La reacción del vicefiscal en la zona sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, frente a los cuestionamientos de periodistas no es un hecho aislado ni un simple “mal momento”.

Es, en realidad, el reflejo de una cultura institucional profundamente arraigada: la del funcionario que se siente incómodo ante la transparencia y responde con soberbia cuando se le exige cumplir con su obligación básica de informar.

“Publiquen lo que quieran, no los voy a atender”, dijo.

La frase es reveladora. No solo expresa desprecio hacia la labor periodística, sino una preocupante concepción del servicio público: la idea de que rendir cuentas es opcional y que el poder se ejerce desde el silencio, el desdén y la intimidación.

El contexto potencializa la gravedad del episodio. No se trataba de un tema menor ni de una solicitud frívola, sino de la desaparición de Guadalupe Herminia Rivera Rendón, esposa de un periodista, privada de la libertad desde el 19 de noviembre.

Una mujer sin antecedentes, madre, trabajadora de un medio de comunicación, que hoy forma parte de la dolorosa estadística de más de 3 mil personas desaparecidas en Sinaloa.

Mientras las familias claman por información y avances reales, la respuesta institucional es el portazo. La negativa a hablar con la prensa, el reto abierto a “hablarle al Gobernador o a quien quieran” y el desalojo de comunicadores de oficinas públicas exhiben no solo falta de empatía, sino una alarmante normalización del autoritarismo burocrático.

Más preocupante aún es lo que se revela de fondo: investigaciones estancadas, carpetas rezagadas por años y una Fiscalía que, según reconoce incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, carece de datos duros sobre acciones penales efectivas. Se reciben denuncias, se giran oficios, pero los expedientes se empolvan mientras la angustia de las familias crece.

Que un vicefiscal se moleste ante preguntas incómodas no es el problema central. El verdadero problema es que esas preguntas siguen sin respuesta. Que la desaparición de mujeres y menores continúe al alza. Que las familias tengan que presionar, acompañadas de periodistas y organismos de derechos humanos, para que la autoridad “haga su trabajo”.

En un estado marcado por la violencia y la impunidad, la transparencia no debería ser vista como una amenaza, sino como una obligación mínima. Cuando un funcionario público opta por la arrogancia en lugar del diálogo, envía un mensaje claro: el poder se protege a sí mismo, incluso a costa de la verdad y la justicia.

Y en Sinaloa, ese mensaje ya es demasiado familiar.

Apenas el pasado jueves 11 de diciembre el Alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, y el Secretario de Seguridad Pública Municipal dieron el banderazo del plan operativo Guadalupe-Reyes, donde se informó que son 139 elementos los que participaran en el operativo y ya la violencia de ayer los opacó.

Lo vivido ayer en el municipio del sur de Sinaloa dejó al menos tres muertos, seis heridos y cinco vehículos calcinados, pero también a una sociedad escuinapense muy asustada por la violencia.

Además de otra vez bloqueos carreteros con vehículos quemados.

Hay que recordar es que apenas el pasado viernes 5 de diciembre las autoridades federales catearon un inmueble en Escuinapa donde aseguraron 14 armas largas, 100 artefactos explosivos y equipo táctico.

Cada vez que hay violencia, el Alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, trata de suavizar y decir que no pasa nada en el municipio.

Incluso, no le gusta que le pregunten sobre el tema de la violencia.

Pero ayer se la aventó buena, en medio de la ola de violencia tras el enfrentamiento entre dos grupos armados en plena mañana, Díaz Simental no supo ni qué responder para aceptar que la violencia ya alcanzó la zona urbana de Escuinapa.

Y mientras circulaban videos y fotos del enfrentamiento y los escuinapenses escuchan los balazos y venía la columna de humo negro, el Alcalde se atrevió a decir que ojalá todo eso fuera fake news.

Y es que a Díaz Simental ya se le hizo costumbre negar la violencia en su municipio, hace días reconoció que no había bombazos, cuando todos los escuinapenses los escucharon.

En fin, tan sencillo que es reconocer que la violencia tiene paralizada a Escuinapa y que necesita ¡le urge! un reforzamiento de la seguridad.

Que bochornoso es que los trabajadores de una organización tan seria como un sindicato tenga que andar migajeando por el cumplimiento de sus derechos laborales, cuando se supone que decidieron unirse justo a este movimiento para poder estar un poco más seguros por su futuro.

Y lo peor es que también el patrón se preste para que estas organizaciones se dediquen a andar manoseando y jineteando el dinero, que no es suyo, con el único propósito de al final también pedir un moche que da hasta rabia enterarse de eso.

Ayer, un grupo de trabajadores del Stasac tuvo que ir a pararse frente al presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendivil para exigirle que intervenga en las irregularidades que el grupo que encabeza Julio Duarte Apán anda haciendo con tal de no entregar dinero de sus trabajadores que ya alcanzaron la jubilación y cumplieron cabalmente los requisitos.

Obvio esto es algo que no es exclusivo del Stasac, pero sí encabrona que este tipo de situaciones se quiera normalizar.

Imagínese usted que se supo la de chambear hasta cumplir o con las semanas trabajadas o llegar a una edad en la que ya está difícil la cosa.

Retirarte del lugar después de convivir por última vez con tus amigos en horario laboral y esperar, por meses y muchas veces por años, que te caiga el chequesón de la indemnización para irte a soplar unas tonchas que estén cómo nalgas de pingüino, pero que este nunca llegue.

La problemática es que cada que alguien está en estas condiciones y el jineteo trae más cuerda que un jaripeo en Guerrero o Michoacán.

Lo lamentable es que por más que te quejes al final los protagonistas de esta critica son los que van a tener la última palabra, cómo ocurre en todos estos lados.

Por eso la necesidad de los trabajadores de ir a pararse frente al presidente en un mismo hecho, pese a que podrían darse un balazo en el pie.

Ahora, hay que ser francos y derechos, aquí este pleito se puede acabar de jalón, porque es obvio que las obligaciones están contempladas en un presupuesto y que no pueden simplemente decir no hay y hacerla còmo que la Virgen les habla.

Esperaremos entonces que esto no quede cómo los casos de los policías que también tuvieron este pleito y no todo fue positivo, porque se supone que estos recursos están etiquetados.