Una regidora advirtió esta semana lo que ya resulta innegable: la violencia en Culiacán sigue en el mismo punto que hace ocho meses, y las acciones del Gobierno no han dado los resultados prometidos.
Además, denunció que los canales de participación ciudadana, como los consejos ciudadanos y el mecanismo de Cabildo abierto, están prácticamente inactivos por falta de voluntad del propio Ayuntamiento.
Esta crítica no es menor cuando el Gobierno cierra sus puertas a la ciudadanía porque la crisis se vuelve estructural. No es sólo un problema de seguridad: es un problema de gobernabilidad. El mensaje implícito es que no importa cuán grave sea la situación afuera, mientras adentro todo siga funcionando bajo la lógica de la opacidad y el desinterés.
En ese contexto, pedir que la sociedad se organice y presione a la autoridad suena necesario, pero también injusto. Porque no se trata de que la gente reemplace las funciones del Estado, sino de que el Estado, comenzando por el Gobierno municipal, cumpla con lo mínimo: escuchar, responder, corregir.
La autoridad no sólo ha fallado en su deber de proteger, también ha dejado de lado su obligación de dialogar. Escuchar no es un favor, es parte del Gobierno. Hoy, en Culiacán, ni lo uno ni lo otro están ocurriendo.
La Fiscalía de Sinaloa está lejos de brillar por su eficiencia, y ahora tampoco lo hace por su transparencia pues está ubicada como una de las más inconsistentes al responder sobre fosas clandestinas en el estado.
Resulta que la organización Data Cívica hizo un ejercicio y cuestionó a las fiscalías estatales sobre cuántas fosas clandestinas habían localizado en cada estado de 2006 a 2023, y esta misma pregunta se la hizo a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero la FGE de Sinaloa contestó diferente en ambas respuestas.
Con una diferencia de 311 fosas clandestinas, la FGE es la tercera más inconsistente al responder en el País, otorgando la cifra menor a la organización ciudadana.
De momento no se sabe por qué la FGE contestaría con mentiras a una solicitud de acceso a la información, pero lo relevante es que lo hizo.
Increíble que las autoridades consideren que pueden ahogar el tema de la desaparición forzada de personas con manipulación de datos u opacidad, y es terrible que se documentara una inconsistencia tan grande en las cifras. Este tipo de acciones son las que valen reclamos y jalones de oreja o despidos a los funcionarios que idearon la mentira.
Por supuesto, esto no pasó en el período de la actual Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, pero sí recae en su administración, ya que en ese periodo ella ya era funcionaria en la FGE, además de que ha mantenido una conducta opaca y evasiva.
Desafortunadamente, desde que detonó la crisis de seguridad, el área de atención a medios de comunicación de la FGE ha estado operada por personas incapaces de discernir entre información pública o reservada, y que ignoran los casos que la misma institución maneja.
Por esta opacidad y carente capacidad Sánchez Kondo tuvo que despedir hace meses a un director de comunicación, y en su lugar colocó a alguien que no le genera incomodidad ni reclamo de la prensa pues no figura para nada en el ejercicio de la transparencia.
Esta semana, en Noroeste reparamos en un dato que, aunque no debería sorprendernos, no deja de doler. Según el registro diario que llevamos sobre la ola de violencia, en los últimos 26 días han sido hallados al menos 35 cuerpos de personas en diversas fosas de Sinaloa.
El mérito de los hallazgos es de los colectivos de buscadoras, a pesar del acompañamiento pichicato de ciertas autoridades que, como denunció esta semana Sabuesos Guerreras, siempre se les “poncha la llanta” y no llegan a las búsquedas, por riesgosas que éstas puedan resultar.
Los hallazgos han ocurrido en Culiacán, Mazatlán, Elota, Guasave y Salvador Alvarado, y según testimonios de las propias buscadoras, como del mismo Gobernador Rocha Moya, hay evidencia para pensar que los cuerpos son de personas asesinadas y desaparecidas durante esta guerra.
Precisamente por eso, en Noroeste hemos decidido que agregaremos al conteo diario de homicidios la cifra de cuerpos hallados en fosas clandestinas, pues ya representan una parte importante de las muertes violentas desde septiembre pasado.
Tan sólo en abril, los cuerpos hallados en fosas representaron el 14 por ciento de los homicidios totales, por eso lo menos que podemos hacer, en respeto a la dignidad de esas personas, es incluirlos en la estadística y que no queden en el limbo del silencio y la negación oficial.
El dato también confirma lo que todos sabemos pero que parece no importarle mucho a la sociedad y menos aún a las autoridades: que la desaparición de personas es la violencia letal más grave de esta guerra criminal y que, tarde o temprano, emergerá, literalmente, de la tierra.
