El mensaje navideño del Alcalde de Elota, grabado entre nieve, luces y paisajes de postal en Big Bear Lake, no se quedó solo en la polémica digital. La inconformidad social tomó otro cariz cuando el Edil regresó a Sinaloa y, de acuerdo con versiones conocidas en el propio municipio, llegó al Aeropuerto Internacional de Mazatlán escoltado por un convoy policial y una camioneta oficial del Ayuntamiento de Elota.

El contraste es brutal. Mientras en diciembre Elota ha sido escenario de asesinatos, enfrentamientos armados y una tensión constante derivada de la crisis de seguridad que arrastra Sinaloa desde 2024, su Alcalde no solo decidió vacacionar fuera del país, sino que a su regreso habría echado mano de recursos públicos y de fuerzas de seguridad para su traslado personal. No es solo una cuestión de percepción: es el mensaje político que se envía a una población que vive con miedo, incertidumbre y una sensación creciente de abandono institucional.

Porque el problema de fondo no es si un Alcalde “puede” salir de vacaciones. La ley es clara y ya ha sido citada: sí puede, bajo ciertos plazos y condiciones. El problema es cómo se ejerce el poder cuando se gobierna un municipio golpeado por la violencia y la precariedad, y qué prioridades se exhiben cuando la autoridad aparece protegida, escoltada y cómoda, mientras la ciudadanía enfrenta sola las consecuencias de la inseguridad.

El uso de un convoy policial y de un vehículo oficial para recibir o trasladar al Presidente Municipal no puede leerse como un hecho menor. En un contexto de crisis, cada patrulla cuenta, cada peso importa y cada decisión comunica. ¿Quién autorizó ese operativo? ¿Con qué justificación? ¿Se trató de una medida extraordinaria de seguridad o de un privilegio normalizado? El silencio institucional solo alimenta la sospecha.

Aquí es donde el Cabildo de Elota deja de ser un actor decorativo y se convierte en corresponsable. Las y los regidores no pueden limitarse a levantar la mano y mirar al techo. Tienen la obligación política y ética de exigir explicaciones claras sobre la ausencia del Alcalde, el uso de recursos públicos durante su viaje y su regreso, y la atención, o falta de ella, a la crisis de seguridad que vive el municipio. Callar también es una forma de omisión.

La exigencia debe escalar. Movimiento Ciudadano, partido que llevó a Richard Millán al poder, no puede esconderse detrás del discurso de la “vida privada” o del “derecho al descanso”. Sergio Torres, como uno de los liderazgos visibles del partido en Sinaloa, tiene la responsabilidad de fijar postura. ¿Avalan este tipo de conductas? ¿Es este el estándar ético que promueve MC en los gobiernos municipales? El silencio partidista no es neutral: es complicidad.

Y más arriba, el Congreso del Estado de Sinaloa también tiene cuentas pendientes. ¿Por qué no se ha revisado a fondo el manejo de las finanzas del Ayuntamiento de Elota? ¿Por qué no se ha puesto bajo la lupa el uso de recursos públicos en un municipio con carencias estructurales y una situación de seguridad delicada? La fiscalización no puede ser selectiva ni tardía; cuando llega tarde, deja de ser control y se vuelve simulación.

Lo que encontró la CEDH en las cuarterías de jornaleros agrícolas en Guasave no debería sorprender, pero sí debería indignar.

Personas adultas mayores durmiendo en el suelo, cuartos hechos con hule y cartón, niños fuera de la escuela y jornadas laborales que rebasan por mucho lo que marca la ley son parte de una realidad que se ha permitido durante años.

No se trata de pobreza “extrema” que apareció de la nada, sino de condiciones que existen porque nadie las ha frenado. Los campos agrícolas funcionan así porque la supervisión es mínima y porque el Estado ha sido permisivo con un modelo que prioriza la producción sobre las personas. Las ocho horas de jornada laboral llevan casi un siglo en la Constitución, pero en el campo siguen siendo letra muerta.

Que haya niñas y niños sin asistir a la escuela habla de algo más profundo que un problema educativo, es una cadena de omisiones: familias viviendo en condiciones indignas, sin servicios básicos, sin tiempo ni condiciones para que sus hijos estudien, y autoridades que conocen el problema y aun así lo normalizan.

También llama la atención que, frente a escenarios que “no deberían existir”, la respuesta vuelva a colocarse en la asistencia social, como si bastara con paliar la emergencia y no con corregir lo que la provoca.

Aquí hay responsabilidades de empleadores y de autoridades laborales, educativas y municipales que no pueden seguir mirando hacia otro lado.

Las visitas de la CEDH llegan cuando la indignidad ya estaba instalada. Si no hay consecuencias reales, sanciones y cambios de fondo, estas cuarterías seguirán ahí, sosteniendo un sistema que se beneficia del trabajo agrícola, pero se desentiende de quienes lo hacen posible.

