La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en su primer informe de gobierno una reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional. Habló de reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad, de soberanía en la toma de decisiones y de una estrategia que, según dijo, está dando resultados.

Sin embargo, en la lista de los estados con avances, Sinaloa simplemente no apareció.

La Presidenta mencionó con orgullo a Zacatecas, Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Puebla, Tabasco, Estado de México, Baja California y Guerrero. Pero no hubo espacio para una entidad que, a lo largo de los últimos 12 meses, ha sido escenario de una guerra interna entre facciones criminales, con picos de violencia que devolvieron a los sinaloenses las imágenes de 2008, 2010 y 2019.

En Sinaloa, en términos reales no ha habido reducción. De hecho, en septiembre otra vez retomamos la tendencia a la alza y en lo que va de octubre apunta a donde mismo. Desde septiembre de 2024, el conflicto entre Los Chapos y Los Mayos ha dejado más de 2 mil homicidios dolosos, más de 2 mil personas privadas de la libertad, más de 7 mil autos robados y un clima de miedo que se siente hasta en las calles del centro de Culiacán.

Aun así, la omisión de Sinaloa en el discurso no es casual. Es política. Sinaloa implica reconocer el fracaso de la estrategia en un estado que históricamente ha sido termómetro del narcotráfico nacional sería admitir que el control territorial sigue en manos del crimen. Por eso Sheinbaum prefirió no mencionarlo, porque Sinaloa es la excepción a la mejoría nacional.

Mientras la narrativa federal celebra descensos en otras regiones, en Sinaloa la violencia sigue dictando los horarios, las rutas y las rutinas. El “abrazar a los jóvenes” suena bien en el micrófono, pero se queda corto frente a los reclutamientos forzados y los desplazamientos internos que crecen a la sombra del silencio oficial.

La Presidenta pidió confiar en el nuevo Poder Judicial para consolidar la estrategia de seguridad. Ojalá. Pero en Sinaloa la confianza se gana con resultados, no con discursos.

La omisión de Sinaloa en el informe dice algo más de todas las cifras que se presentaron: dice que el País avanza a dos velocidades en materia de seguridad. Una, la de los estados en paz relativa; otra, la de los que siguen contando muertos a pesar del enorme despliegue federal. Eso obligaría, al menos, a repensar la estrategia con autocrítica y objetividad.

El desplazamiento forzado en la sierra de Badiraguato no es un fenómeno nuevo, pero cada historia reciente confirma que el Estado sigue sin estar presente donde más se le necesita.

El eco de la guerra en La Tuna, La Palma y El Chorro no sólo retumba en las montañas, sino también en la indiferencia institucional. Las familias que bajan con lo puesto, huyendo de los disparos evidencian la más cruda realidad de un territorio sin gobierno.

En esa zona donde la figura de “El Chapo” se volvió mito, la realidad hoy se mide en miedo, silencio y abandono.

Resulta doloroso constatar que mientras en los discursos se presumen progresos en la “pacificación”, en la sierra sinaloense los pobladores tienen otros datos al tiempo que se refugian en casas prestadas de Culiacán, sostenidos apenas por una despensa o una cobija.

La atención institucional parece más una respuesta improvisada que una política pública de emergencia.

Lo más inquietante es la normalización de la guerra. Al tiempo que el morenismo sinaloense, encabezado por el gobernador Rocha Moya, hacía acto de presencia en el informe de la Presidenta en la Ciudad de México, las personas desplazadas de la sierra de Badiraguato (de ahí de donde es el mismo Rocha) nos relataron cómo aprendieron a esconderse de los bombardeos y a moverse con cautela.

Hablan con una serenidad que duele, como si el horror fuera parte del paisaje.

En este contexto, la presencia de las Fuerzas Armadas, lejos de representar seguridad, se percibe como una señal para huir y los testimonios lo confirman: “uno tiene que salirse, no ocupan que le digan a uno”.

