El problema de la desaparición de personas en Sinaloa ya es suficientemente cruel como para que además las familias tengan que soportar juicios morales de quienes deberían atenderlas con sensibilidad y profesionalismo.

Decirle a una madre buscadora “eduquen a sus hijos” no es un desliz menor ni una frase inocente: es una forma de trasladar la culpa de la violencia a las víctimas y a sus familias.

El reclamo de Sabuesos Guerreras exhibe algo que sigue profundamente arraigado en muchas instituciones: la idea de que algunas víctimas “se lo buscaron” o que ciertas desapariciones merecen menos empatía dependiendo del contexto social, económico o personal de quien desaparece. Y eso es inadmisible.

Ninguna madre que busca a su hijo debería tener que defender primero la dignidad de esa persona para merecer atención.

Ninguna familia tendría que escuchar insinuaciones sobre crianza, conducta o antecedentes cuando lo único que exige es verdad, búsqueda y respeto.

El mensaje también revela el enorme desgaste emocional que enfrentan los colectivos.

No sólo buscan entre fosas, expedientes y omisiones; también deben soportar comentarios que revictimizan y profundizan el dolor.

En un estado atravesado por la crisis de desapariciones, los funcionarios tendrían que entender que cada palabra pesa.

Porque cuando una autoridad moraliza en lugar de investigar, deja de cumplir su función institucional y se convierte en otra capa de violencia para quienes ya viven una tragedia.

Resulta que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado ya le pusieron el ojo a la Ley Silla, pero como suele suceder en la burocracia, el asunto parece avanzar a paso de tortuga y con mucha diplomacia.

Dice la autoridad que ya detectaron fallas, sobre todo en las grandes tiendas departamentales, donde al parecer prefieren ver a sus empleados como estatuas de marfil que como seres humanos con derecho al descanso.

Lo curioso es el caminito que siguen y si ven que no hay sillas, o si el empleado confiesa entre susurros que no lo dejan sentarse, la autoridad estatal emite una recomendación.

Tienen 30 días de gracia para portarse bien y si de plano les vale, entonces le pasan la bolita a la Secretaría del Trabajo federal para que ellos sí saquen el látigo de las multas.

Entre que recomiendan, esperan y avisan, al trabajador ya le salieron várices de tanto esperar el dichoso banquito.

Los métodos de inspección son casi artesanales: observación a ver si ven la silla, entrevista para ver si el trabajador se atreve a hablar y revisión de papeles médicos.

El detalle es que, en un estado con 12 mil inspecciones al año, uno pensaría que los abusos laborales ya deberían estar en peligro de extinción.

Sin embargo, el hecho de que apenas estén recomendando en el tema de la Ley Silla deja claro que, entre el dicho de la ley y el hecho del descanso, todavía hay un tramo muy largo que caminar y de pie.

Presumen que además del directorio de siempre, hacen inspecciones extraordinarias cuando hay denuncias.

Ojalá que esa extraordinariedad se traduzca en sanciones reales y no solo en un reporte más para el archivo, porque de puras recomendaciones no descansan las piernas de los sinaloenses.

Sin duda que la explicación que da la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, sobre la reducción en la demanda de mano de obra es una lista de problemas que nos debe importar a todos en el estado.

Esto debido a que es una cadena que en algún momento nos va a afectar a todos.

La declaración que se hizo desde la Caades es que la disminución en la producción fue causada por una reducción importante en la superficie cultivada y por problemas fitosanitarios que afectaron el rendimiento por hectárea, y esto al final terminó por afectar en la oferta laboral para nuestros trabajadores del campo.

El presidente del organismo gremial, Jesús Alberto Rojo Plascencia, dijo que el ciclo agrícola está prácticamente terminando y está dejando un balance mixto para los productores.

Uno de los ejemplos que abordó fue el caso específico del tomate, en el que aunque se lograron buenos precios y niveles de ingresos favorables, debido a factores externos, el volumen de la cosecha fue significativamente menor.

Sin duda es algo de lo que debemos estar pendientes, debido a la importancia del gremio para el PIB sinaloense.

Como para mantener el tema más vivo, conforme avanzan las semanas, la Fiscalía General de la República emitió citatorios al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya; al Presidente Municipal de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el Senador Enrique Inzunza Cázarez.

El tema sigue siendo la comidilla de los medios de comunicación a nivel local y nacional y el tema de conversación en las mesas de las familias sinaloenses.

Y es que Rocha, Juan de Dios e Inzunza son tres de los 10 acusados por la Fiscalía de los Estados Unidos de tener vínculos y haber confabulado con el Cártel de Sinaloa y el llamamiento de la FGR supuestamente tiene que ver con eso.

Primero fue el golpe demoledor de la publicación de la acusación, luego la presión gringa, las solicitudes de licencia del cargo, luego las supuestas huidas, las supuestas enfermedades, los operativos imaginarios y este fin de semana los citatorios.

Llamó la atención que los posts en la red social X que todos usaron para responder al nuevo fregazo que representó la citación, tuvieron una uniformidad en su lenguaje, su estructura y su tono.

Los tres atribuyen su obligación de acudir a la civilidad, a que son hombres probos y que no tienen nada qué ocultar.

Esa uniformidad y el mensaje de la Secretaría de Gobernación para dar una explicación que nadie le pidió, diciendo que estaban citados a declarar como testigos, no como indiciados, hacen sospechar que, según el manual del político corrupto, todo es mera simulación.

¡FOUL!... Uno de los efectos de la acusación gringa contra Rocha es que sus enemigos recobraron la voz. Tan fuerte fue el golpe que hasta los cuenistas revivieron; sí, esos que hicieron carrera y campaña con El Maestro...¡el amigo personal de “El Mayo” Zambada!