No hay mucha sorpresa a la respuestas que dieron algunos culiacanenses cuando se les preguntó sobre cómo se sienten en estos últimos días del 2025 y las expectativas que tienen en cuanto a la seguridad en el 2026.

Es lógico que, con este ritmo en el que continúa sumando la cifra de asesinatos en Sinaloa, y que veamos cada vez con más frecuencia noticias sobre el uso de explosivos o el aseguramiento de decenas de estos de estos dispositivos en las calles de nuestros barrios, como ocurrió la noche de ayer en el Fraccionamiento Los Ángeles, mantengamos esa zozobra y disminuya la esperanza de que las cosas puedan cambiar en un corto o mediano plazo.

Noroeste hizo un recorrido por uno de los únicos lugares que aún nos dan paz y un espacio para respirar aire fresco, como lo es el parque Las Riberas, para preguntar a los visitantes sobre su percepción.

Coincidieron que el año 2025 ha sido un periodo marcado por el temor, el encierro y la pérdida de la tranquilidad, y que esperan un cierre de año violento y sin respeto a sectores ni condiciones sociales.

La percepción tiene que ver con los últimos ataques a colegios privados y locales comerciales grandes como casinos en las semanas recientes.

Lamentan que la inseguridad ha permeado en toda la ciudad y que, por ejemplo, ya vivir en una privada no es garantía de protección, pues hasta en estos cotos los grupos criminales ingresan para atacar y destruir residencias.

Estos incidentes comenzaron en la zona sur desde septiembre de 2024, pero ahora se presentan de manera constante en el norte de la ciudad, donde se había estado a salvo al principio.

Además también el tema económico se mantiene como uno de los factores con mayor afectación, sobre todo por la pérdidas de empleo y con ello la estabilidad en la vida familiar.

Y la otra percepción de la que no tenemos muchos números para estimar es el desplazamiento de familias completas a otros estados o países, para no seguir con la zozobra.

Hoy las familias ya deben vivir con el conocimiento de implementar sus propios protocolos de seguridad y las medidas adoptadas por la propia ciudadanía, con acciones mínimas como un toque de queda para estar dentro de sus hogares a las 17:00 horas y el monitoreo constante con el uso de herramientas digitales para mandar la ubicación en todo momento.

Lo peor es que el panorama para el año 2026 no resulta alentador, pues mientras que algunos desean fervientemente que la paz regrese por el bienestar de las nuevas generaciones, otros creen que la crisis seguirá igual, cómo ha pasado en otras guerras anteriores.

Y usted, ¿qué es lo que vislumbra para el 2026?

El mensaje navideño del Alcalde de Elota, grabado entre nieve, luces y paisajes de postal en Big Bear Lake, no se quedó solo en la polémica digital. La inconformidad social tomó otro cariz cuando el Edil regresó a Sinaloa y, de acuerdo con versiones conocidas en el propio municipio, llegó al Aeropuerto Internacional de Mazatlán escoltado por un convoy policial y una camioneta oficial del Ayuntamiento de Elota.

El contraste es brutal. Mientras en diciembre Elota ha sido escenario de asesinatos, enfrentamientos armados y una tensión constante derivada de la crisis de seguridad que arrastra Sinaloa desde 2024, su Alcalde no solo decidió vacacionar fuera del país, sino que a su regreso habría echado mano de recursos públicos y de fuerzas de seguridad para su traslado personal. No es solo una cuestión de percepción: es el mensaje político que se envía a una población que vive con miedo, incertidumbre y una sensación creciente de abandono institucional.

Porque el problema de fondo no es si un Alcalde “puede” salir de vacaciones. La ley es clara y ya ha sido citada: sí puede, bajo ciertos plazos y condiciones. El problema es cómo se ejerce el poder cuando se gobierna un municipio golpeado por la violencia y la precariedad, y qué prioridades se exhiben cuando la autoridad aparece protegida, escoltada y cómoda, mientras la ciudadanía enfrenta sola las consecuencias de la inseguridad.

El uso de un convoy policial y de un vehículo oficial para recibir o trasladar al Presidente Municipal no puede leerse como un hecho menor. En un contexto de crisis, cada patrulla cuenta, cada peso importa y cada decisión comunica. ¿Quién autorizó ese operativo? ¿Con qué justificación? ¿Se trató de una medida extraordinaria de seguridad o de un privilegio normalizado? El silencio institucional solo alimenta la sospecha.

Aquí es donde el Cabildo de Elota deja de ser un actor decorativo y se convierte en corresponsable. Las y los regidores no pueden limitarse a levantar la mano y mirar al techo. Tienen la obligación política y ética de exigir explicaciones claras sobre la ausencia del Alcalde, el uso de recursos públicos durante su viaje y su regreso, y la atención, o falta de ella, a la crisis de seguridad que vive el municipio. Callar también es una forma de omisión.

