El Secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, fue cuestionado sobre la situación penal que enfrenta el capo Ismael Zambada García, “El Mayo”, y le sacó la vuelta a contestar.

La verdad no es que alguien como Castro Meléndrez fuera a compartir una opinión vinculatoria de un tema tan serio e importante. Si no se trata de deslegitimar el ejercicio periodístico o de criticar a los partidos no aliados a Morena, a Feliciano Castro se le acaba la retórica.

Sin embargo, se esperaba que ofreciera un posicionamiento como Vocero del Gobierno de Sinaloa, considerando que Zambada García residía en el estado y operaba desde aquí, de acuerdo con las acusaciones de tráfico de drogas que le impuso el Gobierno de los Estados Unidos.

A su más puro estilo personal, Castro Meléndrez se quedó mudo y prefirió saltar de tema.

Y qué raro, pues históricamente las autoridades estatales resulta que nunca tienen siquiera antecedentes criminales en nuestra Fiscalía General del Estado de los grandes capos.

Y aquí hay de dos sopas, si no tiene una opinión sobre el juicio de Zambada García está mal, pues como autoridades de Sinaloa no pueden ser ajenos a un proceso penal que comenzó con un arresto y que desató una guerra interna del crimen organizado que a diario cobra vidas; y si prefirió quedarse mudo antes de decir lo que piensa, ¿pues para qué se dice vocero del estado, cuando una pregunta tan obvia no pudo responderla?

La verdad es que tuvo miedo de regarla con un comentario de provecho y prefirió verse tibio y desapegado a una situación de interés público a ser noticia nacional. En fin, la Vocería diaria del Gobierno de Sinaloa es una rutina para informar a medias, porque de los temas de interés o no tienen reportes, o no tienen jurisdicción para opinar.

Reiteramos, la transparencia no sólo se refiere al acceso de información, sino también a acceso de información de calidad.

La jornada de ayer se puso macabra con el asesinato de un ex agente de la Fiscalía General del Estado enfrente de las instalaciones del Congreso del Estado, y no es exageración, fue prácticamente en la entrada al Palacio Legislativo.

El hecho por sí solo resulta consternante, al igual que los más de 700 homicidios perpetrados en Sinaloa desde septiembre del 2024, pero este tuvo el agravante del cargo y antecedentes de la víctima, y por supuesto, la escena del crimen.

No es que dejaron el cuerpo del ex agente, que ya hubiera sido tétrico, sino que las evidencias en el lugar y testimonios de trabajadores del Congreso apuntan que ahí se cometió el delito, que ahí lo asesinaron.

Y resulta aún más deprimente que, siendo un edificio público en el que todos los días se aprecian patrullas dando rondines, los agresores pudieron llegar, hacer sus fechorías y tomarse el tiempo de colocar una cartulina al lado del cuerpo sin vida. Todo esto alrededor de las 8:30 horas, a plena luz del día.

Aunque la Presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra Ochoa, quiera aminorar el impacto de este evento, resulta complicado no hallar un mensaje en lo que pasó la mañana del jueves, básicamente porque se cometió un crimen en la cuna de la Ley que nos rige como ciudadanos.

Lo único que podemos rescatar de la reacción de Tere Guerra a este hecho, como la cara más visible del Legislativo, es el mensaje y llamado a que el Estado, entendido como un conjunto de poderes, no puede ni debe dejarse doblegar, porque es en el Estado en quien la ciudadanía necesita sentirse respaldada.

Muchas de las críticas hacia los servidores públicos en estos meses de terror que hemos vivido, son en torno a que estos personajes parecieran ajenos a lo que vive la ciudadanía, que habitan en un Sinaloa utópico donde la única preocupación es cambiar el nombre a los municipios de manera totalmente innecesaria.

Aunque muy a la mala, lo que pasó ayer lució como una forma muy siniestra de avisarle a uno de los poderes del Estado que la entidad está en crisis, y de todos los tipos, pero puntualmente en tema de seguridad, que a final de cuentas es la que más duele y desgasta.

Ya lo hemos comentado en ediciones anteriores, el Congreso del Estado poco puede hacer directamente para combatir la inseguridad, pero sí puede aprovechar sus herramientas y facultades para que los sectores productivos no resientan tanto esta parálisis social, y aunque por momentos han hecho la lucha, sus acciones no resultan muy contundentes.

