El problema no fue solamente que organizaciones civiles abandonaran la mesa de diálogo sobre la nueva Ley de Transparencia de Sinaloa. El problema es lo que denunciaron al levantarse: que todo estaba decidido desde antes.
La acusación es grave porque toca uno de los puntos más delicados en cualquier democracia: la simulación de participación ciudadana. Convocar a colectivos, académicos y especialistas para “escucharlos”, mientras el objetivo real sigue siendo sacar adelante una iniciativa prácticamente intacta, convierte el diálogo en un simple trámite político.
Según relataron, la convocatoria llegó apenas con un día de anticipación y sin explicar claramente que la discusión giraría en torno a la iniciativa impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Durante casi dos horas insistieron en que el Congreso debía desechar completamente la propuesta por considerar que contiene retrocesos y vacíos preocupantes en materia de acceso a la información.
Pero la respuesta nunca llegó.
Hasta que el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez confirmó lo que muchos sospechaban: que la intención era construir observaciones para mejorar el documento ya presentado y continuar el proceso legislativo.
Es decir, no discutir si la iniciativa debía sobrevivir, sino cómo maquillarla.
El fondo del conflicto es todavía más delicado por el contexto político que atraviesa Sinaloa. La transparencia no se discute en tiempos normales. Se debate mientras el ex Gobernador enfrenta señalamientos internacionales y mientras existe una creciente exigencia ciudadana de rendición de cuentas.
Por eso el mensaje de las organizaciones tiene peso: sostienen que aprobar una ley debilitada en transparencia justo ahora enviaría una señal de cierre institucional y opacidad.
Porque si algo quedó exhibido en esta reunión es que el Poder Legislativo sigue teniendo dificultades para convencer de que realmente escucha a la ciudadanía. Y no es una percepción nueva: las propias organizaciones recordaron que hace un año presentaron una iniciativa ciudadana que terminó desechada.
El riesgo para los diputados es claro. Cuando los espacios de diálogo parecen únicamente ceremoniales, la desconfianza pública crece. Y cuando la ciudadanía siente que participar no cambia nada, termina buscando otras rutas: presión social, litigios o amparos.
Todavía hay tiempo para corregir.
Desechar la iniciativa actual y abrir una discusión real quizá implique retrasar el proceso legislativo, pero podría darle legitimidad a una ley que, por su naturaleza, debería construirse precisamente con apertura, consenso y máxima transparencia.
Porque una Ley de Transparencia nacida entre acusaciones de opacidad carga, desde el origen, una contradicción difícil de explicar.
Si algo deja claro el desplegado que la Universidad Autónoma de Sinaloa publicó dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum, es que todas las medidas que presumió en los últimos meses no alcanzaron para resolver su problema financiero.
La Universidad habló de una reingeniería integral, de austeridad y de transparencia. Incluso tomó decisiones importantes como fusionar programas académicos y ajustar su estructura administrativa.
La idea era que, con esos cambios, la UAS pudiera reducir gastos y estabilizar sus finanzas.
Pero ahora la propia institución reconoce que sigue sin dinero suficiente para operar y que existe el riesgo de suspender actividades por falta de recursos.
Es decir, después de todos esos ajustes, el problema sigue exactamente donde estaba.
La Universidad también admitió que ha logrado mantenerse gracias a préstamos del Gobierno del Estado. O sea que más que solucionar la crisis, sólo la han ido aplazando.
La UAS está diciendo que ya hizo todo lo que estaba a su alcance y que, aun así, no pudo salir adelante por sí sola.
Visto de otra manera, el desplegado es una confesión pública de que la estrategia financiera implementada por la universidad no logró corregir el déficit.
Y eso abre una pregunta de que si después de recortes, reestructuración y cambios académicos la institución sigue al borde de la insuficiencia financiera, entonces el problema es mucho más profundo de lo que se había reconocido.
de respuestas
Resulta escalofriante el diagnóstico que el Consejo Estatal de Seguridad Pública pone sobre la mesa según, ya que la crisis de inseguridad en Culiacán no sólo es una estadística, es una carnicería de jóvenes menores de edad o apenas en los 20 años.
Lo más doloroso es que, mientras deberían estar en las aulas de secundaria o preparatoria, muchos terminan como víctimas mortales o en centros de internamiento para adolescentes.
La realidad nos grita que el tejido social está roto, pero la respuesta oficial sigue siendo el silencio o la inacción.
La aparición de peluches en forma de cerditos junto a los cuerpos de los jóvenes ha sembrado una inquietud que la Fiscalía General del Estado no ha sabido o no ha querido despejar.
Mientras la sociedad civil exige respuestas, la Fiscalía se queda en el desafío, atrapada en un rezago de carpetas de investigación a las que nadie tiene acceso y al parecer, para la autoridad, la incertidumbre es el estado natural de las cosas.
Dice el CESP que para combatir el índice de impunidad, se necesita más presupuesto, más peritos y más agentes del Ministerio Público.
La lógica es simple, sin capacidad de resolución, no hay justicia pero mientras el dinero se va a otros lados, las instituciones de justicia siguen operando a medias, dejando que el porcentaje de casos resueltos sea, históricamente, una cifra para el olvido.
Comparar la violencia en Culiacán con un huracán o una montaña rusa no sólo es una analogía precisa, es el reconocimiento de que la autoridad ha perdido el control del timón.
Un día tenemos calma y al siguiente una jornada extremadamente trágica con hasta 17 homicidios.
Si la seguridad en Sinaloa depende de comportamientos tan erráticos como los fenómenos climatológicos, entonces estamos a la deriva, esperando que el próximo pico de la montaña rusa no nos toque de cerca.
El consejo estatal dice que ni las detenciones masivas aseguran que al día siguiente habrá una paz más plena porque la violencia sigue su propia trayectoria, caprichosa y letal, ajena a los cambios de nombres en el gabinete o a las promesas de control.
En Culiacán, la única constante es que no hay trayectoria que se cumpla, y mientras tanto, la ciudad sigue contando peluches y enterrando jóvenes.
¡FOUL!... Jubilados de la UAS anunciaron que promoverán demandas contra la Universidad, para que les devuelvan sus cuotas descontadas por la reingeniería, al tiempo que las autoridades anuncian que no tienen dinero ¡ni para operar!
