Después de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal anunció el domingo que las ocho personas que faltaban, del grupo de 66 que fueron reportados privados de la libertad el 22 de marzo, habían regresado, y las quejas de los familiares de que no es cierto, ya tuvo que salir la Fiscalía General del Estado para intentar cuadrar una explicación que fue difícil de diferir.

El boletín, que no entendemos por qué quisieron disfrazar de conferencia de prensa, porque no dejaron preguntar, estuvo más enredado que un vaso de maruchán.

Diferentes colegas compartieron el extrañamiento, sobre todo porque lo anunciado dejó más dudas que respuestas y una explicación poco clara de lo que ocurrió esa madrugada y gran parte de aquel fatídico e inusual viernes en Culiacán.

“Debido a que no todas las personas quisieron presentar una denuncia, para anunciar que se contaban con la localización de los ausentes, corresponde a la declaración que los mismos hicieron a las fuerzas de seguridad durante el trabajo de proximación”, leyó la maestra Sara Bruna Quiñónez Estrada.

“Al no haber denuncia, y ante el contexto en el que se localizaron, se establece la confianza en lo manifestado, lo cual puede abrir diferentes hipótesis”.

El chiste es que también revelaron que no tienen los nombres completos y que si no se desactivaron los reportes de dichas desapariciones, es porque no se han acercado los familiares.

Lo peor es que todo descansa en un calculo aritmético, hubo casi 200 reportes, pero solo casi 60 justificados y otros más de oídas.

Cuando aparecieron dos grupos, sumaron 58, faltaban ocho y este mismo número coincidió con el reporte de personas dejadas en libertad el domingo, dan 66, así, sin nombres, sin lugares, sin coincidencias ni un evidente trabajo serio de investigación o indicios de que tengan ganas de hacerlo.

Aun con esta explicación, las corporaciones siguen tratando a los familiares como si no existieran, sin respuestas ni un trato digno de víctimas indirectas.

Nadie ha revisado o asistido a las casas de donde se reportaron las investigaciones para ver cómo están las familias, mucho menos después del anuncio y sus sugerencias aritméticas.

Hace falta mucho trabajo humano en nuestras dependencias.

Y usted se preguntará, ¿qué dijo Gerardo Mérida Sánchez, el Secretario de Seguridad Pública estatal? Acertó: Nada.

Curioso el golpe de timón que le dio el Gobernador Rubén Rocha Moya a su agenda para este miércoles y que prefirió mejor ahorrarse el enfrentamiento con los medios de comunicación por el tema de los 66 privados de la libertad y las denuncias de algunos familiares por la ausencia de algunos otros más.

La agenda del Gobernador incluía la firma de un convenio entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Occidente por un cheque de 30 millones de pesos que se destinará a la infraestructura y equipamiento de la institución.

Todo iba muy bien después de los eventos conmemorativos por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, hasta que anunciaron que el evento al que Rocha Moya acudiría en la UAdeO se convirtió en un acto privado en el Salón Gobernadores.

Esto es importante, porque los 30 melones se destinarán para la adquisición de computadoras, laptops para el personal académico, servicio de Internet al 100 por ciento en todas las Unidades Académicas y Extensiones, el equipamiento de laboratorios y rehabilitación de baños para los estudiantes.

Pero supimos que después de que los familiares de algunos desaparecidos salieron a decir que sus familiares no habían vuelto, pese a los anuncios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el mensaje del Gobernador del domingo, pues se tuvieron que reunir en el Palacio de Gobierno.

De la reunión salió esa extraña presentación de la Fiscalía General del Estado y la SSP para decir cosas que no convencen mucho.

Lo que sí sorprende es que Rocha, que nunca rehuye ningún tema, prefiriera dejar salir a la fiscal, que por cierto ya era hora que dijera “esta boca es mía”.

En el primer debate del tema de economía entre candidatos al Senado llevado a cabo ayer en las instalaciones de Coparmex hubo tres vacantes en los estrados, todos de las fórmulas de institutos o partidos políticos aliados de una misma ideología.

El desaire fue tan burdo que el propio presidente de Coparmex, Guillermo Bon Bustamante, recalcó que esto fue considerado como un intento de boicot.

Obvio que uno de los grandes ausentes fue Enrique Inzunza Cázarez, el ex Secretario General de Gobierno, de la fórmula de Morena.

Su ausencia le sirvió para perderse el ruidoso señalamiento que lanzó Paloma Sánchez desde su púlpito, enmarcando las acusaciones en su contra por los videos y denuncias de una magistrada.

Aunque el no ir no salvó a Imelda Castro, ya que como dijeron los asistentes del debate planea perdurar en un puesto por más años que el propio Presidente y ante eso, ¿qué tiene que hacer que no haya podido hacer en seis años?

Pero lo más roñoso del desaire al esfuerzo de Coparmex por aportar a la democracia es que los demás aliados, los candidatos del Partido del Trabajo, entre ellos el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y del Partido Verde, también ex edil Jesús Valdés Palazuelos, aunque prometieron presentarse al debate, en el último momento recularon y presentaron justificantes para no ir.

