Tarde o temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendría que aparecer públicamente junto a la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.
Pero el peso político del encuentro no está en la imagen, sino en todo lo que la rodea.
Porque Bonilla Valverde no llegó al despacho principal de Gobierno por una transición ordinaria ni por un relevo administrativo programado. Llegó después de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia en medio de uno de los episodios más delicados en la historia política reciente de Sinaloa: ser señalado por autoridades de Estados Unidos como presunta pieza clave dentro de una estructura política que habría favorecido al crimen organizado.
En ese contexto, cada gesto cuenta. Y la reunión con Sheinbaum puede interpretarse como mucho más que un saludo protocolario. Es, al menos hacia afuera, un mensaje de respaldo institucional. La Presidenta aparece validando a la Mandataria interina y, al mismo tiempo, tratando de transmitir que en Sinaloa existe gobernabilidad, continuidad y control político pese a la tormenta.
Pero también revela otra realidad: el Gobierno federal necesita estabilizar el discurso sobre Sinaloa cuanto antes. La narrativa de un Gobernador señalado internacionalmente por presuntos vínculos criminales golpea directamente al proyecto político de Morena y al discurso de transformación que presume combate a la corrupción y separación del poder político con los intereses ilegales.
Por eso Bonilla Valverde carga una tarea complicada. No sólo debe administrar un estado golpeado por la violencia y la incertidumbre política; también debe construir legitimidad propia en un cargo que nació bajo la sombra de una crisis. Cada aparición pública, cada reunión y cada mensaje serán leídos bajo esa lupa.
Y quizá ahí radique el verdadero significado del encuentro con Sheinbaum: marcar el inicio de una nueva etapa donde el centro del debate ya no será únicamente la licencia de Rocha Moya, sino la capacidad, o incapacidad, del nuevo gobierno interino para desmarcarse de todo lo que originó el relevo.
La confirmación de la Alcaldesa de Culiacán de que Olmes Homar Salas Gastélum contaba con elementos asignados para su seguridad abre más preguntas de las que responde.
Si el dirigente sindical tenía protección oficial, la interrogante es inevitable: ¿dónde estaban esos agentes cuando un comando armado llegó hasta su domicilio en el fraccionamiento Brisas del Humaya y lo asesinó junto con Benjamín Olivares?
La respuesta de la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal, fue tan escueta como reveladora. Confirmó que sí existían escoltas, pero dijo desconocer cuántos eran y no precisó si acompañaban a Salas Gastélum al momento del ataque. En otras palabras, el Ayuntamiento admite que le brindaba seguridad a un personaje que acababa de ganar una elección sindical, pero no puede explicar cómo operaba ese esquema de protección ni qué ocurrió el día del crimen.
Si, como informó previamente la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, eran cuatro los elementos asignados, su ausencia en el momento del atentado sería un hecho de más gravedad. Y si sí estaban presentes, resulta aún más preocupante que no hayan podido impedir el asesinato o que hasta ahora no exista una versión oficial clara sobre su actuación.
La opacidad institucional termina alimentando la sospecha.
El Gobierno municipal debería saber con exactitud cuántos elementos destina a la protección de una persona y bajo qué condiciones operan. No es información accesoria; es parte del control básico de la seguridad pública.
En una ciudad que arrastra casi dos años de crisis de violencia, la ciudadanía espera algo más que remisiones a la Fiscalía. Cuando el propio Gobierno no puede explicar qué ocurrió con los escoltas de un dirigente sindical bajo su resguardo, lo que evidencia no es sólo una falla de comunicación, sino la incapacidad para garantizar la seguridad incluso de quienes ya contaban con protección oficial.
Hoy se cumplen nueve años del asesinato del periodista y escritor culiacanense Javier Valdez Cárdenas y colegas del medio a nivel local y nacional preparan una jornada de actividades para honrar su memoria.
A casi una década del cobarde homicidio, sabemos que uno de sus homicidas fue asesinado, y los otros dos ya procesados y sentenciados, sin que eso haya bastado para alcanzar la justicia y ni pensar en la reparación del daño.
Griselda Triana, compañera de vida de Javier Valdez, ha sido insistente en reclamar que el caso del asesinato de su esposo no tendrá cierre hasta que el Gobierno mexicano logre la extradición y se juzgue aquí en Sinaloa a Dámaso López Serrano, señalado como el autor intelectual del homicidio.
Y la lucha ha sido reclamada debido a que el llamado “MiniLic” goza de privilegios después de haber estado preso en los Estados Unidos y ahora libre, tras haber negociado convirtiéndose en testigo protegido para otros casos de narcotráfico mayores.
Como cada año, el gremio, sus compañeros y familiares tendrán este día el dolor de una herida que no cierra y la sensación de impotencia por una justicia que no llega, debido a la torpeza y omisión de nuestras autoridades encargadas de la procuración de justicia.
La jornada comenzará con un acto en el busto que se construyó en la plazuela norte de la Catedral de Culiacán y más tarde celebrarán un conversatorio con organismos civiles y gremiales de defensa y protección de los periodistas.
En sus últimos mensajes publicados en redes sociales, Triana ha hecho este llamado a las autoridades para lograr un castigo ejemplar y acorde al tamaño del crimen cometido, no sólo contra una persona, sino contra la sociedad sinaloense y mexicana que se quedó sin uno de los periodistas más importantes del País, y cuya vida fue arrebatada por hacer su trabajo.
Desde este espacio enviamos a la familia, amigos y colegas de Javier Valdez un abrazo que reconforte la pena que hace recordar la amarga fecha y nos unimos a la exigencia, al Gobierno estatal y al Gobierno federal, para que no se olviden de hacer su trabajo y cerrar este penoso episodio en la ya de por sí tristísima historia de Sinaloa.
Mucha fuerza. ¡Javier Valdez vive!
¡FOUL! Justo después de anunciar la aplicación de fuertes multas por incendios provocados, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez del Llano, recibió por la tarde otra llamada: ¡otro incendio arrasa el astillero en Topolobampo!