Esperemos, pues, que haber vivido un evento de esta naturaleza, tan cerca como lo es la entrada a su oficina de trabajo, despierte y ubique a algunos diputados que se enfrascan en nimiedades ridículas como hacer tributos a un ex Presidente, y pongan atención a sus distritos, a la gente que representan, y hagan valer sus facultades legales por el bien de las y los sinaloenses.

Jaime Michel Palazuelos Velázquez es un chofer que fue visto por última vez la madrugada del 11 de enero y es una herida más en el cuerpo de un Sinaloa que sangra desde hace tiempo.

Este caso, como tantos otros, grita con el silencio de quien ya no está y con el eco desesperado de una familia que exige humanidad.

Su padre pide que le devuelvan a su hijo, sano y salvo, sin buscar razones ni culpables, como si exigir justicia fuera un lujo en esta tierra rota.

Esa súplica habla del estado de indefensión al que hemos sido reducidos, donde el clamor por una vida se vuelve una plegaria al vacío.

El sector transportista salió a bloquear calles porque parece que es la única manera de que el Gobierno escuche.

En Sinaloa se ha normalizado esta paradoja: para ser visible, primero tienes que desaparecer.

Más de 850 personas han sido arrebatadas de sus hogares en apenas cuatro meses, y más de 700 han encontrado la muerte. Cada cifra es un universo perdido, una familia rota, pero para el aparato de Gobierno parecen ser sólo números más en un informe que no cambia nada.

La violencia no sólo mata; también silencia, disuade, apaga la esperanza.

Es imposible no indignarse ante la ausencia de respuestas.

¿Qué clase de pacto social tenemos cuando las autoridades, encargadas de protegernos, se muestran incapaces de dar resultados?

Los ciudadanos no deberían mendigar seguridad ni interrumpir el curso de la ciudad para exigir lo que es su derecho.

Pero aquí estamos, en un lugar donde la impotencia se manifiesta en bloqueos, en gritos ahogados, en súplicas que a menudo terminan en eco.

El Secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, fue cuestionado sobre la situación penal que enfrenta el capo Ismael Zambada García, “El Mayo”, y le sacó la vuelta a contestar.

La verdad no es que alguien como Castro Meléndrez fuera a compartir una opinión vinculatoria de un tema tan serio e importante. Si no se trata de deslegitimar el ejercicio periodístico o de criticar a los partidos no aliados a Morena, a Feliciano Castro se le acaba la retórica.

Sin embargo, se esperaba que ofreciera un posicionamiento como Vocero del Gobierno de Sinaloa, considerando que Zambada García residía en el estado y operaba desde aquí, de acuerdo con las acusaciones de tráfico de drogas que le impuso el Gobierno de los Estados Unidos.

A su más puro estilo personal, Castro Meléndrez se quedó mudo y prefirió saltar de tema.

Y qué raro, pues históricamente las autoridades estatales resulta que nunca tienen siquiera antecedentes criminales en nuestra Fiscalía General del Estado de los grandes capos.

Y aquí hay de dos sopas, si no tiene una opinión sobre el juicio de Zambada García está mal, pues como autoridades de Sinaloa no pueden ser ajenos a un proceso penal que comenzó con un arresto y que desató una guerra interna del crimen organizado que a diario cobra vidas; y si prefirió quedarse mudo antes de decir lo que piensa, ¿pues para qué se dice vocero del estado, cuando una pregunta tan obvia no pudo responderla?

La verdad es que tuvo miedo de regarla con un comentario de provecho y prefirió verse tibio y desapegado a una situación de interés público a ser noticia nacional. En fin, la Vocería diaria del Gobierno de Sinaloa es una rutina para informar a medias, porque de los temas de interés o no tienen reportes, o no tienen jurisdicción para opinar.

Reiteramos, la transparencia no sólo se refiere al acceso de información, sino también a acceso de información de calidad.

La jornada de ayer se puso macabra con el asesinato de un ex agente de la Fiscalía General del Estado enfrente de las instalaciones del Congreso del Estado, y no es exageración, fue prácticamente en la entrada al Palacio Legislativo.

