En Mazatlán la inseguridad ha dejado de ser una amenaza abstracta o lejana para incrustarse directamente en el corazón de la vida cotidiana.

Dos hechos recientes condensan con crudeza esta nueva vulnerabilidad. El primero, la semana pasada, con la muerte de un empleado de un hotel que regresaba de su trabajo en la zona turística y perdió la vida alcanzado por balas que se suponía no eran para él. El segundo, este lunes, con la agresión a un dependiente de una tienda de abarrotes en el Infonavit Alarcón, en medio de un intento de asalto. Ambos, dos mazatlecos que trabajaban y eran parte de la economía del esfuerzo que sostiene al puerto.

El análisis de estos episodios evidencia un dinámica alarmante de la violencia en Sinaloa, pues mientras la narrativa oficial ha intentado durante años encuadrar la criminalidad en pugnas internas entre grupos delictivos, bajo el cómodo reduccionismo de “se atacan entre ellos”, hechos como los recientes nos muestran una vez más que no siempre es así, y que todos estamos expuestos al clásico eufemismo de “estar en el momento equivocado en el lugar equivocado”.

La violencia ya no respeta espacios neutrales ni trayectos cotidianos. Y aunque día tras día se observa más y más presencia militar y policial en las calles del puerto, esto no se traduce en mayor seguridad para los ciudadanos.

Hay una coincidencia que merece, por lo menos, una lupa: mientras Sinaloa se acerca a un nuevo proceso electoral, el Gobierno estatal sigue recurriendo al crédito.

En apenas 17 meses, la administración estatal ha contratado financiamientos por 5 mil 600 millones de pesos, dentro de esa misma bolsa mantiene abierta otra licitación para obtener hasta 700 millones adicionales. A eso se suma el nuevo crédito por mil 100 millones de pesos, cuyo pago se extenderá hasta julio de 2027.

El problema, como advierte Marlene León Fontes, de Iniciativa Sinaloa, no es únicamente cuánto se está pidiendo prestado, sino para qué.

Porque si el Gobierno va a comprometer recursos públicos de los próximos años, lo mínimo que puede hacer es explicar con precisión en qué se gastará cada peso, qué compromisos atenderá y cómo se pagará sin seguir presionando las finanzas estatales.

Y hay otro ingrediente que vuelve más delicado el asunto: el calendario electoral.

No se trata de afirmar que la deuda tenga fines electorales, sino de recordar que, conforme se acercan las elecciones, el escrutinio sobre el uso de los recursos públicos debe ser mayor, no menor.

Más todavía en un estado que atraviesa una crisis de seguridad y una situación económica que no precisamente transmite holgura presupuestaria.

La pregunta entonces no debería ser solamente cuánto más puede endeudarse Sinaloa, sino cuánto más puede hacerlo sin que la ciudadanía tenga claridad sobre el destino y los resultados de esos recursos.

Porque pedir prestado puede ser legal. Contratar créditos también.

Lo que no debería ser opcional es explicar en qué se gastan.

Rodolfo Valenzuela ya regresó a su curul en el Congreso de Sinaloa. Oficialmente, terminó la licencia que solicitó para participar en el proceso interno de Morena por la coordinación estatal, una contienda que terminó ganando Imelda Castro.

Pero el regreso tiene una lectura política inevitable: después de no conseguir esa posición, Valenzuela vuelve al Congreso mientras mantiene públicamente la idea de que todavía tiene posibilidades de competir por una candidatura.

Porque una cosa es decir que la aspiración sigue viva y otra muy distinta es tener el camino despejado para llegar a una candidatura.

Hasta ahora, lo concreto es que la coordinación estatal de Morena quedó en manos de Imelda Castro y que Valenzuela retomó el cargo que dejó temporalmente para buscar ese espacio.

Así que su regreso a la curul puede leerse también como el regreso a un terreno mucho más seguro: el de la diputación.

Mientras él sostiene que todavía puede aparecer en la boleta, el calendario político y las decisiones de Morena serán las que terminen diciendo si aquella licencia fue el primer paso de una candidatura que no prosperó o apenas una pausa en una aspiración que todavía pretende mantener.

Por lo pronto, el Diputado ya está de vuelta en su asiento.

Y quizá ahí esté la señal más clara de cómo quedó, por ahora, aquella aventura por una posición que finalmente terminó en manos de otra morenista.

En la Universidad Autónoma de Sinaloa parece que hay alumnos que aprendieron una lección bastante distinta a la que deberían recibir en las aulas: que la disciplina puede ser selectiva y que, si perteneces al grupo adecuado, las reglas pueden hacerse a un lado.

En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACES, estudiantes han señalado episodios de agresiones verbales y físicas entre alumnos que, según los testimonios, ocurren incluso frente a docentes. Y ahí aparece el problema de fondo: profesores que prefieren no intervenir bajo el argumento de que “no quieren meterse en pleitos”.

¿Entonces para qué están las autoridades universitarias?

La situación, además, ya habría llegado a oídos del director de la FACES, Irvin Mikhail Soto Zazueta.

Lo verdaderamente preocupante es el señalamiento que acompaña estas denuncias: que algunos de los estudiantes involucrados, los supuestos victimarios, formarían parte de grupos deportivos de alto rendimiento de la Universidad y que, por esa condición, existiría desde Rectoría una instrucción de no molestarlos.

Eso, hasta ahora, es un señalamiento que tendría que ser aclarado y documentado por las autoridades universitarias. Pero si fuera cierto, el asunto dejaría de ser solamente un problema de estudiantes que se pelean. Sería un problema institucional.

Porque una universidad no puede pedir respeto a sus reglamentos mientras permite que determinados alumnos tengan una especie de fuero informal por portar un uniforme, ganar una competencia o representar a la institución.

La propia UAS mantiene dentro de su marco jurídico reglamentos relacionados con la prevención y atención de conductas de violencia y cuenta con mecanismos de atención a estudiantes.

Así que la pregunta no debería ser si los profesores quieren “meterse en pleitos”.

La pregunta es quién va a poner orden cuando la violencia ocurre dentro de un aula y frente a quienes tienen la obligación de garantizar un ambiente seguro.

Porque si el mensaje que reciben los estudiantes es que pueden agredir a sus compañeros y no pasa nada, la universidad no está formando profesionistas.

Está formando impunidad.

Y si además resulta que hay alumnos intocables porque tienen respaldo deportivo o político, entonces sería bueno que alguien explique qué pesa más dentro de la UAS: el reglamento universitario o la camiseta.

¡FOUL!... La Secretaria de Pesca de Sinaloa, Flor Emilia Guerra, admitió que el 30 por ciento del padrón de Bienpesca ¡no son pescadores!