precede a buena parte de ese grupo, empezando por el reelecto Rector, y no vaya ser que también salgan embarrados como ya pasó en 2023.

Y otra cosa que no podemos dejar de decir es que nos sorprendió muchísimo que siendo domingo y con tanto calor, ni Madueña ni varios de los que ahí andaban se enfermaron esta vez y estuvieron puntualitos en el evento.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa ya no hallan la puerta con tanta manifestación que ha mantenido sin servicio a la institución.

En lo que va de mes al menos dos manifestaciones han impedido que los empleados de la CEDH entren al edificio. Las manifestaciones, de representantes de policías y de un colectivo de buscadoras, han bloqueado las puertas del edificio.

La cosa es que este lunes la CEDH decidió responder con un comunicado en el que pone a disposición de la ciudadanía los canales alternos a la vía presencial para tomar denuncias de violaciones a los derechos humanos, no sin antes dedicar unas líneas para decir que los manifestantes fueron hostiles con los trabajadores de la CEDH y que por ello no fueron atendidos.

Estamos de acuerdo con que se privilegie la seguridad del personal y se busque prevenir cualquier incidente más grave, sobre todo cuando es bastante notorio que los manifestantes traen una clara agenda contra Loza y ahora la institución la paga.

La pregunta que nos hacemos es por qué surgen ahora estas inconformidades y no antes, cuando “El Profe” no era el titular.

Pero nos parece importante destacar que en ningún párrafo del comunicado de la CEDH se expone cómo serán tratados los grupos que se manifestaron para atender sus quejas, por difícil que suene, y sobre todo cómo se seguirá brindando la atención a las víctimas que se acumulan todos los días y que claramente no pueden esperar a que se abran unas oficinas.

Ayer se cumplieron nueve meses de que la ola de violencia se desató en Culiacán y alcanzó a buena parte del estado. En ese periodo los saldos de víctimas son de crisis humanitaria: más de mil 400 homicidios, mil 500 personas privadas de la libertad, más de 5 mil autos robados, más de mil detenidos y casi 100 civiles abatidos en enfrentamientos; sólo por mencionar las violencias más visibles.

Pero como si los datos no fueran suficientemente grandes, lo grave es que en promedios diarios estamos prácticamente como al principio en asesinatos, robos de vehículos, robos a comercio y otras violencias. Las desapariciones han bajado ligeramente pero siguen siendo bastante altas, y los cuerpos y las osamentas ya empezaron a surgir de manera masiva en fosas en Culiacán y Mazatlán, encontrados por supuesto por los colectivos de buscadoras y no por las autoridades.

Vivimos pues, una guerra que el Estado no ha reconocido en su verdadera dimensión, y que mantiene estrategias securitarias volátiles, con destellos de fuerza gubernamental, pero que no alcanza para parar a la maquinaria del crimen organizado.

Son nueve meses de masacres, de muertes, de desapariciones y de robos, en los que la sociedad ha vagado huérfana y se ha reagrupado para reconstruir el tejido social una y otra vez a pesar de un Gobierno permisivo con la violencia y que insiste en que hay resultados aunque sean insuficientes.

Madres y padres han llorado por sus hijos e hijas, y también hijos e hijas han llorado por sus madres y sus padres, buscando un consuelo que no llegará pues el estado ha sido incapaz de protegerlos.

Pareciera que en estos nueve meses de crisis de seguridad la estrategia gubernamental no ha sido combatir, sino vigilar a que el narco se reacomode solo y que el monopolio de la violencia quede en manos de un solo dueño.

A mediados de septiembre de 2024, el Comandante de la Tercera Región Militar Francisco Jesús Leana Ojeda, dijo que el fin de la violencia dependía de los grupos criminales. En ese momento fue removido del cargo, pero más que una imprudencia ha sido el único funcionario en el tema de seguridad que ha declarado lo que piensa. Sin justificar sus comentarios desafortunados que revelan un Estado indolente ante la inseguridad, ese militar se sinceró.

Esas palabras, que resultan ofensivas para un pueblo que sufre, parecen estar talladas en piedra en Sinaloa y respaldadas por el comportamiento gubernamental: el Gobierno no es un actor activo en la pugna del crimen organizado.

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, acomodó a los nuevos miembros de su gabinete y con ello repartió premios y saldó deudas.

Los nombres más llamativos son el de la hija del finado Héctor Melesio Cuén Ojeda, Angélica Cuén Díaz, que será directora de Torres Académicas, cargo que suena a invento pero sí existe en la UAS.

También se le dio cargo a Alfonso Ontiveros Salas, quien fue defensor de la pandilla encabezada por Madueña Molina que desfalcó a la UAS. El señorón repetirá cargo como director de asuntos jurídicos de la UAS, y seguramente no es por su trabajazo defendiendo a Madueña Molina y a sus secuaces.

Y el ex diputado y docente Sergio Mario Arredondo Salas fue asignado a la Secretaría Académica.

En el caso de la hija de Cuén y del vaquetón de Ontiveros Salas, los nombramientos no son por capacidad sino por considerar saldar cuentas con ellos ya que la familia Cuén Díaz sirvió muchísimo a Madueña Molina cuando estuvo hasta el cuello de procesos penales, y el abogaducho pues sirvió para hacer grilla.