La población ya aprendió que la llegada de los uniformados no necesariamente significa el fin del conflicto, sino el inicio de una nueva etapa de incertidumbre. La militarización, sin políticas de atención civil, termina profundizando el desplazamiento que supuestamente busca evitar.

Badiraguato y muchos municipios en Sinaloa siguen siendo un espejo incómodo para el País. En sus montañas se cruzan el mito del narcotráfico, la ausencia del Estado y la tragedia humana de quienes sólo quieren vivir en paz.

Septiembre pasado concluyó con 14 feminicidios y otras tres mujeres asesinadas. Con esos datos, es el mes más alto en la historia de la violencia letal contra las mujeres en el estado. Una cifra dolorosa y que debería ser un escándalo.

Pero a ningún funcionario o funcionaria les mereció un comentario mínimo. Ni siquiera uno de esos para quedar bien con la prensa repitiendo el lugar común de “lo lamentamos mucho y le vamos a echar más ganas”. Nada.

Y sin duda lo que más llama la atención es dónde quedó la voz de las antes aguerridas feministas sinaloenses que ahora son parte del Gobierno del estado o del Congreso local o Federal.

Por mucho menos que esas 14 mujeres asesinadas, nuestras feministas de siempre en otro tiempo hubieran armado una manifestación o hubieran incendiado las redes sociales.

Pero ya no, ahora prevalece el silencio y voltear de reojo, porque no es lo mismo representar la causa feminista y de defensa de derechos de las mujeres en el día a día, que cobrar del presupuesto, tomarse la foto con la Presidenta o andar en campaña anticipada mientras las mujeres siguen siendo asesinadas en este estado, en medio de la guerra de facciones criminales que ya lleva más de un año y que, de seguir así, romperá todos los récords en violencia feminicida.

Una pena ver la corta memoria y la congruencia tan chiquita con el sector que dicen representar y al que apelan cada que pueden para ponerse en la boleta. ¿Defenderlo? No es para tanto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en su primer informe de gobierno una reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos a nivel nacional. Habló de reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad, de soberanía en la toma de decisiones y de una estrategia que, según dijo, está dando resultados.

Sin embargo, en la lista de los estados con avances, Sinaloa simplemente no apareció.

La Presidenta mencionó con orgullo a Zacatecas, Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Puebla, Tabasco, Estado de México, Baja California y Guerrero. Pero no hubo espacio para una entidad que, a lo largo de los últimos 12 meses, ha sido escenario de una guerra interna entre facciones criminales, con picos de violencia que devolvieron a los sinaloenses las imágenes de 2008, 2010 y 2019.

En Sinaloa, en términos reales no ha habido reducción. De hecho, en septiembre otra vez retomamos la tendencia a la alza y en lo que va de octubre apunta a donde mismo. Desde septiembre de 2024, el conflicto entre Los Chapos y Los Mayos ha dejado más de 2 mil homicidios dolosos, más de 2 mil personas privadas de la libertad, más de 7 mil autos robados y un clima de miedo que se siente hasta en las calles del centro de Culiacán.

Aun así, la omisión de Sinaloa en el discurso no es casual. Es política. Sinaloa implica reconocer el fracaso de la estrategia en un estado que históricamente ha sido termómetro del narcotráfico nacional sería admitir que el control territorial sigue en manos del crimen. Por eso Sheinbaum prefirió no mencionarlo, porque Sinaloa es la excepción a la mejoría nacional.

Mientras la narrativa federal celebra descensos en otras regiones, en Sinaloa la violencia sigue dictando los horarios, las rutas y las rutinas. El “abrazar a los jóvenes” suena bien en el micrófono, pero se queda corto frente a los reclutamientos forzados y los desplazamientos internos que crecen a la sombra del silencio oficial.

La Presidenta pidió confiar en el nuevo Poder Judicial para consolidar la estrategia de seguridad. Ojalá. Pero en Sinaloa la confianza se gana con resultados, no con discursos.

