Palma y el derecho a no explicar
Guadalupe Santana Palma León tiene razón en una cosa: como cualquier persona, tiene derecho a guardar silencio.
Lo que resulta menos cómodo es ejercer ese derecho cuando las preguntas tienen que ver con un viaje pagado con recursos públicos.
El Diputado fue cuestionado por su traslado a Chihuahua del 16 de mayo, reportado ante el Congreso como una reunión de carácter legislativo. El problema es que ese mismo día fue visto participando en una marcha contra la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Palma León aseguró que sí acudió a la reunión que justificó el viaje, pero cuando los reporteros intentaron saber en qué consistió, quién convocó, qué actividades realizó y cómo se relacionaba aquello con el gasto público, respondió que se reservaba el derecho a guardar silencio.
Y sí: puede hacerlo.
Pero el silencio no responde a las preguntas que surgen cuando se gastan 56 mil 824.19 pesos del erario.
El viaje, según el registro del Congreso, también incluyó a las Diputadas Luz Verónica Avilés Rochín y Rosario Guadalupe Sarabia Soto, además de un asesor.
No se trata de exigirle a un Legislador que renuncie a sus derechos. Se trata de recordar que el dinero con el que se pagó ese viaje no es suyo ni del Congreso: es dinero público.
Por eso, si la actividad legislativa está debidamente acreditada, explicar el viaje debería ser lo más sencillo. Y si no lo está, guardar silencio difícilmente hará desaparecer la pregunta.
El derecho a callar es personal. La obligación de rendir cuentas, cuando se utilizan recursos públicos, es otra cosa.
Gárate levanta la voz
Paola Gárate llegó al Congreso con una playera que decía “No van a callar a Sinaloa”. El mensaje no era precisamente discreto, pero tampoco hacía falta: la Diputada aprovechó la tribuna para reclamar lo que, según denunció, se ha convertido en una constante para los grupos de Oposición: quedarse sin voz.
PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, acusó, han tenido dificultades para intervenir en las sesiones. Y ayer, dijo, ni ella ni Elizabeth Montoya Ojeda pudieron realizar el posicionamiento que tenían previsto.
Gárate también cuestionó la integración de la nueva Mesa Directiva, al señalar que no se tomó en cuenta a los grupos opositores y que la Presidencia debería alternarse para garantizar un debate equilibrado.
Pero el reclamo más fuerte fue otro: aseguró que incluso le han apagado el micrófono y retirado el uso de la voz desde la tribuna.
En un Congreso donde la mayoría tiene los votos suficientes para sacar adelante sus decisiones, lo mínimo que debería estar garantizado es que la Oposición pueda hablar, aunque sus argumentos incomoden, aunque sus críticas molesten y aunque sus posturas no cambien una sola votación.
Una mayoría parlamentaria tiene la facultad de votar conforme a sus números. Lo que no debería necesitar son silencios administrativos para ejercerlos.
Y si de verdad el Congreso quiere ser la casa del debate público, quizá tendría que empezar por algo bastante elemental: dejar hablar.
Una estrategia contra el feminicidio
Septiembre dejó en Sinaloa una cifra que debería obligar al Gobierno estatal a algo más que a revisar el problema en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad: 23 feminicidios y tres homicidios dolosos de mujeres. En un solo mes, 26 mujeres fueron asesinadas.
La Gobernadora Graciela Domínguez Nava reconoció su preocupación y anunció que se prepara una estrategia transversal, con la participación de prácticamente todas las instituciones que integran la mesa de seguridad.
El planteamiento suena amplio, pero todavía está por verse en qué se traduce.Porque mientras el Gobierno diseña acciones, la violencia ya produjo 99 feminicidios entre enero y septiembre. Son 26 más que todos los registrados durante 2025 y 13 por encima del máximo anual que había documentado la Fiscalía desde 2012.
Lo más preocupante es la velocidad del repunte. En julio fueron 13 casos; en agosto, 20, y en septiembre, 23. Es decir, 56 feminicidios ocurrieron solamente en los últimos tres meses.
Y Culiacán concentra casi la mitad de los casos acumulados, con 49; le siguen Mazatlán, con 23, y Escuinapa, con 17.
Ante estas cifras, decir que el tema se revisa de manera permanente en la mesa de seguridad ya no alcanza. Tampoco basta con anunciar una estrategia transversal si no se conocen sus objetivos, responsables, plazos y resultados esperados.
El propio Gobierno estatal está reconociendo que el problema requiere la intervención de prácticamente todas sus instituciones. Ahora falta conocer qué hará cada una y, sobre todo, cuándo empezarán a verse resultados.
Porque septiembre ya terminó. Las 26 mujeres asesinadas no pueden quedar convertidas en una cifra más de una estadística que sigue creciendo.
Seguridad, desde ahora en la agenda electoral de Sinaloa
La elección de 2027 apenas empieza a tomar forma en Sinaloa y la seguridad ya aparece entre los asuntos que tendrán que resolverse antes de llegar a las urnas. No porque el IEES esté anticipando un escenario específico, sino porque, al ser cuestionado por reporteros sobre el tema, su presidente, Arturo Fajardo Mejía, señaló que volverán a coordinarse con las autoridades para identificar zonas de riesgo y solicitar protección cuando sea necesario.
El antecedente pesa pues durante el proceso electoral anterior, el Instituto recurrió a las mesas de seguridad para pedir vigilancia en oficinas electorales, apoyo para trasladar documentación y protección para algunas candidaturas. Para 2027, Fajardo dijo que buscarán repetir ese mecanismo y plantear las necesidades con anticipación.
La declaración llega justo cuando el proceso electoral local 2026-2027 empieza a tomar forma. Este jueves el IEES abrió la convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales que operarán durante la elección, mientras el INE ya instaló su Consejo Local en Sinaloa.
Y el contexto estatal tampoco permite dejar el asunto para después. Sinaloa mantiene un despliegue federal de más de 20 mil elementos de seguridad y apenas en septiembre se reforzó la presencia en Mazatlán con más efectivos de la Defensa, Marina y la SSPC. En Culiacán, además, septiembre cerró con nuevos episodios de violencia, incluidos hechos simultáneos registrados el día 8 en distintos sectores de la ciudad.
Por eso, más que hablar todavía de una elección bajo amenaza, el dato es que la seguridad ya forma parte de la logística que las autoridades electorales están contemplando para 2027. El IEES tendrá que detectar dónde puede complicarse el trabajo de campo y comunicarlo; las corporaciones, responder.
La elección del 6 de junio de 2027 renovará la Gubernatura, 24 diputaciones de mayoría relativa, 16 de representación proporcional y los 20 ayuntamientos. Antes de discutir candidaturas, campañas y votos, hay una tarea menos política y más básica: que quienes organicen la elección puedan recorrer Sinaloa, que los candidatos puedan hacer campaña y que los ciudadanos puedan llegar a votar sin que la violencia termine marcando dónde se puede estar y dónde no.
¡FOUL!... “Me reservo el derecho que tengo de guardar silencio”, dice Guadalupe Palma al ser cuestionado por usar dinero público para fines partidistas, olvidando que es servidor ¡público!
