El agua al cuello
El intento de despojo de una camioneta, en la que viajaba la nieta del Gobernador Rubén Rocha Moya, terminó con uno de los escoltas seriamente herido por la reacción violenta y homicida de los criminales tras verse confrontados.
La buena noticia después del repudiable crimen, es que el escolta fue auxiliado y llevado a recibir atención médica que hasta el momento de cerrar esta edición se declaró fuera de peligro.
El hecho, que comenzó a circular como un atentado contra otro elemento de la Policía Estatal Preventiva, igual que otro medio centenar que han ocurrido durante esta crisis de inseguridad que comenzó desde el 9 de septiembre de 2024, escaló hasta convertirse en una noticia prioritaria después de que se confirmó que los escoltas estaban adscritos a la familia de la hija del Gobernador, Eneyda, y luego que una de sus hijas de 11 años fue testigo del violento suceso.
Por lo regular hay quienes celebran que nuestra clase política sufra o sea víctima de algún crimen para que entiendan la realidad que vivimos los gobernados, sin tantos privilegios y a veces en nuestros propios espacios.
Pero este caso dista de pretender ser una lección, puesto que la gravedad de las heridas del escolta, que estuvo muy cerca de morir, y la inocencia de quien iba acompañándolos, no es una sensación de satisfacción para nadie con sentido común.
Sin embargo, las probabilidades de que ocurra este tipo de ataques a cualquiera en las calles de Culiacán son muy altas.
Lo cierto es que nuestra realidad, la que muchas veces se ha negado desde el Gobierno federal, ni se diga del estatal y municipal, ya alcanzó a la familia del Gobernador. Algo, que por supuesto, nunca nadie pretende festejar.
Ojalá las autoridades aclaren y den con los responsables de este ataque, sobre todo porque su gravedad obliga a la transparencia, de modo que los ciudadanos podamos saber a ciencia cierta lo que ocurrió y por qué.
El colmo de los colmos
El colmo: policías retirados que dicen defender la seguridad de los suyos, golpeando periodistas en plena cobertura. En Angostura, el dirigente de los Guerreros Azules, Ignacio Iván Durán, decidió resolver a puñetazos lo que no consiguió con argumentos.
El periodista Sergio Lozano se llevó la peor parte: un golpe en el rostro, cortesía del “líder” que alguna vez vistió uniforme.
La escena pinta sola: policías jubilados que aseguran pelear por derechos laborales, pero que terminan arremetiendo contra reporteros. Durán lanzó agua, insultos y luego golpes.
El saldo: varios comunicadores agredidos, entre ellos colegas de medios regionales como Tercia de Grillos, Puntualizando y Noticias Guamúchil Digital.
Lo preocupante es la lógica invertida, los que deberían dar ejemplo de respeto a la ley, replican la violencia como método.Si eso ocurre en la explanada de un Ayuntamiento, ¿qué queda en la calle, donde no hay cámaras ni micrófonos?
Exigir derechos laborales no es excusa para convertir la protesta en trifulca y menos para agredir a periodistas. En democracia, la prensa es incómoda, sí, pero es indispensable.
Ahora queda esperar que el Ministerio Público no archive el caso como un altercado menor. Porque si se normaliza que un ex policía golpee a un reportero en plena luz del día, ¿qué mensaje se manda? La libertad de expresión se garantiza aquí, cuando un periodista puede cubrir una protesta sin miedo a ser agredido por quienes dicen buscar justicia.
Un cubetazo para el incendio
Comentábamos ayer lo gris e insípida que fue la respuesta del Gobierno del Estado ante la sacudida de violencia que ha atravesado particularmente la región de Altata, y pues vale la pena ahondar más en ello.
Partiendo, por supuesto, por el pronunciamiento de la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, quien apuntó que la principal estrategia para invitar a la gente a que regrese a ese destino turístico, son programas de viajes económicos como “Enamórate de Sinaloa” y una cartelera de eventos recreativos.
Es obvio que desde su área lo que le toca es precisamente eso, gestionar y buscarle la manera de convocar a la mayor cantidad de raza posible, pero incluso así, como que nomás no termina por alcanzar ni de convencer. Sobre todo por el timing con el que se presentan este tipo de planes de acción.
¿Cómo pretende el Estado convencer a la ciudadanía de salir a reavivar un punto turístico, cuando la semana pasada ese destino fue escenario de una irrupción de gente armada?
Eso solo tomando los antecedentes más recientes y recordados, porque propiamente en el Malecón de Altata fue privado de su libertad y luego asesinado a balazos un joven paramédico de la Cruz Roja en aquella sindicatura.
De parte de la Secretaría de Turismo es entendible que hagan lo que más o menos esté en sus manos hacer, pero un poquito de empatía y sentido común nunca sobran en lugares como dependencias de Estado.
Porque es más, aún con lo opaco que son estos tiempos, hasta antes de aquella fatídica jornada en Isla Cortés y Nuevo Altata, era ciertamente tangible un ligero repunte en el flujo de visitantes hacia la bahía navolatense.
La población tampoco es caprichosa, no piden nada del otro mundo, simple y sencillamente requieren sentirse mínimamente seguros para trasladarse de un punto a otro, y con eso ya los pueden convencer de jalar a una pachanga, un festival o un carnaval.