Es que el caso de Ontiveros frente a asuntos jurídicos es tan falto de interés para que se haga un trabajo real que bien pudieron poner ahí al Wilfredo Ibarra, nomás para llenar el hueco.

Y en el caso de Sergio Mario Arredondo esperamos que esta posición sea síntoma de una reconstrucción verdadera dentro de la UAS, pues hay que recordar que fue de los más públicos disidentes al régimen cuenista y pasista que gobernó a la institución hasta el asesinato de Cuén Ojeda. Sin duda se merece este cargo, pero sólo queda esperar que no sea de puro nombre y se le permita tomar decisiones adecuadas y de provecho a la institución.

En cuanto al resto del gabinete de Madueña Molina sólo queda alertarlos, pues la reputación le precede a buena parte de ese grupo, empezando por el reelecto Rector, y no vaya ser que también salgan embarrados como ya pasó en 2023.

Y otra cosa que no podemos dejar de decir es que nos sorprendió muchísimo que siendo domingo y con tanto calor, ni Madueña ni varios de los que ahí andaban se enfermaron esta vez y estuvieron puntualitos en el evento.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa ya no hallan la puerta con tanta manifestación que ha mantenido sin servicio a la institución.

En lo que va de mes al menos dos manifestaciones han impedido que los empleados de la CEDH entren al edificio. Las manifestaciones, de representantes de policías y de un colectivo de buscadoras, han bloqueado las puertas del edificio.

La cosa es que este lunes la CEDH decidió responder con un comunicado en el que pone a disposición de la ciudadanía los canales alternos a la vía presencial para tomar denuncias de violaciones a los derechos humanos, no sin antes dedicar unas líneas para decir que los manifestantes fueron hostiles con los trabajadores de la CEDH y que por ello no fueron atendidos.

Estamos de acuerdo con que se privilegie la seguridad del personal y se busque prevenir cualquier incidente más grave, sobre todo cuando es bastante notorio que los manifestantes traen una clara agenda contra Loza y ahora la institución la paga.

La pregunta que nos hacemos es por qué surgen ahora estas inconformidades y no antes, cuando “El Profe” no era el titular.

Pero nos parece importante destacar que en ningún párrafo del comunicado de la CEDH se expone cómo serán tratados los grupos que se manifestaron para atender sus quejas, por difícil que suene, y sobre todo cómo se seguirá brindando la atención a las víctimas que se acumulan todos los días y que claramente no pueden esperar a que se abran unas oficinas.

Ayer se cumplieron nueve meses de que la ola de violencia se desató en Culiacán y alcanzó a buena parte del estado. En ese periodo los saldos de víctimas son de crisis humanitaria: más de mil 400 homicidios, mil 500 personas privadas de la libertad, más de 5 mil autos robados, más de mil detenidos y casi 100 civiles abatidos en enfrentamientos; sólo por mencionar las violencias más visibles.

Pero como si los datos no fueran suficientemente grandes, lo grave es que en promedios diarios estamos prácticamente como al principio en asesinatos, robos de vehículos, robos a comercio y otras violencias. Las desapariciones han bajado ligeramente pero siguen siendo bastante altas, y los cuerpos y las osamentas ya empezaron a surgir de manera masiva en fosas en Culiacán y Mazatlán, encontrados por supuesto por los colectivos de buscadoras y no por las autoridades.

Vivimos pues, una guerra que el Estado no ha reconocido en su verdadera dimensión, y que mantiene estrategias securitarias volátiles, con destellos de fuerza gubernamental, pero que no alcanza para parar a la maquinaria del crimen organizado.

Son nueve meses de masacres, de muertes, de desapariciones y de robos, en los que la sociedad ha vagado huérfana y se ha reagrupado para reconstruir el tejido social una y otra vez a pesar de un Gobierno permisivo con la violencia y que insiste en que hay resultados aunque sean insuficientes.

Madres y padres han llorado por sus hijos e hijas, y también hijos e hijas han llorado por sus madres y sus padres, buscando un consuelo que no llegará pues el estado ha sido incapaz de protegerlos.

Pareciera que en estos nueve meses de crisis de seguridad la estrategia gubernamental no ha sido combatir, sino vigilar a que el narco se reacomode solo y que el monopolio de la violencia quede en manos de un solo dueño.

A mediados de septiembre de 2024, el Comandante de la Tercera Región Militar Francisco Jesús Leana Ojeda, dijo que el fin de la violencia dependía de los grupos criminales. En ese momento fue removido del cargo, pero más que una imprudencia ha sido el único funcionario en el tema de seguridad que ha declarado lo que piensa. Sin justificar sus comentarios desafortunados que revelan un Estado indolente ante la inseguridad, ese militar se sinceró.

Esas palabras, que resultan ofensivas para un pueblo que sufre, parecen estar talladas en piedra en Sinaloa y respaldadas por el comportamiento gubernamental: el Gobierno no es un actor activo en la pugna del crimen organizado.