Poco sorprenderá saber que tras la pérdida de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el Partido Sinaloense comenzó una caída libre brutal, y aunque sus integrantes han intentado mantener el perfil bajo, las pocas señas que dan, son muestras de un derrumbe total.

Lo del perfil bajo es principalmente por el registro de sus únicos dos diputados locales pluris que consiguieron el 2 de junio, el dirigente estatal, Víctor Antonio Corrales Burgueño, padre de Fausto, y Jesús Angélica Díaz Quiñónez, esposa de Cuén Ojeda.

En cuanto a la hecatombe tan sonada, la muestra más clara es la Diputada Alba Virgen Montes Álvarez, quien ayer quiso mantener una defensa de la UAS, cuando la situación no tenía por dónde sostenerse.

Ya estará enterado a estas alturas del proceso administrativo que inició la pandilla que opera en la UAS contra Jorge Ibarra, académico de la Universidad y columnista en esta casa editorial, pues eso fue tema ayer en el Congreso del Estado.

Y antes de entrar en lo que discutieron ayer, hay que recordar un principio básico en la normativa actual de este país en materia de justicia: todos son inocentes hasta que se demuestre lo culpable.

Nunca nadie ha discutido eso, y en la propia UAS hay funcionarios acusados de corrupción, pero que por determinadas cuestiones del proceso, aún no se llega a una sentencia que pueda revocar su presunción de inocencia.

Pues para la Diputada Alba Virgen ese principio básico se desmorona si es la UAS quien acusa, quien inicia los procedimientos contra alguien, y para ella, es Jorge Ibarra quien tiene que demostrar su inocencia, pero no la UAS su culpabilidad o responsabilidad administrativa.

Por la calentura que alcanzó la discusión entre ella y el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas, entendemos que igual Alba Virgen Montes entró en una dinámica de defender lo indefendible, que básicamente es la filosofía pasista cuando se trata de la UAS.

Sin embargo, en las últimas semanas, a partir de la tragedia de su líder moral, los pasistas dan muestras de desespero, de haber perdido el rumbo, de no saber a qué o a quién agarrarse para seguir en un escaño de poder que no se ganaron de manera natural, por decirlo de alguna manera.

A inicios de año algún despistado soltó por ahí que el PAS sin Cuén no sería nada, y aunque es de una forma muy lamentable, el tiempo le está dando la razón.

Lo jornada de ayer en la zona serrana de Sinaloa es como una de las que pasan muy seguido en Sinaloa: grupos de civiles armados se enfrentan entre ellos, queman, amenazan, asustan, provocan caos y desplazamiento, suben las fuerzas federales y el Gobernador Rubén Rocha Moya o las autoridades dicen que no pasa nada.

Sin embargo, en los pueblos quedan viviendas quemadas, vehículos inservibles, heridos si es que no personas que perdieron la vida y tener que resignarse a que ya todo pasó y esperanzarse de que no vuelva a pasar.

Lo hemos visto, reporteado y publicado decenas de veces, desde hace muchísimo años.

Y siempre o caso siempre hemos hallado evidencia de que no es que no pase nada, sí pasa, se deja pasar y no se hace nada para evitar que vuelva a suceder.

Hace algunos años hicimos una solicitud de información para saber cuántos crímenes se habían resuelto en la zona serrana y la respuesta es tan obvia e increíble, y justamente como usted se imagina que fue.

El problema histórico es que no hay condiciones, por las características de la zona serrana, pero pese a las cosas que pasan de manera tan seguida, a ningún gobernante y ningún jefe policiaco o encargado de órgano de impartición de justicia se ha interesado en resolver ni un ápice de nada.

Por eso, ya sea que pase en La Rastra, en el municipio de Rosario, o en cualquier pueblo de San Ignacio, Concordia, Cosalá, Badiraguato, Mocorito, Sinaloa o Choix, la respuesta del Gobernador en turno será la misma, el trabajo del Ejército será el mismo, los resultados de la impartición de justicia serán los mismos y lo único que cambiará será la identidad y el número de las víctimas.

La Fiscalía General de Sinaloa quiso apantallar a las personas buscadoras de personas desaparecidas, pero no contaban con la capacidad de las activistas de saber perfectamente cuando les quieren dar atole con el dedo.

Resulta que en una primera reunión con las activistas y personas buscadoras de desaparecidos, la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo encabezó una comitiva que trató de explicar un novedoso sistema de identificación de cuerpos mediante huellas dactilares.

Lo que es alarmante, pues la Fiscal presentó como reciente un convenio que la FGE firmó con el Instituto Nacional Electoral para cotejar datos de huellas dactilares, pero resulta que el convenio fue firmado en 2022, así que de reciente no tiene nada. Lo más triste es que la Fiscalía firmó el convenio sin tener la tecnología necesaria para darle los datos en el formato que el INE requiere, por lo que tuvieron que esperar que llegara la ONU para este mayo de 2024 regalarles los lectores de huellas que ocupaban.

El proyecto es necesario, pero ni logro ni nada que presumir, pues se limita a la identificación de cuerpos que tengan las condiciones para que las huellas sean tomadas, y menores de edad o personas extranjeras no podrán ser ubicadas con este proceso.

Y aquí entra la cuestión ¿no que en el Servicio Médico Forense ya deben de tomar las huellas a cualquier cadáver que llegue? ¿O están omitiendo este proceso? ¿Por qué deben implementar todo un convenio para unas huellas que ya deberían estar tomando?

