En la Universidad Autónoma de Sinaloa no todo fue solemnidad, discursos y reconocimientos durante la entrega de los Doctorados Honoris Causa.
Mientras en el auditorio se hablaba de ciencia, conocimiento y futuro, en los pasillos y espacios de la Rectoría el ambiente fue muy distinto: tenso, ríspido y, según versiones de quienes estuvieron presentes, con intercambio de palabras que subieron rápidamente de tono hasta llegar a los empujones y las “gaznatadas”.
El motivo no era menor. De un lado, trabajadores y jubilados inconformes con la llamada reingeniería universitaria impulsada por el Rector Jesús Madueña Molina; del otro, los grupos que operan como fuerza de contención dentro del campus, señalados por los propios manifestantes como porros contratados bajo la figura de guardias.
El choque no fue casual. Coincidió con un momento políticamente sensible: la presencia de Annie Pardo Cemo, madre de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien acudió a recibir el reconocimiento universitario.
Para los inconformes, la visita representaba una oportunidad inmejorable para visibilizar sus reclamos directamente ante una figura con peso simbólico y político.
Pero ese intento no llegó lejos.
Antes de que pudieran acercarse o hacer pública su inconformidad, los accesos y movimientos fueron contenidos.
Ahí fue donde comenzaron los roces: primero verbales, luego físicos. No es una escena nueva en la vida universitaria sinaloense, pero sí una que contrasta con el discurso institucional de apertura, diálogo y construcción colectiva.
Lo que ocurrió deja varias lecturas incómodas: el uso de grupos de choque, o como se les quiera llamar, sigue siendo un recurso vigente para contener la disidencia. Cambian los nombres, pero no las prácticas.
Y quizá la más delicada: el intento de llevar el conflicto interno a oídos de una figura vinculada al poder federal habla de la desconfianza en los canales internos de la propia Universidad. Cuando los inconformes buscan “saltar” la estructura institucional, el mensaje es claro: sienten que no están siendo escuchados.
Mientras dentro del auditorio se hablaba de “ensanchamiento del conocimiento” y “compromiso social”, afuera se imponía otra realidad: la de una comunidad dividida, donde el diálogo se sustituye por la contención y la protesta por el forcejeo.
La UAS celebró a dos figuras de la ciencia, pero también dejó ver, entre empujones y reclamos, que su propio debate interno está lejos de resolverse. Y ese, a diferencia del reconocimiento honorífico, no se puede aplazar con ceremonia.
Qué vergüenza.
El Partido Acción Nacional soltó una cifra que cala de 3 mil asesinatos en lo que va de esta guerra que nadie frena.
El dardo fue directo al Tercer Piso, ya que le recordaron al Gobernador Rubén Rocha Moya que los retenes sirven para detener ciudadanos, pero no para parar las balas.
Según el PAN, las familias sinaloenses sólo están recibiendo estadísticas en lugar de justicia.
Los panistas se lanzaron contra el hachazo a las Organizaciones No Gubernamentales y calificaron de perversa la jugada de quitarle la deducibilidad a las donaciones para grupos que atienden desde el cáncer hasta la evaluación educativa.
El coraje es doble porque, mientras a las asociaciones locales les dicen que se rasquen con sus uñas, el Gobierno federal anda muy generoso mandando petróleo y haciendo coperacha para Cuba.
Así las cosas, austeridad para los de casa, generosidad para los de fuera.
Sobre el precio base de 4 mil 500 pesos para la cosecha, el PAN aplicó la de ver para creer.
Recordaron que hace meses les prometieron a los productores que no les cobrarían cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y al final, los requerimientos y las multas llegaron más puntuales que los apoyos.
Veremos si esta vez la promesa de comercialización no termina siendo otro surco vacío para los agricultores que llevan siete años en el abandono.
de la violencia
En Culiacán todo sigue su curso, o eso parece.
Habrá elección de síndicos, mesas receptoras, conteos y actas.
Un proceso “ordenado”, según la narrativa oficial.
Pero en paralelo, hay comunidades donde la gente ya no está.
El dato se menciona casi como trámite: una casilla especial para personas desplazadas de Tepuche.
Como si fuera un ajuste logístico.
Como si no implicara que hubo que salir huyendo.
Ahí está la contradicción.
Se organiza una elección en sindicaturas marcadas por la violencia, mientras se habilitan mecanismos para quienes ya no pueden vivir en ellas.
Se instala la urna... después del abandono.
La Regidora Cinthia Valenzuela Langarica habla de acuerdos, de distribución de mesas, de capacitación.
Todo bajo control, menos el contexto.
Porque no es para menos que el derecho al voto se garantice lejos del lugar donde ese derecho debería ejercerse.
No es cualquier detalle, es el reflejo de una realidad que se normaliza.
Se vota, sí.
Pero no todos votan desde su casa.
Se participa, sí.
Pero en medio de una crisis que no se nombra con la misma claridad con la que se cuentan las mesas.
Y aun así, el proceso sigue.
Como si fueran dos historias distintas.
La de la democracia en papel.
Y la de la gente que tuvo que irse para poder, irónicamente, seguir participando en ella.
¡FOUL! La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos emitió un posicionamiento por las acciones del colectivo Guerreros Azules, pues están preocupados por el bloqueo de las instalaciones de la CEDH ¡por Yesenia Rojo, supuesta defensora derechos humanos!