Los argumentos es que Estrada según iba a salir del estado y que los de Partido Verde tenían trabajos pendientes en Los Mochis.

Haya sido como haya sido, los candidatos asistentes a esta actividad, que fueron los del Frente Fuerza y Corazón por México y de Movimiento Ciudadano, no tuvieron más que dirigir sus comentarios a tres podios vacíos.

Pero sin duda que estos son puntos malos para quienes le sacaron la vuelta, pues estos ejercicios siempre deben ser aprovechados para mostrarse y demostrar cómo son en espacios en donde no tienen el control total de la situación.

Tache para los ausentes que se dicen demócratas pero olvidan aquello de que, para demostrarlo, hay que hacerlo todos los días.

Tal como comentamos la última vez, el hijo del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cacique y fundador del Partido Sinaloense, se aprovechó una vez más de nuestras leyes para lograr posponer por quinta vez la audiencia inicial en la que se le ha acusado de negociaciones ilícitas.

Melesio Cuén Díaz se conectó por videoconferencia a la audiencia, pero desde ahí informó al juez su decisión de revocar a los defensores públicos que le asignaron, Ana Sánchez y Alfredo Osuna.

El también ex funcionario de la UAS se aprovechó de un cambio de una de sus defensoras de oficio para nombrar a un nuevo abogado.

El juez lo permitió, pero le señaló que este es el tercer nombramiento de abogados y que aunque la Constitución respalda la libre elección de la defensa, hay una clara intención por dilatar el proceso.

Por ello, el juez le señaló que para la siguiente cita, programada para el 6 de junio a las 10:00 horas, la audiencia se realizará sin importar si el abogado particular está listo, ya que notificarán a la defensoría pública para que se haga cargo del asunto.

Como se recordará, los Cuén Díaz anunciaron primero pomposamente que Julio Hernández Barros y Nancy Solís serían sus abogados en este caso, aunque terminaron en diciembre con Milton Ayala Vega, el “agripino” o el “calenturitas”, como ya le conocen algunos.

Pero pues Cuén Díaz se volvió a salir con la suya porque al parecer en la Defensoría de Oficio hay alguien que no quiere hacer bien su trabajo y ha permitido estos desplantes.

Habrá qué preguntar y ver cómo se mueven las aguas por esos lugares, que no es la primera vez que se tienen noticias así de chafas por decisiones parecidas.

Después de que la Secretaría de Seguridad Pública estatal anunció el domingo que las ocho personas que faltaban, del grupo de 66 que fueron reportados privados de la libertad el 22 de marzo, habían regresado, y las quejas de los familiares de que no es cierto, ya tuvo que salir la Fiscalía General del Estado para intentar cuadrar una explicación que fue difícil de diferir.

El boletín, que no entendemos por qué quisieron disfrazar de conferencia de prensa, porque no dejaron preguntar, estuvo más enredado que un vaso de maruchán.

Diferentes colegas compartieron el extrañamiento, sobre todo porque lo anunciado dejó más dudas que respuestas y una explicación poco clara de lo que ocurrió esa madrugada y gran parte de aquel fatídico e inusual viernes en Culiacán.

“Debido a que no todas las personas quisieron presentar una denuncia, para anunciar que se contaban con la localización de los ausentes, corresponde a la declaración que los mismos hicieron a las fuerzas de seguridad durante el trabajo de proximación”, leyó la maestra Sara Bruna Quiñónez Estrada.

“Al no haber denuncia, y ante el contexto en el que se localizaron, se establece la confianza en lo manifestado, lo cual puede abrir diferentes hipótesis”.

El chiste es que también revelaron que no tienen los nombres completos y que si no se desactivaron los reportes de dichas desapariciones, es porque no se han acercado los familiares.

Lo peor es que todo descansa en un calculo aritmético, hubo casi 200 reportes, pero solo casi 60 justificados y otros más de oídas.

Cuando aparecieron dos grupos, sumaron 58, faltaban ocho y este mismo número coincidió con el reporte de personas dejadas en libertad el domingo, dan 66, así, sin nombres, sin lugares, sin coincidencias ni un evidente trabajo serio de investigación o indicios de que tengan ganas de hacerlo.

Aun con esta explicación, las corporaciones siguen tratando a los familiares como si no existieran, sin respuestas ni un trato digno de víctimas indirectas.

Nadie ha revisado o asistido a las casas de donde se reportaron las investigaciones para ver cómo están las familias, mucho menos después del anuncio y sus sugerencias aritméticas.

Hace falta mucho trabajo humano en nuestras dependencias.

Y usted se preguntará, ¿qué dijo Gerardo Mérida Sánchez, el Secretario de Seguridad Pública estatal? Acertó: Nada.

Curioso el golpe de timón que le dio el Gobernador Rubén Rocha Moya a su agenda para este miércoles y que prefirió mejor ahorrarse el enfrentamiento con los medios de comunicación por el tema de los 66 privados de la libertad y las denuncias de algunos familiares por la ausencia de algunos otros más.