Una regidora advirtió esta semana lo que ya resulta innegable: la violencia en Culiacán sigue en el mismo punto que hace ocho meses, y las acciones del Gobierno no han dado los resultados prometidos.
Además, denunció que los canales de participación ciudadana, como los consejos ciudadanos y el mecanismo de Cabildo abierto, están prácticamente inactivos por falta de voluntad del propio Ayuntamiento.
Esta crítica no es menor cuando el Gobierno cierra sus puertas a la ciudadanía porque la crisis se vuelve estructural. No es sólo un problema de seguridad: es un problema de gobernabilidad. El mensaje implícito es que no importa cuán grave sea la situación afuera, mientras adentro todo siga funcionando bajo la lógica de la opacidad y el desinterés.
En ese contexto, pedir que la sociedad se organice y presione a la autoridad suena necesario, pero también injusto. Porque no se trata de que la gente reemplace las funciones del Estado, sino de que el Estado, comenzando por el Gobierno municipal, cumpla con lo mínimo: escuchar, responder, corregir.
La autoridad no sólo ha fallado en su deber de proteger, también ha dejado de lado su obligación de dialogar. Escuchar no es un favor, es parte del Gobierno. Hoy, en Culiacán, ni lo uno ni lo otro están ocurriendo.
La Fiscalía de Sinaloa está lejos de brillar por su eficiencia, y ahora tampoco lo hace por su transparencia pues está ubicada como una de las más inconsistentes al responder sobre fosas clandestinas en el estado.
Resulta que la organización Data Cívica hizo un ejercicio y cuestionó a las fiscalías estatales sobre cuántas fosas clandestinas habían localizado en cada estado de 2006 a 2023, y esta misma pregunta se la hizo a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero la FGE de Sinaloa contestó diferente en ambas respuestas.
Con una diferencia de 311 fosas clandestinas, la FGE es la tercera más inconsistente al responder en el País, otorgando la cifra menor a la organización ciudadana.
De momento no se sabe por qué la FGE contestaría con mentiras a una solicitud de acceso a la información, pero lo relevante es que lo hizo.
Increíble que las autoridades consideren que pueden ahogar el tema de la desaparición forzada de personas con manipulación de datos u opacidad, y es terrible que se documentara una inconsistencia tan grande en las cifras. Este tipo de acciones son las que valen reclamos y jalones de oreja o despidos a los funcionarios que idearon la mentira.
Por supuesto, esto no pasó en el período de la actual Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, pero sí recae en su administración, ya que en ese periodo ella ya era funcionaria en la FGE, además de que ha mantenido una conducta opaca y evasiva.
Desafortunadamente, desde que detonó la crisis de seguridad, el área de atención a medios de comunicación de la FGE ha estado operada por personas incapaces de discernir entre información pública o reservada, y que ignoran los casos que la misma institución maneja.
Por esta opacidad y carente capacidad Sánchez Kondo tuvo que despedir hace meses a un director de comunicación, y en su lugar colocó a alguien que no le genera incomodidad ni reclamo de la prensa pues no figura para nada en el ejercicio de la transparencia.
Esta semana, en Noroeste reparamos en un dato que, aunque no debería sorprendernos, no deja de doler. Según el registro diario que llevamos sobre la ola de violencia, en los últimos 26 días han sido hallados al menos 35 cuerpos de personas en diversas fosas de Sinaloa.
El mérito de los hallazgos es de los colectivos de buscadoras, a pesar del acompañamiento pichicato de ciertas autoridades que, como denunció esta semana Sabuesos Guerreras, siempre se les “poncha la llanta” y no llegan a las búsquedas, por riesgosas que éstas puedan resultar.
Los hallazgos han ocurrido en Culiacán, Mazatlán, Elota, Guasave y Salvador Alvarado, y según testimonios de las propias buscadoras, como del mismo Gobernador Rocha Moya, hay evidencia para pensar que los cuerpos son de personas asesinadas y desaparecidas durante esta guerra.
Precisamente por eso, en Noroeste hemos decidido que agregaremos al conteo diario de homicidios la cifra de cuerpos hallados en fosas clandestinas, pues ya representan una parte importante de las muertes violentas desde septiembre pasado.
Tan sólo en abril, los cuerpos hallados en fosas representaron el 14 por ciento de los homicidios totales, por eso lo menos que podemos hacer, en respeto a la dignidad de esas personas, es incluirlos en la estadística y que no queden en el limbo del silencio y la negación oficial.
El dato también confirma lo que todos sabemos pero que parece no importarle mucho a la sociedad y menos aún a las autoridades: que la desaparición de personas es la violencia letal más grave de esta guerra criminal y que, tarde o temprano, emergerá, literalmente, de la tierra.
