Cada vez es más común: al tiempo que la guerra entre facciones criminales arrecia en Sinaloa (ahí están las estadísticas que lo demuestran), las autoridades se tardan cada vez más en llegar a los lugares donde la violencia se presenta. O de plano no llegan.

Lo decimos con la dolorosa evidencia de haber vivido el riesgo de acudir al reporte de tres personas asesinadas en la comunidad de El Pozo, en la Sindicatura de Imala, y quedar junto con compañeros de otros medios, en el fuego cruzado de dos grupos rivales.

Acudimos con la intención de documentar esas muertes que más tarde se confirmaron por autoridades federales y sin que las locales dijeran absolutamente nada. De hecho si no fuera por la prensa es probable que esas muertes no se conocieran.

También, tras el enfrentamiento que atestiguamos, confirmamos una cuarta muerte y el ataque a otras dos personas cuyo estado de salud desconocemos hasta ahora.

Después de los balazos, nuestros reporteros se resguardaron por más de media hora en una vivienda de la comunidad hasta que los elementos de la Guardia Nacional y los Agentes Federales de Harfuch se apersonaron para asegurar la zona y acompañaron a los periodistas para salir de la comunidad.

En Noroeste asumimos nuestro rol informativo, pero vale dejar claro que ninguna cobertura vale la integridad de ningún periodista y que esta nueva realidad donde el primer respondiente se está volviendo la prensa y no las autoridades, es una condición que no conviene a nadie y que sólo irá en detrimento de nuestra capacidad de informar.

Agradecemos a quienes en el gremio se han solidarizado con nuestros colaboradores y a las instituciones de protección y defensa que se acercaron con nosotros a título institucional y personal.

Estamos convencidos que en circunstancias tan difíciles para cumplir con la cobertura mínima de las violencias que vivimos, lo que el periodismo sinaloense necesita es empatía y acompañamiento.

Nuestro compromiso es aprender de lo ocurrido y seguir priorizando la integridad física y emocional de nuestros periodistas con las herramientas y recursos que contamos.

En Culiacán, particularmente en sus comunidades rurales como Tacuichamona e Imala, los hechos violentos han dejado de ser excepcionales para convertirse en episodios reiterados que parecen no merecer respuesta pública. Lo alarmante ya no es sólo lo que ocurre, como el fuego cruzado en el que quedaron atrapados periodistas en Imala o los hechos recientes en Tacuichamona, sino el silencio institucional que les sigue.

Ni el Ayuntamiento de Culiacán, ni el Gobierno del Estado han salido a hablarle a la ciudadanía. No hay un mensaje, un parte oficial, una declaración que intente siquiera explicar, tranquilizar o asumir responsabilidad. Aun cuando la presencia de fuerzas federales en la zona es evidente, las autoridades locales parecen resignadas a la irrelevancia, como si su papel fuera accesorio, como si su voz no importara.

¿De qué sirve entonces una Secretaría de Seguridad, una sindicatura o un Ayuntamiento que no se manifiestan frente a sucesos de alto impacto? ¿De qué sirven oficinas de comunicación social si la sociedad queda desinformada y sin consuelo?

Es insostenible, y hasta ridículo, seguir llamando “gobernabilidad” a este modelo de gestión que deja en el abandono comunicativo a comunidades rurales, donde se vive con miedo, con incertidumbre, y sin una autoridad que se pronuncie con claridad.

No se pide que resuelvan todo en el momento. Se pide lo básico: que hablen, que asuman, que acompañen. Porque cuando los hechos ocurren y lo único que prevalece es el silencio, ese vacío no lo llena el Estado, lo llena el miedo, la especulación y la desconfianza.

Y entonces, ¿qué queda? Una ciudadanía cada vez más sola, más informada por terceros que por sus propias instituciones. Y autoridades que parecen haber renunciado a su deber más elemental, el de estar presentes.

Sinaloa recibió la mayor cantidad de recursos federales en todo el País para atender la crisis de personas desaparecidas. Más de 127 millones de pesos entre 2022 y 2025. Así lo anunció el Gobierno estatal en la conferencia semanera.

Pero no, no es un mérito encabezar esa lista. Es un espejo brutal de la tragedia que vive el estado: más de 6 mil 400 personas desaparecidas, según cifras del Instituto Mexicano de Derechos Humanos con corte al 16 de mayo de 2025.

Sinaloa ocupa el sexto lugar nacional en desapariciones, sólo por debajo de Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León.

El Gobierno estatal comunica la instalación de centros de resguardo e identificación humana con capacidad para almacenar cientos de cuerpos: 750 en Culiacán, 710 en Mazatlán, y 510 en Los Mochis, que próximamente se ampliarán. Hablan de rayos X, de equipos genéticos, de necropsias, de termocicladores. Hablan de cadáveres. No de personas vivas.

El lenguaje institucional se vuelve un inventario técnico de la muerte. Porque en Sinaloa, la “búsqueda” ya no es con vida. Es identificación post mortem. El Estado, en los hechos, se rinde ante la realidad de la violencia instrumental y colectiva de borrar personas.

Se normaliza que buscar a alguien desaparecido signifique buscar su cuerpo, no su regreso.

Mientras la funcionaria estatal Patricia Figueroa, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, detallaba los avances en la Semanera del Gobernador Rubén Rocha, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda exhumaba restos de la fosa común del panteón 21 de Marzo en Culiacán. Cuerpos arrojados ahí desde 2008, ahora removidos para ver si alguno coincide con los miles de nombres en las listas de desaparición.

Ese es el escenario. El Estado con más dinero para la búsqueda de personas expone el tamaño de la tragedia. Porque cada millón etiquetado para estos fines habla de la magnitud del horror, de las familias que siguen sin respuestas, de un sistema forense rebasado que lucha por recuperar los años perdidos, de la violencia que no cede, y de un aparato institucional que dejó de imaginar un final justo para sus desaparecidos.