Lo que pasó con Ricardo Mizael es de esas noticias que te sacuden porque te recuerdan lo frágil que se ha vuelto la vida en Culiacán.

Un joven de 16 años que, de acuerdo con su familia, sólo salió a comprar un biberón para alimentar a unos gatos que había rescatado y terminó asesinado. Así de absurdo y doloroso.

Y lo peor es que es parte de una violencia que ya se volvió cotidiana, donde salir de casa puede ser un riesgo, incluso para un estudiante, un deportista, alguien que únicamente iba rumbo a sus actividades diarias.

Su muerte pega más porque era alumno que iniciaba su formación preparatoria y formaba parte de un equipo deportivo.

Tenía un proyecto de vida, metas, sueños.

No sólo perdió la vida él; también perdió la sociedad lo que ese joven pudo haber llegado a ser.

Cuando se ve que en pocos meses ya han asesinado a varios menores en el estado, es notorio que el problema es mucho más profundo.

La violencia ligada a conflictos como la pugna del Cártel de Sinaloa ha terminado alcanzando a quienes no tienen nada que ver y entonces uno se pregunta qué está fallando.

Porque no debería ser normal que familias entierren a sus hijos adolescentes ni que la comunidad se acostumbre a despedir estudiantes.

Da la impresión de que la violencia ya se normalizó, pues cuando la tragedia deja de sorprender, significa que la sociedad está aprendiendo a vivir con el miedo en lugar de exigir que deje de existir.

La democracia no es un premio que se otorga sólo a quienes votan “correctamente”, ni un castigo que se impone a quienes eligen distinto.

Es, en esencia, el reconocimiento de que en la pluralidad caben todas las voces.

Por eso, cuando la dirigente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Roxana Rubio, afirmó que quienes votaron por Morena merecen un mal gobierno y que son “cómplices”, la discusión dejó de ser partidista y se convirtió en un asunto de respeto democrático.

En un estado como Sinaloa, donde la violencia ha marcado la vida cotidiana de miles de familias, reducir la conversación pública a descalificaciones colectivas resulta no sólo imprudente, sino insensible. Las víctimas no tienen color partidista. El dolor no distingue boletas electorales.

Señalar que un sector de la población “merece” un mal gobierno implica normalizar la idea de que el sufrimiento puede ser consecuencia legítima de una decisión ciudadana.

La democracia se construye con responsabilidad compartida, sí, pero también con la aceptación de que el voto es libre y secreto.

Nadie vota para que le vaya mal; nadie elige esperando crisis o inseguridad.

Quienes depositaron su confianza en Morena lo hicieron con expectativas, como en su momento otros lo hicieron por el PAN, el PRI o cualquier otra fuerza política.

Convertir esa decisión en una etiqueta de complicidad colectiva erosiona el diálogo y polariza aún más a una sociedad ya fragmentada.

La crítica a los gobiernos es válida y necesaria. Forma parte del contrapeso que debe ejercer la Oposición.

Pero cuando la crítica se transforma en desdén hacia los ciudadanos, pierde altura moral y política.

La inconformidad no puede traducirse en desprecio. Y menos en un contexto donde la violencia ha dejado víctimas que merecen empatía, no reproches implícitos.

En tiempos de tensión y desencanto, el lenguaje importa. Las palabras pesan. Y quienes ocupan posiciones de liderazgo partidista tienen la obligación de medirlas.

Porque si algo necesita hoy Sinaloa no es más división, sino una conversación pública que, aun en la diferencia, respete la dignidad de todos.

El silencio se ha convertido en una presencia constante en la comunidad de El Verde, Concordia, donde tras el hallazgo de alrededor de cuatro o cinco fosas clandestinas en sus inmediaciones, el ambiente cotidiano del poblado cambió de manera notable.

Las calles lucen más reservadas, las puertas permanecen cerradas y las conversaciones se interrumpen ante la llegada de personas ajenas, pues el miedo ha impuesto su propia regla no escrita en la que los habitantes evaden miradas y cuestionamientos, optando por el mutismo frente a colectivos de madres buscadoras, representantes de medios de comunicación o cualquier forastero que intente obtener respuestas.

La cautela no es casual, ya que la inseguridad que ha golpeado a la zona ha generado una percepción de riesgo permanente, donde hablar puede interpretarse como exponerse y la presencia de brigadas de búsqueda y autoridades forenses, que recorren los predios en labores de excavación, recuerda diariamente la magnitud de la tragedia.

Sin embargo, lejos de propiciar testimonios, estas escenas han reforzado una cultura de silencio en donde la comunidad, marcada por la incertidumbre, parece haber adoptado la discreción como mecanismo de protección, priorizando la seguridad personal y familiar por encima de cualquier declaración pública.

Esta misma actitud se replica en la cabecera municipal de Concordia, donde a pesar del constante despliegue de vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad pública, los ciudadanos rehúyen hablar sobre hechos recientes.

Ante preguntas directas, la respuesta recurrente es no saber o no estar enterados, incluso cuando los hallazgos de fosas y la privación de la libertad de 10 mineros han trascendido a nivel nacional.

En ambos puntos, el mensaje es el mismo: el temor ha ganado terreno y, en medio de la vigilancia y la incertidumbre, el silencio se ha convertido en la única defensa visible de la población.

¡FOUL! El Presidente Municipal de Elota, Richard Millán, envía mensaje por redes sociales para “informar” que pasó por momento y lugar equivocado... y le tocó ¡un tiroteo!