El hecho por sí solo resulta consternante, al igual que los más de 700 homicidios perpetrados en Sinaloa desde septiembre del 2024, pero este tuvo el agravante del cargo y antecedentes de la víctima, y por supuesto, la escena del crimen.

No es que dejaron el cuerpo del ex agente, que ya hubiera sido tétrico, sino que las evidencias en el lugar y testimonios de trabajadores del Congreso apuntan que ahí se cometió el delito, que ahí lo asesinaron.

Y resulta aún más deprimente que, siendo un edificio público en el que todos los días se aprecian patrullas dando rondines, los agresores pudieron llegar, hacer sus fechorías y tomarse el tiempo de colocar una cartulina al lado del cuerpo sin vida. Todo esto alrededor de las 8:30 horas, a plena luz del día.

Aunque la Presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra Ochoa, quiera aminorar el impacto de este evento, resulta complicado no hallar un mensaje en lo que pasó la mañana del jueves, básicamente porque se cometió un crimen en la cuna de la Ley que nos rige como ciudadanos.

Lo único que podemos rescatar de la reacción de Tere Guerra a este hecho, como la cara más visible del Legislativo, es el mensaje y llamado a que el Estado, entendido como un conjunto de poderes, no puede ni debe dejarse doblegar, porque es en el Estado en quien la ciudadanía necesita sentirse respaldada.

Muchas de las críticas hacia los servidores públicos en estos meses de terror que hemos vivido, son en torno a que estos personajes parecieran ajenos a lo que vive la ciudadanía, que habitan en un Sinaloa utópico donde la única preocupación es cambiar el nombre a los municipios de manera totalmente innecesaria.

Aunque muy a la mala, lo que pasó ayer lució como una forma muy siniestra de avisarle a uno de los poderes del Estado que la entidad está en crisis, y de todos los tipos, pero puntualmente en tema de seguridad, que a final de cuentas es la que más duele y desgasta.

Ya lo hemos comentado en ediciones anteriores, el Congreso del Estado poco puede hacer directamente para combatir la inseguridad, pero sí puede aprovechar sus herramientas y facultades para que los sectores productivos no resientan tanto esta parálisis social, y aunque por momentos han hecho la lucha, sus acciones no resultan muy contundentes.

Esperemos, pues, que haber vivido un evento de esta naturaleza, tan cerca como lo es la entrada a su oficina de trabajo, despierte y ubique a algunos diputados que se enfrascan en nimiedades ridículas como hacer tributos a un ex Presidente, y pongan atención a sus distritos, a la gente que representan, y hagan valer sus facultades legales por el bien de las y los sinaloenses.

Jaime Michel Palazuelos Velázquez es un chofer que fue visto por última vez la madrugada del 11 de enero y es una herida más en el cuerpo de un Sinaloa que sangra desde hace tiempo.

Este caso, como tantos otros, grita con el silencio de quien ya no está y con el eco desesperado de una familia que exige humanidad.

Su padre pide que le devuelvan a su hijo, sano y salvo, sin buscar razones ni culpables, como si exigir justicia fuera un lujo en esta tierra rota.

Esa súplica habla del estado de indefensión al que hemos sido reducidos, donde el clamor por una vida se vuelve una plegaria al vacío.

El sector transportista salió a bloquear calles porque parece que es la única manera de que el Gobierno escuche.

En Sinaloa se ha normalizado esta paradoja: para ser visible, primero tienes que desaparecer.

Más de 850 personas han sido arrebatadas de sus hogares en apenas cuatro meses, y más de 700 han encontrado la muerte. Cada cifra es un universo perdido, una familia rota, pero para el aparato de Gobierno parecen ser sólo números más en un informe que no cambia nada.

La violencia no sólo mata; también silencia, disuade, apaga la esperanza.

Es imposible no indignarse ante la ausencia de respuestas.

¿Qué clase de pacto social tenemos cuando las autoridades, encargadas de protegernos, se muestran incapaces de dar resultados?

Los ciudadanos no deberían mendigar seguridad ni interrumpir el curso de la ciudad para exigir lo que es su derecho.

Pero aquí estamos, en un lugar donde la impotencia se manifiesta en bloqueos, en gritos ahogados, en súplicas que a menudo terminan en eco.