El Gobernador Rubén Rocha Moya volvió a colocarse en una zona incómoda: la de admitir que no sabe.
Esta vez, sobre un operativo realizado en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, donde hubo despliegue federal, detenciones y decomisos... pero sin información oficial disponible para el propio Ejecutivo estatal.
La escena no es menor: el principal responsable político de la seguridad en la entidad reconociendo que los datos delicados no están en sus manos.
La explicación ofrecida, que ni siquiera el titular de la FGR en Sinaloa presente en la mesa de seguridad tenía detalles, abre más preguntas que respuestas.
Si en el espacio donde se supone confluyen las autoridades para coordinar estrategias no fluye la información, entonces ¿dónde está el control?, ¿quién rinde cuentas?
Y más importante aún: ¿quién está tomando las decisiones operativas en el territorio sinaloense?
No es la primera vez que la narrativa oficial se construye sobre la base del “sí pasó, pero no sabemos cómo”.
Confirmar que hubo detenciones y decomisos sin precisar cantidades, objetivos o resultados concretos deja un vacío que rápidamente se llena con especulación social.
En contextos de alta sensibilidad en materia de seguridad, la opacidad no es neutral: erosiona la confianza.
El argumento de que la información corresponde a instancias federales tampoco exime de responsabilidad política al gobierno estatal. La coordinación en seguridad no puede traducirse en desconocimiento.
Si los operativos se ejecutan en suelo sinaloense, la ciudadanía espera que sus autoridades locales no solo estén enteradas, sino que puedan explicar con claridad qué ocurrió y por qué.
Mientras tanto, en El Salado, los habitantes hicieron lo que suele ocurrir en estos casos: reportar lo que ven ante el silencio institucional. La imagen es contundente: la población como primera fuente de información, y el gobierno confirmando a medias. En tiempos donde la seguridad exige certeza, la falta de datos oficiales no solo es una omisión; es, también, un mensaje.
Lo que se habló en el conversatorio de este jueves en Culiacán no se queda en ese espacio. En realidad, puso sobre la mesa un problema más de fondo: el cambio en el modelo de transparencia en Sinaloa y lo que eso puede implicar en la práctica.
La desaparición de la CEAIP más que una reestructura, significa quitar a un árbitro que obligaba a las autoridades a abrir información. Sin ese contrapeso, el equilibrio cambia.
Ahora, varias de esas funciones pasan al propio Gobierno. Y ahí es donde empiezan las dudas: quien genera la información también tendrá mayor control sobre cómo la entrega.
Desde el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa se ha advertido que esto puede pegarle a la rendición de cuentas. No porque el derecho desaparezca, sigue en la Constitución, sino porque puede volverse más difícil ejercerlo.
En el conversatorio se planteó que el acceso a la información podría volverse más lento o más limitado. Y eso no es menor, sobre todo para periodistas y ciudadanos que dependen de esos datos para documentar irregularidades o simplemente entender qué está haciendo el Gobierno.
Hoy, el nuevo modelo todavía no termina de definirse del todo, y eso genera incertidumbre sobre cómo va a operar.
Otro punto que se tocó es el impacto en el sistema anticorrupción. La transparencia es una pieza clave; si se debilita, también lo hacen los mecanismos para detectar y evidenciar malas prácticas.
Por eso el tema no es solo legal, es político.
Lo que se perfila es un modelo con más control desde el poder público. Y aunque en el discurso se mantenga la transparencia, en la práctica puede haber menos herramientas para exigirla.
Al final, lo que dejó el conversatorio es esa sensación de que el derecho sigue ahí, pero las condiciones para ejercerlo podrían ser más limitadas. Y eso, poco a poco, termina pesando.
La decisión que se tomó, dentro o fuera de Sinaloa, para que se diera el cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, en medio de una verdadera crisis de seguridad, no solo debe quedar ahí.
De reconocerse los resultados, como propone el Consejo Estatal de Seguridad Pública, se debe valorar y marcar una directriz para que haya una continuidad en la estrategia de seguridad.
Porque haya avances en operativos y decomisos, hay otros retos muy importantes en la profesionalización y equipamiento de policías, la redistribución del presupuesto para fortalecer las instituciones y sobre todo dar respuesta a la crisis de la desapariciones de personas, que tanto ha lastimado al estado.
El coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, sí reconoció los resultados obtenidos durante la gestión de Óscar Rentería Schazarino, pero planteó la necesidad de dar continuidad a la estrategia en curso y fortalecer las capacidades institucionales.
Este cambio, insistió, ocurre en un contexto marcado por la persistencia de hechos de violencia en la entidad, propiciada por esta guerra de facciones que estalló al interior del Cártel de Sinaloa.
Y justo por esta presión que aún existe sobre las autoridades federales para mejorar los resultados en materia de seguridad.
El coordinador recordó que efectivamente hubo una mayor actividad operativa por parte de las corporaciones.
Calderon Quevedo recalcó que “en ningún otro tiempo, ningún otro secretario había tenido tanta acción gubernamental traducida en decomisos, en operativos, en detenciones”.
Según su opinión està chamba del general Rentería Schazarino esto podría marcar un antes y un después en la trayectoria de “la titularidad de esa área tan compleja”.
Pero lo cierto es que hay opiniones encontradas, sobre todo por la falta de decisión evidente desde el gobierno estatal, la opacidad en su ejercicio y la total dependencia de las fuerzas armadas federales y dejar casi al garete nuestras instituciones de prevención, contención e impartición de justicia.
Coincidimos en que el trabajo realizado sienta un precedente para quien asuma la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública y es una vara que ahí quedará, con todas esas aristas.
Los retos entonces serán los mismos que tiene un estado, con el narcotráfico metido hasta el tuétano y con la zozobra que implica pensar en qué demonios va a pasar cuando las fuerzas federales se vayan por otra crisis en otra parte del país, cómo ya ha ocurrido en Chiapas, Oaxaca o en Jalisco.
¡FOUL! La Marina llegó desde las 4 am, se metió a una finca de los Zambada en El Salado y retuvo a Mónica, hija de “El Mayo”; pero ante los ojos de vecinos y medios tuvo que liberarla porque... ¡no tenía orden de aprehensión!