La omisión de Sinaloa en el informe dice algo más de todas las cifras que se presentaron: dice que el País avanza a dos velocidades en materia de seguridad. Una, la de los estados en paz relativa; otra, la de los que siguen contando muertos a pesar del enorme despliegue federal. Eso obligaría, al menos, a repensar la estrategia con autocrítica y objetividad.

El desplazamiento forzado en la sierra de Badiraguato no es un fenómeno nuevo, pero cada historia reciente confirma que el Estado sigue sin estar presente donde más se le necesita.

El eco de la guerra en La Tuna, La Palma y El Chorro no sólo retumba en las montañas, sino también en la indiferencia institucional. Las familias que bajan con lo puesto, huyendo de los disparos evidencian la más cruda realidad de un territorio sin gobierno.

En esa zona donde la figura de “El Chapo” se volvió mito, la realidad hoy se mide en miedo, silencio y abandono.

Resulta doloroso constatar que mientras en los discursos se presumen progresos en la “pacificación”, en la sierra sinaloense los pobladores tienen otros datos al tiempo que se refugian en casas prestadas de Culiacán, sostenidos apenas por una despensa o una cobija.

La atención institucional parece más una respuesta improvisada que una política pública de emergencia.

Lo más inquietante es la normalización de la guerra. Al tiempo que el morenismo sinaloense, encabezado por el gobernador Rocha Moya, hacía acto de presencia en el informe de la Presidenta en la Ciudad de México, las personas desplazadas de la sierra de Badiraguato (de ahí de donde es el mismo Rocha) nos relataron cómo aprendieron a esconderse de los bombardeos y a moverse con cautela.

Hablan con una serenidad que duele, como si el horror fuera parte del paisaje.

En este contexto, la presencia de las Fuerzas Armadas, lejos de representar seguridad, se percibe como una señal para huir y los testimonios lo confirman: “uno tiene que salirse, no ocupan que le digan a uno”.

La población ya aprendió que la llegada de los uniformados no necesariamente significa el fin del conflicto, sino el inicio de una nueva etapa de incertidumbre. La militarización, sin políticas de atención civil, termina profundizando el desplazamiento que supuestamente busca evitar.

Badiraguato y muchos municipios en Sinaloa siguen siendo un espejo incómodo para el País. En sus montañas se cruzan el mito del narcotráfico, la ausencia del Estado y la tragedia humana de quienes sólo quieren vivir en paz.

Septiembre pasado concluyó con 14 feminicidios y otras tres mujeres asesinadas. Con esos datos, es el mes más alto en la historia de la violencia letal contra las mujeres en el estado. Una cifra dolorosa y que debería ser un escándalo.

Pero a ningún funcionario o funcionaria les mereció un comentario mínimo. Ni siquiera uno de esos para quedar bien con la prensa repitiendo el lugar común de “lo lamentamos mucho y le vamos a echar más ganas”. Nada.

Y sin duda lo que más llama la atención es dónde quedó la voz de las antes aguerridas feministas sinaloenses que ahora son parte del Gobierno del estado o del Congreso local o Federal.

Por mucho menos que esas 14 mujeres asesinadas, nuestras feministas de siempre en otro tiempo hubieran armado una manifestación o hubieran incendiado las redes sociales.

Pero ya no, ahora prevalece el silencio y voltear de reojo, porque no es lo mismo representar la causa feminista y de defensa de derechos de las mujeres en el día a día, que cobrar del presupuesto, tomarse la foto con la Presidenta o andar en campaña anticipada mientras las mujeres siguen siendo asesinadas en este estado, en medio de la guerra de facciones criminales que ya lleva más de un año y que, de seguir así, romperá todos los récords en violencia feminicida.

Una pena ver la corta memoria y la congruencia tan chiquita con el sector que dicen representar y al que apelan cada que pueden para ponerse en la boleta. ¿Defenderlo? No es para tanto.