La imagen no puede ser más elocuente ni más desoladora: una camioneta baleada irrumpiendo a toda velocidad en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Mazatlán buscando refugio, con un herido de tres impactos de bala a bordo, y mientras alcanza a ser atendido en las propias instalaciones del recinto aeroportuario, las puertas de la terminal se cierran para proteger a turistas y trabajadores.

Lo ocurrido este domingo no es un hecho aislado; es la radiografía de nuestra realidad, una en la que se vulneran los espacios que alguna vez creímos intocables.

La persecución, iniciada en la Carretera Internacional, a la altura de El Castillo, y extendida hasta el entronque al aeropuerto, demuestra una vez más que,los armados continúan operando libremente sin importar el flujo vehicular, las familias que circulan en la zona, ni las zonas estratégicas o la presencia de corporaciones. La violencia cotidiana actúa con una impunidad tal que vulnera las vías de comunicación y las puertas de entrada de un destino turístico internacional como Mazatlán.

Frente a la gravedad del suceso, la respuesta institucional encapsulada en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa insiste en una fórmula ya conocida: “la situación está bajo control” y “los vuelos operan con normalidad”.

Si bien es cierto que la rápida intervención de la Guardia Nacional evitó una tragedia mayor dentro de las instalaciones y restableció el flujo operativo, reducir el impacto de un hecho así a un parte de tranquilidad administrativa resulta, como mínimo, inquietante.

¿De qué sirve que las pistas sigan operando si la ruta para llegar a ellas se ha vuelto una zona de riesgo? ¿Cómo se sostiene la narrativa de la “normalidad” cuando un civil herido de bala tiene que usar el estacionamiento de la terminal aérea como trinchera para salvar su vida?

Normalizar que las balaceras alcancen las inmediaciones del aeropuerto es aceptar el fracaso de las estrategias de contención en las arterias principales del puerto.

La seguridad no se mide únicamente por la rapidez con la que se reabre un edificio o se emite un boletín oficial; se mide en la capacidad real de evitar que las armas dominen las calles a plena luz del día. Mientras sigamos celebrando que “sólo” hubo un herido y que los vuelos no se cancelaron, estaremos normalizando lo inaceptable.

Sí, sabemos y constatamos que Mazatlán está lleno de elementos y patrullas de corporaciones militares y federales, eso se percibe por doquier, pero la sensación de inseguridad no se quita y los hechos diarios lo demuestran.

La absurda muerte del bebé de 16 meses, Juan Alejandro, ocurre para recordarnos que la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa está más viva que nunca, que las autoridades ni federales ni estatales tienen control de nada y que nadie tenemos garantizado el día de mañana, porque a los agresores no les importa a quién van a matar.

El hecho ocurrió la noche de este sábado, alrededor de las 20:30 horas, afuera de un domicilio en el fraccionamiento Prados del Sur, en donde varias personas se encontraban reunidas.

El reporte detalló que un grupo de personas armadas llegó al lugar y disparó a discreción, lo que provocó la muerte de Juan Alberto y otra persona, y dos más resultaran heridas; también murió después uno de los supuestos agresores que había resultado herido en condiciones no muy claras.

Como muchos de ustedes recordarán, la guerra entre facciones estalló el 9 de septiembre de 2024, y este nuevo hecho doloroso, que convulsiona de nuevo al estado, por lo absurdo de la muerte de Juan Alberto, hace sentir que no hemos avanzado mucho, pues aunque los estallidos de enfrentamientos en zonas rurales y las ciudades han bajado considerablemente, aún hay grupos armados que recorren las calles de nuestra ciudad con toda impunidad.

Mientras las autoridades federales anuncian y presumen avances y reducciones históricas, en Sinaloa seguimos poniendo los muertos o sobreviviendo en un México muy diferente, pues aunque llenen las calles de militares y policías federales y estatales, siempre habrá un grupo de bárbaros y despiadados dispuestos a matar niños, mujeres y adultos.

Todavía es más triste pensar que Juan Alberto vivió menos que lo que ha durado esta guerra, y ningún gobierno pudo garantizarle algún derecho fundamental, más allá de haber nacido mexicano.

No cabe duda, que vivimos en uno de los peores momentos de nuestra historia.

El Gobierno de Sinaloa ya contrató mil 100 millones de pesos de deuda de corto plazo con BBVA y Santander. El procedimiento, según el fallo publicado, fue competitivo y se eligieron las propuestas con menor costo financiero.

Hasta ahí, todo en orden.

Lo que falta saber, y convendría que la Secretaría de Administración y Finanzas explique con la misma precisión con la que informó tasas, sobretasas y bancos, es para qué se van a utilizar exactamente esos mil 100 millones de pesos.

El argumento oficial es que servirán para atender “necesidades temporales de liquidez” de la administración estatal. Pero esa expresión puede abarcar prácticamente cualquier cosa.

¿Se utilizarán para cubrir gasto operativo? ¿Para pagar proveedores? ¿Para compromisos de fin de año? ¿Para nómina? ¿Para obra pública? ¿Para cubrir algún boquete presupuestal?

No es un asunto menor. Son mil 100 millones de pesos que el Gobierno tendrá que pagar antes del 31 de julio de 2027, más los intereses correspondientes.

Por eso, más allá de que el crédito haya sido contratado conforme al procedimiento establecido y con las instituciones que ofrecieron las mejores condiciones financieras, la transparencia no debería terminar en la publicación del fallo de adjudicación.

También sería deseable conocer cuánto de ese dinero se dispone, cuándo se dispone y, sobre todo, en qué se gasta.

Porque cuando se pide prestado dinero público, la pregunta no solamente es cuánto costará la deuda.

También hay que saber para qué se pidió.

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