Una semana después
Tuvo que pasar una semana para que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se sentara frente a los padres de un menor asesinado en Culiacán. Días que para el Gobierno pueden ser parte de la agenda institucional, pero para una madre y un padre son una eternidad de duelo, rabia e incertidumbre.
El encuentro duró una hora. El crimen les arrebató la vida entera.
La narrativa oficial habla de acompañamiento y de canalizar el caso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Pero la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no desde el primer momento, cuando la indignación social comenzaba a crecer y la convocatoria a una marcha ya tomaba forma?
En Sinaloa no sólo se acumulan carpetas de investigación; también se acumulan gestos tardíos. Reunirse con las víctimas no debería ser una reacción ante la presión pública, sino una obligación inmediata en un estado donde la violencia ha dejado de ser excepción para convertirse en paisaje.
El propio Gobernador ha reconocido que hay menores entre las víctimas y menores en conflicto con la ley. Es una radiografía dolorosa. Pero aceptar el fenómeno no equivale a enfrentarlo con la urgencia que exige.
Ricardo Mizael no debe ser una estadística más. Su nombre ya encabeza una marcha. Y cuando la ciudadanía tiene que salir a la calle para pedir justicia por un adolescente asesinado, el mensaje es claro: la confianza institucional está herida.
Una semana tarde puede parecer poco en el calendario político. En el calendario del dolor, es demasiado.
Desplazados en Culiacán
Más allá del anuncio de apoyos, lo que queda del mensaje oficial son varios vacíos sobre cómo el Gobierno de Culiacán está atendiendo a las familias de las zonas rurales desplazadas por la violencia.
La Secretaria del Bienestar Municipal, Itzel Margarita Estolano, describe acciones de asistencia, pero ofrece pocos detalles sobre su funcionamiento.
Menciona apoyos alimentarios, estudios socioeconómicos y acompañamiento, sin explicar su alcance, duración o impacto.
También habla de apoyo productivo, pero no precisa qué tipo de ayuda reciben las familias ni cómo estos programas les permiten recuperar estabilidad económica o rehacer su vida.
El tema del regreso a comunidades como Tepuche se plantea como “voluntario”, y menciona apoyo de seguridad en algunos casos, como si lo que ocurriera con quien decide volver corriera bajo sus propias garantías de supervivencia.
Además, evita profundizar en el problema central: la violencia que originó el desplazamiento.
Si bien la seguridad no corresponde totalmente al municipio, la gravedad de la situación exigiría mayor claridad sobre qué papel asume la autoridad local para proteger a las familias afectadas.
Habla de atención y acompañamiento, pero sin información suficiente para entender el alcance real de los apoyos ni la estrategia frente al problema de fondo.
El regreso de los vigilantes
Después de que en diciembre, la salida hacia Navolato había quedado sin punto de control de los elementos del Ejército mexicano en Culiacán, los vecinos de San Pedro, el histórico pueblo defensor de la batalla contra los franceses, de nuevo tienen ángeles de la guarda en sus inmediaciones.
Lamentablemente no podemos decir que eso sea una vacuna eficaz para que no haya chispazos de violencia en la zona, pero la presencia sin duda hace sentir que hay cobija de parte del Gobierno federal contra los que ellos mismos llaman detonadores de violencia.
Pese a lo que representa en el papel, tampoco hay una garantía de que las cosas malas ya no pasen, pues aún con elementos de fuerzas especiales fuimos testigos de raptos, robo de vehículos, asesinatos, abandono de cadáveres y hasta presencia de grupos criminales fuertemente armados, algunos efectivamente detenidos.
Las malas lenguas señalaron que los anteriores guardianes de la zona, que mantenían puntos de control tanto de ida como de vuelta al municipio de Navolato y la zona costera, habrían sido corrompidos por los grupos criminales y por ello fueron retirados antes de que terminara el año 2025.
Un muy mal adagio fue que, ya sin presencia de las fuerzas especiales, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva sostuvo un enfrentamiento en el histórico pueblo que terminó en el abatimiento de tres presuntos sicarios y la detención de siete criminales que estaban fuertemente armados.
El hecho echó a volar la imaginación de quienes señalaban actos de corrupción previos por parte de quienes antes se encargaban de los puntos de control.
Ya entrado el 2026, la estrategia volvió a ajustarse evidentemente, desde las oficinas centrales en la capital del País, al grado de que ya casi los nuevos elementos van a cumplir un mes en la zona.
Lo cierto es que ya las condiciones son diferentes a las de antes y hay de verdad esperanza de que las cosas vayan a cambiar.
O usted ¿cómo la ve?
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