Los transportistas ya hicieron lo que suele anteceder a cualquier ajuste impopular: poner los números sobre la mesa y advertir que el sistema se está quedando sin aire. No pidieron una cifra concreta, no hablaron de pesos ni centavos; pidieron algo más básico y, al mismo tiempo, más incómodo: sentarse con el Gobernador Rubén Rocha Moya a revisar una tarifa que lleva casi cuatro años congelada mientras todo lo demás sube.

El mensaje no es nuevo, pero sí más urgente.

Camiones fuera de circulación, talleres detenidos, mantenimiento diferido y concesionarios operando al límite no son una amenaza futura, son una fotografía del presente.

Que en Culiacán solo circulen unos 600 camiones de un parque estimado en mil 600 no es una estadística técnica: es un fracaso operativo que impacta directamente en los tiempos de traslado, la saturación de rutas y la calidad del servicio que recibe el usuario.

El Gobierno estatal ha optado, hasta ahora, por una estrategia políticamente cómoda: no tocar la tarifa. Congelarla ha funcionado como un escudo discursivo frente al malestar social, especialmente en un estado donde el transporte público es una necesidad diaria para miles de trabajadores y estudiantes.

Pero ese escudo empieza a resquebrajarse cuando el sistema que sostiene se deteriora por dentro.

Hay un punto particularmente delicado que nadie quiere asumir del todo: la tarifa preferencial para estudiantes.

Defenderla es socialmente correcto y políticamente rentable, pero financieramente insostenible si no existe un esquema de subsidio real.

Mantenerla intacta durante más de una década sin compensación gubernamental no es una política social, es trasladar el costo al concesionario y fingir que el problema no existe.

El otro elefante en la sala es la modernización. Cámaras, pago electrónico, renovación de unidades... todo forma parte del discurso oficial sobre un transporte más seguro y eficiente. Sin embargo, exigir modernización sin resolver primero la viabilidad económica del servicio es como pedirle a un barco que se vea mejor mientras hace agua.

Los transportistas también dejaron caer una advertencia que suele pasar de largo: el tema de la seguridad. El servicio ha seguido operando incluso después de ataques a unidades y afectaciones a usuarios. Eso habla de resiliencia, sí, pero también de normalización del riesgo, algo que no debería formar parte del paisaje cotidiano.

Rocha Moya tiene frente a sí una decisión incómoda. Abrir la mesa implica reconocer que la tarifa es un problema real y no solo un tema políticamente sensible. No abrirla significa dejar que el deterioro continúe hasta que el ajuste sea inevitable, más abrupto y socialmente más costoso.

Porque, al final, la tarifa no se está discutiendo en abstracto: se está pagando todos los días en camiones que no pasan, rutas que se recortan y usuarios que esperan más de lo que deberían. Y cuando el transporte público falla, no falla un sector; falla la ciudad entera.

Lo que sí dejó a más de uno con el ojo cuadrado fue el anuncio del Gobernador Rubén Rocha Moya sobre la transferencia de 32 millones de pesos para el IMSS Bienestar.

¡Vaya generosidad! Ahora resulta que el Estado tiene que andar prestándole o financiando las nóminas a un sistema federal, porque no tienen ni para los sueldos de médicos y enfermeros.

El chiste es que el panista Eduardo Ortiz ya puso el dedo en la llaga preguntando ¿tendrá el Estado la capacidad jurídica para andar haciendo estos préstamos de dinero estatal a la Federación?, porque una cosa es la solidaridad y otra muy distinta es tapar el desorden administrativo ajeno con dinero de los sinaloenses.

Mientras en la Ciudad de México la Presidenta Claudia Sheinbaum celebra que hay más ingresos fiscales, aquí en la realidad de los hospitales la pregunta es ¿dónde quedó la bolita?, porque si hay más dinero en el arca, pero el paciente sigue saliendo con la receta vacía, porque no hay ni para el dolor de cabeza, algo no cuadra.

La Oposición exige ver el calendario de surtido de medicamentos, pero tal parece que ese documento es un mito más grande que la eficiencia del sistema de salud actual y como siempre el costo lo termina pagando el usuario.

En lugares con tanto tráfico, sobre todo interestatal y hasta nacional e internacional, como El Limón de los Ramos, a veces se nos olvida que hay necesidades tan suyas que las damos por hecho.

Y es que a la hora de que los jóvenes van a entrar a clases, en el pueblo se puede observar a cientos de jóvenes con uniforme atravesando el grueso del poblado y hasta exponiendo su integridad física.

Como dijimos desde el principio, es que parece que se da todo por hecho, y las necesidades muy de los locales se tienden a olvidar.

La carretera México 15 atraviesa el poblado de poniente de oriente antes de enfilarse hacia el norte, y al revés, en el movimiento natural de los pasantes.

Y así está, para eso está la autopista, pero lo que se les olvida es que en el lugar hace falta infraestructura más amigable con la movilidad de los transeúntes, como lo son unas amplias y sólidas banquetas.

Habrá un montón de raza que pueda pensar que la respuesta a este problema es tan sencilla como un “váyanse por abajo”, pero el riesgo sigue estando igual, además de que la falta de pavimento de las calles locales también hace poco factible la propuesta, pues eso también implica que puedan llegar polvorientas o hasta sucios al plantel.

No hay que ser, que no debe salir muy caro hacer estas modificaciones a la carretera y de paso pegarle una manita de gato.