En las últimas semanas se ha intensificado la crisis de seguridad en los rincones de Navolato, sobre todo en Villa Juárez, La Palma, la zona de El Potrero y campos pesqueros como Las Aguamitas y Las Puentes.

Esta intensa violencia registrada sugiere que la crisis se ha arrinconado allá, en uno de los últimos pedazos en los que el crimen organizado no se ha terminado de masacrar unos contra otros.

Desde que inició la pugna interna del Cártel de Sinaloa ya se escuchaban reportes en ese sector, y la autoridad no buscó la forma de abarcar zonas silenciadas y lejanas a cualquier base militar, tampoco fue instalado un puesto militar por allá ni se robusteció el aparato de seguridad civil del municipio.

Uno de los reclamos más sonados en los campos pesqueros de Navolato es la necesidad de seguridad, pero seguridad real. No sólo sobrevuelos. Y estos reclamos han llegado a los oídos de la Secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, pero pues a la Secretaria no le confían ni la dependencia a su cargo, mucho menos le van a confiar el enlace con seguridad pública para pedir seguridad en campos pesqueros.

Aunado a esta intensa situación de violencia este martes se registró una persecución de al menos siete vehículos que culminó en Las Aguamitas. En los hechos los pobladores se resguardaron en sus viviendas mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana persiguió a civiles armados, aprehendiendo a tres, entre ellos un joven menor de edad.

Las identidades de los detenidos no se han hecho públicas, pero este caso tildado como logro no considera que al menos 20 jóvenes huyeron entre los mangles y por agua, y se perdieron entre la bruma del mar.

No se puede reconocer como logro cuando se detuvo a quiénes quedaron atrás y no se desarticuló de manera real la célula que ahí opera.

Entre tanto, los poblados de Navolato están temerosos de quedar entre las balas en operativos tan mal ejecutados, o en enfrentamientos entre los mismos criminales.

La obsesión del Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por ser el arroz de todos los moles y hacer de todo menos la chamba que ahora se exige y se necesita.

Resulta que cada vez que quiere tener popularidad en redes se reúne con personajes locales relevantes, sobre todo músicos y deportistas.

Ahora le tocó el turno a Julio César Chávez, quién fue al despacho del Alcalde a hablar quién sabe de qué. Por supuesto Gámez Mendívil aprovechó el momento y lo subió a sus redes sociales.

Ver la fotografía del encuentro da para pensar mil cosas, y no vamos a cuestionar las credenciales del gran campeón mexicano del

Boxeo, sino cuál es el objetivo de este momento en medio de esta crisis.

Imagínese usted, mientras el Gobernador Rubén Rocha Moya ya comenzó la contienda por acomodar a un candidato a Gobernador en Morena, el Alcalde, quién podría ser su favorito, anda en todo menos en misa.

Justo este mes pinta para ser el peor en materia de seguridad, y el Presidente Municipal en lugar de aprovechar su espacio para enviar informes a la ciudadanía sobre hechos pertinentes a su mandato lo utiliza para codearse con Julio César Chávez.

Ser ubicado nada más como el Alcalde sustituto tras el desafuero del ex Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro, es algo que Gámez debe sacudirse con chamba y méritos a la altura de las circunstancias, pero se ve muy difícil con lo que hemos visto ahora.

Sólo han bastado nueve meses de crisis de seguridad para que el Congreso de Sinaloa se fijara en tipificar como delitos algunas conductas como arrojar los ponchallantas, que a decir verdad, ya eran un problema en el Estado antes de esta emergencia

El Poder Legislativo se encuentra a un paso de agregar al Código Penal del Estado el uso de objetos punzocortantes conocidos como ponchallantas, como un delito, que tendría una sanción de tres a 10 años de prisión.

Otra de las características de esta reforma es que la fracción mayoritaria de Morena parece que aplicará la misma de colgarse de las ideas de otro, hacer una iniciativa idéntica y echarse el crédito de que legislan en favor de la ciudadanía.

Sólo hace falta mencionar que un grupo de abogados en el estado presentaron esa iniciativa incluso desde antes que estallara la crisis de seguridad en la entidad, y curiosamente sólo trascendió una vez que la doctora María Teresa Guerra Ochoa y el grupo morenista presentaron casi la misma iniciativa.

Más allá de eso, también vale la pena cuestionar qué tanto puede representar esta reforma en la restauración del orden.

Lo primero que habría que preguntar es cuántas veces se ha detenido a personas por arrojar ponchallantas en Sinaloa, ya que la mayoría de las veces es cuando arrestan a alguien en posesión de estos.

En estos nueve meses, el mensaje que le queda a la ciudadanía es que por más reformas en materia penal que haga el Congreso, la incidencia delictiva poco se neutraliza.

Recientemente tenemos el ejemplo de la reforma para frenar las labores de espionaje a las tareas de seguridad, conocido como “halconeo” a cargo de los “punteros”, o contra las cámaras de videovigilancia.

A partir de esa modificación al Código Penal, de repente comenzaron a caer presuntos “halcones”, como si el delito no existiera antes, cuando la realidad es que sólo se agregó el término “perseguir” como forma de halconeo, y en más de una década de tipificado ese delito, sólo se tenía un caso.

Hay que confiar en que la colaboración entre poderes del Estado es una vía para lograr controlar la situación, por ello el deber ciudadano sería dar el voto de confianza a la reforma que está próxima en el Congreso, pero cada vez es más difícil depositar esa esperanza.

Y mientras ahí la doctora Tere pone la cara por el Parlamento en materia de seguridad, ahí sigue el Diputado Serapio Vargas dando posicionamientos que, de alguna u otra manera, terminan siendo más material de “Las Mangas del Chaleco” que un debate parlamentario.