Mientras el Gobierno de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán promueven el Aquatón como una jornada solidaria para apoyar a las comunidades afectadas por la sequía, puertas adentro la colecta parece haber tomado otro significado: el de una cooperación obligatoria disfrazada de voluntaria.

Porque una cosa es convocar a la ciudadanía a donar agua potable y otra muy distinta es pasar la charola entre trabajadores de Gobierno bajo presión institucional.

En distintas dependencias estatales y municipales comenzó a circular la instrucción: había que aportar dinero para comprar litros de agua que serían entregados durante el Aquatón. Oficialmente, el donativo era voluntario. En la práctica, pocos se sintieron con libertad de negarse.

En el Ayuntamiento de Culiacán incluso hubo trabajadores que plantearon una alternativa lógica: entregar el apoyo en especie. Llevar directamente paquetes de agua, garrafones o botellas a las oficinas para sumarse a la campaña. Pero no. La indicación fue clara: el apoyo debía ser en efectivo.

Y ahí es donde el discurso de solidaridad empieza a hacer ruido.

Porque si la intención es ayudar a familias que padecen la falta de agua, ¿por qué impedir que los trabajadores entreguen el recurso directamente en especie? ¿Por qué centralizar el dinero? ¿Por qué convertir una causa social en una cuota laboral incómoda?

Más aún en un contexto donde muchos empleados de Gobierno no atraviesan precisamente por una bonanza económica. Hay trabajadores eventuales, sindicalizados y de confianza que cargan con descuentos, pagos atrasados y salarios limitados. Aun así, la presión moral de “cooperar” termina pesando más que cualquier circular.

El problema no es el Aquatón. La sequía es real y las necesidades en muchas comunidades también. El problema es cuando las instituciones quieren construir una narrativa de empatía utilizando mecanismos que se parecen demasiado a la coerción.

La solidaridad pierde valor cuando deja de nacer de la voluntad.

Y en Sinaloa, donde los gobiernos suelen presumir campañas humanas y cercanas, sería importante recordar que ayudar no debería sentirse como una obligación administrativa.

No fue una postura espontánea ni un intento de transparentar información, la declaración salió porque hubo preguntas directas de los medios. Porque los medios le cuestionaron qué pasó con “Juanito”, cuándo dejó la corporación y si existía alguna investigación interna después de que su nombre apareció en una acusación del Gobierno de Estados Unidos.

Y la respuesta terminó siendo la misma que tantas veces se escucha en Sinaloa: “ya no trabaja aquí”.

Según el director de la Policía Municipal de Culiacán, Jonathan Macedo Ramírez, el ex comandante Juan Valenzuela Millán dejó la corporación desde noviembre de 2024 porque dejó de presentarse a trabajar. Así, simple. En plena crisis de violencia derivada de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y en uno de los momentos más delicados para la seguridad pública del estado.

Una cosa es que ya no pertenece oficialmente a la corporación y otra muy distinta es lo que representa que un ex mando policial de Culiacán aparezca mencionado en una acusación internacional por presuntos vínculos con el crimen organizado.

También llama la atención cómo las autoridades locales suelen enterarse de todo después. Estados Unidos presenta acusaciones, identifica nombres y habla de redes de protección institucional, mientras acá la respuesta es esperar “a que las autoridades correspondientes investiguen”.

Y sí, Macedo respondió lo que le preguntaron. Pero justo ahí está el punto, porque si no existiera presión mediática, probablemente nadie estaría aclarando nada. No hubo un posicionamiento previo, ni una explicación pública, ni un deslinde anticipado. Hubo preguntas incómodas y respuestas obligadas.

La respuesta pareció enfocarse más en precisar que “Juanito” ya no era policía que en explicar cómo alguien señalado ahora por autoridades estadounidenses llegó a ocupar un cargo de alto rango dentro de la corporación municipal.

Resulta que aunque ya todo mundo en Sinaloa se dio cuenta del campañón que trae la Senadora Imelda Castro desde que empezó la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, el año antepasado, a los que todavía no les cae el 20 es a los del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que por segunda vez les revocaron la resolución que enviaron al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

Ya podemos empezar a pensar que en realidad es que la todavía Senadora y la más encarrerada en ser candidata a la Gubernatura por Morena en Sinaloa en realidad está blindada.

Porque a este paso, ni un raspón vamos a verle en su camino a “la grande”.

La justificación del Tribunal Electoral para darle palo a la intención del IEES y su decisión es de que “aquí no ha pasado nada“.

La sospecha sobresale porque es la segunda vez, y le han recalcado al IEES que “no agotó el análisis de las pruebas” presentadas por el Partido Acción Nacional y el Movimiento Ciudadano contra la Senadora morenista.

Y aquí habremos de abrir un paréntesis, y bajar las cosas desde ese lenguaje jurídico a cosas más terrenales, para evitar las maromas y preservar el sentido común en contra de las crisis y abuso de “asegunes”.

Es muy lógico que si alguien pinta bardas con sus iniciales y nombres, y justamente es ella quien aspira a un cargo público, lo único en lo que podríamos batallar del análisis es qué tipo de pintura usaron.

Porque lo demás está muy claro para todo Sinaloa y si los del Instituto Electoral tienen alguna duda, pues marque cualquier número del territorio sinaloense o pregúntenle a cualquier individuo que ande en la calle, por ahí por el Malecón pa’ que no batallen, y pregúntenle cuántas bardas ha visto pintadas y con el nombre o las iniciales de quién.

La denuncia del PAN y de Movimiento Ciudadano seguramente va a continuar engrosando la carpeta, y qué bueno que el Tribunal sí tiene una intención más clara de que no tiene por qué andarle cuidando nada a Imelda, porque más allá de que el equipo de la Senadora haya visto que ya se hizo borlote por andar pintando bardas, es muy notable que no pensó en “hijiuela, ya nos torcieron, y puede haber problema”, más bien parece que piensan “síganle pintando, nos faltan un montón de bardas, al cabo no nos van a hacer nada”.

Y así cuando llegue la elección, la Senadora ya va a tener más de 20 meses de campaña delante de cualquier rival.

Nombre, con un árbitro como el IEES es preferible jugar cualquier careada de futbol contra el América. ¡Penaaaal!

¡FOUL!... La Diputada Tere Guerra lanzó un mensaje claro a la administración de la UAS, cuyos trabajadores y jubilados exigen detener sus descuentos por la reingeniería, “¡se debe reducir la plantilla de confianza y disminuir prestaciones excesivas!”.