Vaya ajuste creativo el que están haciendo nuestros jóvenes en Culiacán, y no precisamente para bien.

Nos cuentan que, según los datos de los Centros de Integración Juvenil, la realidad del consumo de sustancias en la capital sinaloense ya no es la misma de hace décadas, cuando la cocaína mandaba en las estadísticas.

Hoy, el panorama es más turbio y tiene olor a químico, ya que la metanfetamina y la marihuana se han coronado como las sustancias de mayor impacto y las que más gente llevan a las puertas de los centros de rehabilitación.

Pero ojo, que antes de llegar a las drogas duras, los plebes están encontrando una puerta de entrada que parece juguete pero muerde como fiera, los vapeadores.

Resulta que el dichoso cigarro electrónico ya rebasó al alcohol y al tabaco como la droga de inicio preferida.

Lo más triste es que el boom se desató con fuerza en 2025, atrapando a niños de secundaria de apenas 13, 14 y 15 años.

Y como el mercado negro no tiene ética, estos aparatos terminan cargados con quién sabe qué porquerías en las esquinas de los barrios, exponiendo a los menores a un descontrol total.

Dice el CIJ, que ya cumple 50 años en Culiacán, que esto no es cuestión de buenos y malos o de juzgar a los muchachos como si fueran los demonios de la sociedad.

El consumo es multifactorial y entre la violencia que se respira en las calles, el estrés y la falta de espacios para socializar, los jóvenes buscan desconectarse de una realidad que les duele para enchufarse a una falsa.

Al final, el consumo es sólo el síntoma de una salud mental que pide a gritos auxilio en una ciudad que parece haber olvidado cómo cuidar a sus hijos.

Ojalá que estos 50 años de experiencia de los centros sirvan para que, como sociedad, aprendamos a ofrecerles algo mejor que una vía de escape en un estuche de plástico.

Hay datos que retratan una crisis y luego están los que la exhiben sin necesidad de interpretaciones.

El más reciente de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI pertenece a la segunda categoría: Sinaloa es el segundo estado del país donde menos se confía en el gobierno estatal.

En un país donde desconfiar de la autoridad casi se volvió costumbre, Sinaloa logró colocarse prácticamente en el fondo nacional. Sólo Zacatecas aparece peor. El dato no habla únicamente de popularidad política; habla de legitimidad, de credibilidad y de la ruptura entre ciudadanos e instituciones.

Apenas 27 por ciento de la población dice confiar en su gobierno, y lo que queda del otro lado es una mayoría que mira al poder con distancia, duda o abierto rechazo.

La misma encuesta coloca a Sinaloa entre los estados con más experiencias de corrupción en el país. Es decir, no se trata solamente de una percepción construida por discursos políticos, campañas o redes sociales. Hay ciudadanos que dicen haber enfrentado actos de corrupción al hacer trámites o tener contacto con autoridades.

La ecuación termina siendo simple pues donde la gente siente que las instituciones no funcionan de manera justa, la confianza desaparece.

El problema de fondo no es solamente que la gente desconfíe. El problema es lo que ocurre después. Una sociedad que deja de confiar en sus instituciones también deja de denunciar, de participar, de creer en procesos públicos y hasta de esperar resultados.

La desconfianza termina normalizando la resignación.

Y quizás el dato más incómodo para el poder es que estas mediciones no provienen de adversarios políticos ni de encuestas partidistas. Vienen del Inegi, el organismo que el propio Estado utiliza para medir pobreza, empleo, crecimiento económico y percepción social.

Los gobiernos suelen celebrar los datos oficiales cuando les favorecen. El problema es cuando esos mismos datos retratan una ciudadanía que ya no les cree.

La escena fue inédita hasta para una entidad acostumbrada a convivir con escándalos políticos y expedientes judiciales: ex funcionarios, funcionarios en licencia, un Senador y un Gobernador desfilando, unos visibles y otros casi en modo clandestino, por las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán.

No llegaron juntos, pero sí bajo el mismo contexto: los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

Uno a uno fueron apareciendo los nombres. Rubén Rocha Moya confirmó en redes sociales que ya había comparecido y hasta aprovechó para reiterar su confianza en las instituciones mexicanas y respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Lo curioso es que nadie lo vio entrar ni salir.

Enrique Inzunza también optó por la vía digital. Informó que acudió “como abogado de sí mismo”, sin escolta jurídica y sin ampararse en el fuero legislativo. A la prensa, sin embargo, tampoco le concedió mucho: entró evitando cámaras y salió por la puerta alterna.

Dámaso Castro fue el más directo. Se paró frente a los reporteros, negó cualquier relación con Los Chapitos y resumió la jornada con una frase sencilla: “Nos citaron y estamos atendiendo”.

Marco Antonio Almanza elevó el tono. Dijo que no sería testigo protegido, que le “da la cara al que sea” y que incluso iría a Estados Unidos si fuera necesario. Entre todos, fue quizá quien entendió que el momento político también exige narrativa.

Y luego estuvo el caso fantasma: Juan de Dios Gámez. Trascendió que compareció, pero nadie lo vio. Ni foto, ni declaración, ni confirmación oficial. Una comparecencia casi cuántica: pudo haber ocurrido y al mismo tiempo no.

Más allá de las declaraciones y de las estrategias de entrada y salida, la imagen que queda es poderosa: personajes que hasta hace poco concentraban poder político en Sinaloa ahora acudiendo a rendir entrevistas ministeriales en medio de una investigación que todavía no acusa formalmente a nadie en México, pero que ya colocó a buena parte de la clase política sinaloense bajo sospecha internacional.

La FGR abrió la puerta y los citados comenzaron a desfilar. El problema para varios quizá no sea entrar, sino cuánto tiempo tardará esto en cerrarse.

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