La exigencia debe escalar. Movimiento Ciudadano, partido que llevó a Richard Millán al poder, no puede esconderse detrás del discurso de la “vida privada” o del “derecho al descanso”. Sergio Torres, como uno de los liderazgos visibles del partido en Sinaloa, tiene la responsabilidad de fijar postura. ¿Avalan este tipo de conductas? ¿Es este el estándar ético que promueve MC en los gobiernos municipales? El silencio partidista no es neutral: es complicidad.

Y más arriba, el Congreso del Estado de Sinaloa también tiene cuentas pendientes. ¿Por qué no se ha revisado a fondo el manejo de las finanzas del Ayuntamiento de Elota? ¿Por qué no se ha puesto bajo la lupa el uso de recursos públicos en un municipio con carencias estructurales y una situación de seguridad delicada? La fiscalización no puede ser selectiva ni tardía; cuando llega tarde, deja de ser control y se vuelve simulación.

Lo que encontró la CEDH en las cuarterías de jornaleros agrícolas en Guasave no debería sorprender, pero sí debería indignar.

Personas adultas mayores durmiendo en el suelo, cuartos hechos con hule y cartón, niños fuera de la escuela y jornadas laborales que rebasan por mucho lo que marca la ley son parte de una realidad que se ha permitido durante años.

No se trata de pobreza “extrema” que apareció de la nada, sino de condiciones que existen porque nadie las ha frenado. Los campos agrícolas funcionan así porque la supervisión es mínima y porque el Estado ha sido permisivo con un modelo que prioriza la producción sobre las personas. Las ocho horas de jornada laboral llevan casi un siglo en la Constitución, pero en el campo siguen siendo letra muerta.

Que haya niñas y niños sin asistir a la escuela habla de algo más profundo que un problema educativo, es una cadena de omisiones: familias viviendo en condiciones indignas, sin servicios básicos, sin tiempo ni condiciones para que sus hijos estudien, y autoridades que conocen el problema y aun así lo normalizan.

También llama la atención que, frente a escenarios que “no deberían existir”, la respuesta vuelva a colocarse en la asistencia social, como si bastara con paliar la emergencia y no con corregir lo que la provoca.

Aquí hay responsabilidades de empleadores y de autoridades laborales, educativas y municipales que no pueden seguir mirando hacia otro lado.

Las visitas de la CEDH llegan cuando la indignidad ya estaba instalada. Si no hay consecuencias reales, sanciones y cambios de fondo, estas cuarterías seguirán ahí, sosteniendo un sistema que se beneficia del trabajo agrícola, pero se desentiende de quienes lo hacen posible.

No hay mucha sorpresa a la respuestas que dieron algunos culiacanenses cuando se les preguntó sobre cómo se sienten en estos últimos días del 2025 y las expectativas que tienen en cuanto a la seguridad en el 2026.

Es lógico que, con este ritmo en el que continúa sumando la cifra de asesinatos en Sinaloa, y que veamos cada vez con más frecuencia noticias sobre el uso de explosivos o el aseguramiento de decenas de estos de estos dispositivos en las calles de nuestros barrios, como ocurrió la noche de ayer en el Fraccionamiento Los Ángeles, mantengamos esa zozobra y disminuya la esperanza de que las cosas puedan cambiar en un corto o mediano plazo.

Noroeste hizo un recorrido por uno de los únicos lugares que aún nos dan paz y un espacio para respirar aire fresco, como lo es el parque Las Riberas, para preguntar a los visitantes sobre su percepción.

Coincidieron que el año 2025 ha sido un periodo marcado por el temor, el encierro y la pérdida de la tranquilidad, y que esperan un cierre de año violento y sin respeto a sectores ni condiciones sociales.

La percepción tiene que ver con los últimos ataques a colegios privados y locales comerciales grandes como casinos en las semanas recientes.

Lamentan que la inseguridad ha permeado en toda la ciudad y que, por ejemplo, ya vivir en una privada no es garantía de protección, pues hasta en estos cotos los grupos criminales ingresan para atacar y destruir residencias.

Estos incidentes comenzaron en la zona sur desde septiembre de 2024, pero ahora se presentan de manera constante en el norte de la ciudad, donde se había estado a salvo al principio.

Además también el tema económico se mantiene como uno de los factores con mayor afectación, sobre todo por la pérdidas de empleo y con ello la estabilidad en la vida familiar.

Y la otra percepción de la que no tenemos muchos números para estimar es el desplazamiento de familias completas a otros estados o países, para no seguir con la zozobra.

Hoy las familias ya deben vivir con el conocimiento de implementar sus propios protocolos de seguridad y las medidas adoptadas por la propia ciudadanía, con acciones mínimas como un toque de queda para estar dentro de sus hogares a las 17:00 horas y el monitoreo constante con el uso de herramientas digitales para mandar la ubicación en todo momento.

Lo peor es que el panorama para el año 2026 no resulta alentador, pues mientras que algunos desean fervientemente que la paz regrese por el bienestar de las nuevas generaciones, otros creen que la crisis seguirá igual, cómo ha pasado en otras guerras anteriores.

Y usted, ¿qué es lo que vislumbra para el 2026?