El señalamiento que hizo el Diputado federal Mario Zamora Gastélum sobre el presupuesto federal y la falta de recursos destinados para obras y proyectos destinados a Sinaloa, puede verse de dos maneras.

La más facilona es señalar que obviamente el Legislador priista, ex candidato a la Gubernatura de Sinaloa, está queriendo aprovechar la situación para sacar raja política, ponerse en el escaparate y hacerse ver como que a él es al único que le interesa Sinaloa.

La otra es la más seria, y de la que nadie ha querido hablar en estos años en que los morenistas han estado fabricando legisladores que se supone iban a aprender y nunca terminaron de fraguarse.

Hace cuánto tiempo no vemos una conferencia de prensa de un Legislador federal, para anunciar las gestiones que han hecho para conseguir recursos extraordinarios y aterrizarlos en proyectos prioritarios en Sinaloa.

Más allá de la reactivación del tren El Sinaloense o la carretera Topolobampo-Chihuahua, por la que el priista mochiteco ha hecho videos en redes sociales, hay otras obras que también son prioritarias, que sin duda no son tan caras y por supuesto tampoco tan populares, pero que arreglan problemas que las comunidades padecen.

Por ejemplo, el puente de acceso a un poblado que ya tiene por fuera las varillas de acero con forman su esqueleto, y que podría colapsar en cualquier momento, caminos que antes eran sacacosechas y que hoy son para salir de comunidades que se han fundado entre tierras de cultivo y lo padecen cuando llueven, o de plano lugares a donde todavía no llega la infraestructura de agua potable y alcantarillado o servicios de energía eléctrica por la falta de postes o estructuras.

Sabemos y entendemos que esa no es una responsabilidad entera de un Legislador, pero hacerlo, concretar gestiones, habla mucho del interés que existe por servir, por ser útil, de otra forma su paso por las legislaturas se vuelven intrascendentes.

Y no es que extrañemos a los dinosaurios del PRI y del PAN que se peleaban por mostrar los resultados de sus gestiones ante los medios, pero ¿de plano estos morenos están más perdidos que un balde de machigüe? ¿Usted cómo la ve?

El Gobierno federal y el IMSS acaban de aplicar su remedio favorito para los males del sistema: cuando no puedes vigilar la casa, le pones candado a la puerta y dejas afuera a todos, paguen o no renta.

La decisión de acotar y restringir la Modalidad 40 se ha vendido con la narrativa habitual del “combate a los esquemas de simulación y los fraudes millonarios”. Pero seamos claros: la medicina no busca curar la enfermedad, sino esconder la ineptitud institucional debajo de la alfombra.

El problema nunca fue la Ley ni la oportunidad legítima que tenían miles de trabajadores de la Ley de 1973 para invertir sus propios ahorros, cotizar más alto y aspirar a un retiro digno. El problema de origen, el de a verdad, es que el IMSS fue incapaz de poner un freno a tiempo a la red de manipulación, “coyotaje” y alteración de registros que creció durante años en sus propias narices.

¿O a poco creyeron que esos esquemas de simulación se hacían por arte de magia desde una computadora en un café internet? Para inflar salarios de la noche a la mañana, “reaparecer” semanas cotizadas fantasma o armar historiales a la medida se necesitaba, a fuerza, la complacencia, el guiño y la mano directa de personal interno en las subdelegaciones del Seguro Social.

Todos conocemos a un gestor, casi siempre empleado o ex empleado del IMSS que “vende sus favores” ofreciendo el servicio de acomodar fechas de ingreso, semanas cotizadas, salarios o lo que sea a personas que no tenían el derecho ni los acumulados necesarios para alcanzar la Modalidad 40. Y sabemos que muchos de esos trabajadores se han hecho millonarios con el “servicio” que ofrecen.

Así, mientras el negocio florecía por dentro, la autoridad miró hacia otro lado, dejando que la bola de nieve creciera hasta convertirse en un hoyo financiero insostenible.

Ahora que las cuentas no cuadran, la respuesta del Estado no fue realizar auditorías profundas, sanear sus entrañas ni encarcelar a las mafias operativas que lucraron con el sistema. La solución, rápida y cómoda, fue cambiar las reglas a mitad del partido y castigar al ciudadano, peor aún, al trabajador real.

Como de costumbre con los gobiernos, terminan pagando justos por pecadores. El trabajador que ahorró peso sobre peso con esfuerzo legítimo para financiar sus aportaciones voluntarias se queda con el plato roto en la mano.

Cortar de tajo los derechos de cotización no es un acto de justicia ni de austeridad, la realidad es que al IMSS no pudo o no quiso realizar la fiscalización interna y prefirió pisotear el futuro de los cotizantes antes que limpiar su propia casa.

El socavón de la calle Juan Carrasco, en Guasave, duró más de cinco meses sin reparación.

El profesor e investigador Píndaro Álvarez Ruiz cayó en él el 1 de febrero y murió horas después. Tres días más tarde, el Ayuntamiento obtuvo la autorización de inversión para arreglar la vialidad. Los tiempos de la administración municipal merecen una explicación.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa ya habló de negligencia.

El hundimiento era un riesgo conocido, pero las medidas para proteger a quienes pasaban por ahí terminaron siendo conos y cinta amarilla. Como si con eso bastara para advertir del peligro y, de paso, quitarse el problema de encima.

Ahora sí hay una recomendación, cuatro medidas que cumplir y posibles responsabilidades administrativas por investigar. Todo eso después de que un hombre perdió la vida en una calle que llevaba meses esperando reparación.

¿Qué hizo falta para que el Ayuntamiento atendiera el problema antes del accidente? Porque el socavón no apareció de un día para otro ni estaba escondido en algún terreno remoto. Estaba en una vialidad del centro de Guasave.

La CEDH también pidió reparar el daño a la familia de Píndaro, incluida su esposa, de quien dependían económicamente tanto ella como su hija menor de edad.

Y todavía queda por ver si se determinarán responsabilidades entre las dependencias y el personal que debía atender el hundimiento. Porque una cosa es que el Ayuntamiento autorice una obra y otra, muy distinta, que explique por qué llegó hasta después de una muerte.

El Gobierno municipal tendrá que fijar su postura y, si la acepta, acreditar su cumplimiento. Ojalá que esta vez los trámites no se tomen otros cinco meses.

El socavón ya dejó de ser un pendiente de obra pública, ahora es también la evidencia de lo que puede pasar cuando un riesgo conocido sigue ahí y nadie consigue resolverlo a tiempo.

¡FOUL!... La Gobernadora hizo evento grande en Villa Juárez como ejemplo de recuperación; ayer Solange Peinado, coordinadora de la Mesa de Paz, dijo que el poblado sufre ¡altos niveles de violencia familiar!