La agenda del Gobernador incluía la firma de un convenio entre el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Occidente por un cheque de 30 millones de pesos que se destinará a la infraestructura y equipamiento de la institución.

Todo iba muy bien después de los eventos conmemorativos por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, hasta que anunciaron que el evento al que Rocha Moya acudiría en la UAdeO se convirtió en un acto privado en el Salón Gobernadores.

Esto es importante, porque los 30 melones se destinarán para la adquisición de computadoras, laptops para el personal académico, servicio de Internet al 100 por ciento en todas las Unidades Académicas y Extensiones, el equipamiento de laboratorios y rehabilitación de baños para los estudiantes.

Pero supimos que después de que los familiares de algunos desaparecidos salieron a decir que sus familiares no habían vuelto, pese a los anuncios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el mensaje del Gobernador del domingo, pues se tuvieron que reunir en el Palacio de Gobierno.

De la reunión salió esa extraña presentación de la Fiscalía General del Estado y la SSP para decir cosas que no convencen mucho.

Lo que sí sorprende es que Rocha, que nunca rehuye ningún tema, prefiriera dejar salir a la fiscal, que por cierto ya era hora que dijera “esta boca es mía”.

En el primer debate del tema de economía entre candidatos al Senado llevado a cabo ayer en las instalaciones de Coparmex hubo tres vacantes en los estrados, todos de las fórmulas de institutos o partidos políticos aliados de una misma ideología.

El desaire fue tan burdo que el propio presidente de Coparmex, Guillermo Bon Bustamante, recalcó que esto fue considerado como un intento de boicot.

Obvio que uno de los grandes ausentes fue Enrique Inzunza Cázarez, el ex Secretario General de Gobierno, de la fórmula de Morena.

Su ausencia le sirvió para perderse el ruidoso señalamiento que lanzó Paloma Sánchez desde su púlpito, enmarcando las acusaciones en su contra por los videos y denuncias de una magistrada.

Aunque el no ir no salvó a Imelda Castro, ya que como dijeron los asistentes del debate planea perdurar en un puesto por más años que el propio Presidente y ante eso, ¿qué tiene que hacer que no haya podido hacer en seis años?

Pero lo más roñoso del desaire al esfuerzo de Coparmex por aportar a la democracia es que los demás aliados, los candidatos del Partido del Trabajo, entre ellos el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y del Partido Verde, también ex edil Jesús Valdés Palazuelos, aunque prometieron presentarse al debate, en el último momento recularon y presentaron justificantes para no ir.

Los argumentos es que Estrada según iba a salir del estado y que los de Partido Verde tenían trabajos pendientes en Los Mochis.

Haya sido como haya sido, los candidatos asistentes a esta actividad, que fueron los del Frente Fuerza y Corazón por México y de Movimiento Ciudadano, no tuvieron más que dirigir sus comentarios a tres podios vacíos.

Pero sin duda que estos son puntos malos para quienes le sacaron la vuelta, pues estos ejercicios siempre deben ser aprovechados para mostrarse y demostrar cómo son en espacios en donde no tienen el control total de la situación.

Tache para los ausentes que se dicen demócratas pero olvidan aquello de que, para demostrarlo, hay que hacerlo todos los días.

Tal como comentamos la última vez, el hijo del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cacique y fundador del Partido Sinaloense, se aprovechó una vez más de nuestras leyes para lograr posponer por quinta vez la audiencia inicial en la que se le ha acusado de negociaciones ilícitas.

Melesio Cuén Díaz se conectó por videoconferencia a la audiencia, pero desde ahí informó al juez su decisión de revocar a los defensores públicos que le asignaron, Ana Sánchez y Alfredo Osuna.

El también ex funcionario de la UAS se aprovechó de un cambio de una de sus defensoras de oficio para nombrar a un nuevo abogado.

El juez lo permitió, pero le señaló que este es el tercer nombramiento de abogados y que aunque la Constitución respalda la libre elección de la defensa, hay una clara intención por dilatar el proceso.

Por ello, el juez le señaló que para la siguiente cita, programada para el 6 de junio a las 10:00 horas, la audiencia se realizará sin importar si el abogado particular está listo, ya que notificarán a la defensoría pública para que se haga cargo del asunto.

Como se recordará, los Cuén Díaz anunciaron primero pomposamente que Julio Hernández Barros y Nancy Solís serían sus abogados en este caso, aunque terminaron en diciembre con Milton Ayala Vega, el “agripino” o el “calenturitas”, como ya le conocen algunos.

Pero pues Cuén Díaz se volvió a salir con la suya porque al parecer en la Defensoría de Oficio hay alguien que no quiere hacer bien su trabajo y ha permitido estos desplantes.

Habrá qué preguntar y ver cómo se mueven las aguas por esos lugares, que no es la primera vez que se tienen noticias así de chafas por decisiones parecidas.