Poco sorprenderá saber que tras la pérdida de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el Partido Sinaloense comenzó una caída libre brutal, y aunque sus integrantes han intentado mantener el perfil bajo, las pocas señas que dan, son muestras de un derrumbe total.

Lo del perfil bajo es principalmente por el registro de sus únicos dos diputados locales pluris que consiguieron el 2 de junio, el dirigente estatal, Víctor Antonio Corrales Burgueño, padre de Fausto, y Jesús Angélica Díaz Quiñónez, esposa de Cuén Ojeda.

En cuanto a la hecatombe tan sonada, la muestra más clara es la Diputada Alba Virgen Montes Álvarez, quien ayer quiso mantener una defensa de la UAS, cuando la situación no tenía por dónde sostenerse.

Ya estará enterado a estas alturas del proceso administrativo que inició la pandilla que opera en la UAS contra Jorge Ibarra, académico de la Universidad y columnista en esta casa editorial, pues eso fue tema ayer en el Congreso del Estado.

Y antes de entrar en lo que discutieron ayer, hay que recordar un principio básico en la normativa actual de este país en materia de justicia: todos son inocentes hasta que se demuestre lo culpable.

Nunca nadie ha discutido eso, y en la propia UAS hay funcionarios acusados de corrupción, pero que por determinadas cuestiones del proceso, aún no se llega a una sentencia que pueda revocar su presunción de inocencia.

Pues para la Diputada Alba Virgen ese principio básico se desmorona si es la UAS quien acusa, quien inicia los procedimientos contra alguien, y para ella, es Jorge Ibarra quien tiene que demostrar su inocencia, pero no la UAS su culpabilidad o responsabilidad administrativa.

Por la calentura que alcanzó la discusión entre ella y el Diputado Sergio Mario Arredondo Salas, entendemos que igual Alba Virgen Montes entró en una dinámica de defender lo indefendible, que básicamente es la filosofía pasista cuando se trata de la UAS.

Sin embargo, en las últimas semanas, a partir de la tragedia de su líder moral, los pasistas dan muestras de desespero, de haber perdido el rumbo, de no saber a qué o a quién agarrarse para seguir en un escaño de poder que no se ganaron de manera natural, por decirlo de alguna manera.

A inicios de año algún despistado soltó por ahí que el PAS sin Cuén no sería nada, y aunque es de una forma muy lamentable, el tiempo le está dando la razón.

Lo jornada de ayer en la zona serrana de Sinaloa es como una de las que pasan muy seguido en Sinaloa: grupos de civiles armados se enfrentan entre ellos, queman, amenazan, asustan, provocan caos y desplazamiento, suben las fuerzas federales y el Gobernador Rubén Rocha Moya o las autoridades dicen que no pasa nada.

Sin embargo, en los pueblos quedan viviendas quemadas, vehículos inservibles, heridos si es que no personas que perdieron la vida y tener que resignarse a que ya todo pasó y esperanzarse de que no vuelva a pasar.

Lo hemos visto, reporteado y publicado decenas de veces, desde hace muchísimo años.

Y siempre o caso siempre hemos hallado evidencia de que no es que no pase nada, sí pasa, se deja pasar y no se hace nada para evitar que vuelva a suceder.

Hace algunos años hicimos una solicitud de información para saber cuántos crímenes se habían resuelto en la zona serrana y la respuesta es tan obvia e increíble, y justamente como usted se imagina que fue.

El problema histórico es que no hay condiciones, por las características de la zona serrana, pero pese a las cosas que pasan de manera tan seguida, a ningún gobernante y ningún jefe policiaco o encargado de órgano de impartición de justicia se ha interesado en resolver ni un ápice de nada.

Por eso, ya sea que pase en La Rastra, en el municipio de Rosario, o en cualquier pueblo de San Ignacio, Concordia, Cosalá, Badiraguato, Mocorito, Sinaloa o Choix, la respuesta del Gobernador en turno será la misma, el trabajo del Ejército será el mismo, los resultados de la impartición de justicia serán los mismos y lo único que cambiará será la identidad y el número de las víctimas.

La Fiscalía General de Sinaloa quiso apantallar a las personas buscadoras de personas desaparecidas, pero no contaban con la capacidad de las activistas de saber perfectamente cuando les quieren dar atole con el dedo.

Resulta que en una primera reunión con las activistas y personas buscadoras de desaparecidos, la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo encabezó una comitiva que trató de explicar un novedoso sistema de identificación de cuerpos mediante huellas dactilares.

Lo que es alarmante, pues la Fiscal presentó como reciente un convenio que la FGE firmó con el Instituto Nacional Electoral para cotejar datos de huellas dactilares, pero resulta que el convenio fue firmado en 2022, así que de reciente no tiene nada. Lo más triste es que la Fiscalía firmó el convenio sin tener la tecnología necesaria para darle los datos en el formato que el INE requiere, por lo que tuvieron que esperar que llegara la ONU para este mayo de 2024 regalarles los lectores de huellas que ocupaban.

El proyecto es necesario, pero ni logro ni nada que presumir, pues se limita a la identificación de cuerpos que tengan las condiciones para que las huellas sean tomadas, y menores de edad o personas extranjeras no podrán ser ubicadas con este proceso.

Y aquí entra la cuestión ¿no que en el Servicio Médico Forense ya deben de tomar las huellas a cualquier cadáver que llegue? ¿O están omitiendo este proceso? ¿Por qué deben implementar todo un convenio para unas huellas que ya deberían estar tomando?