Bastó una publicación sin fuente, sin evidencia y desde cuentas con pocos seguidores para volver a poner a prueba la seguridad en Culiacán.

La supuesta captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, que nunca ocurrió, no se quedó en las redes sociales. El rumor terminó convertido en vandalismo: seis inmuebles afectados entre comercios, viviendas y un hotel, además de vehículos y otros hechos violentos reportados en distintos sectores de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública asegura que se trató de un evento “coyuntural” y que el despliegue existente fue suficiente para contenerlo. También revisaron el Código Rojo para responder ante situaciones similares.

Pero hay una pregunta incómoda: ¿qué tan preparada está una ciudad para enfrentar una emergencia que puede comenzar con un simple mensaje falso?

Porque el problema no es únicamente que alguien invente una captura y la difunda. El problema es que el rumor tenga la capacidad de activar, en cuestión de minutos, conductas violentas y alterar la tranquilidad de toda una ciudad.

Seis inmuebles afectados y cero detenidos después, el saldo deja otra lección: en Culiacán, hasta una mentira puede tener consecuencias muy reales.

Y quizá el reto no sea solamente desmentir los rumores después de que comienzan los incendios, las detonaciones o los ataques. También será necesario encontrar la manera de cortar la cadena de desinformación antes de que vuelva a convertirse en violencia.

Dos años de violencia en Culiacán y hay regidores que prácticamente no han dicho nada sobre ella en el Cabildo o de alguna otra más que leer la orden del día.

No es que tengan que resolver la crisis desde una curul. Tampoco que cada sesión tenga que convertirse en una conferencia de seguridad. Pero resulta curioso que, mientras la ciudad acumula homicidios, desapariciones, ataques y escuelas alteradas, algunos integrantes del órgano que representa a los culiacanenses hayan encontrado muy poco que decir sobre el asunto.

Las actas municipales muestran el contraste.

Erika Sánchez, Rigoberto Torres, Guillermina López, Norma Leticia Alvarado y Cinthia Valenzuela, por ejemplo, han llevado al pleno distintos aspectos de la crisis: policías, robos de vehículos, escuelas, salud mental, presupuesto y coordinación entre autoridades.

Del otro lado están varios de los regidores de Morena que integran la mayoría. Leslie Soto, María José Chávez, Claudia Vega y Jesús Armando Heráldez no aparecen en las actas revisadas con intervenciones centradas específicamente en la crisis de seguridad. Tampoco Julio César Osuna, del Verde, ha hecho de este uno de sus temas recurrentes.

El Cabildo sí puede hacer algo más que aprobar reglamentos, obras y trámites. Puede discutir lo que está pasando en la ciudad. Puede exigir respuestas. Puede poner problemas sobre la mesa. Puede, por lo menos, dejar constancia de que los está viendo.

Algunos regidores lo han hecho.

Erika Sánchez habló del problema desde noviembre de 2024, cuando la crisis apenas tenía dos meses, y pidió más recursos para la Policía Municipal. Después propuso una comisión especial para atender la violencia y la reactivación económica. No tuvo eco.

Rigoberto Torres habló de los efectos de la violencia en niñas, niños y adolescentes y después pidió reforzar la seguridad en las escuelas.

Guillermina López cuestionó que los esfuerzos de las autoridades no fueran suficientes. Norma Leticia Alvarado defendió las acciones municipales y llamó a fortalecer la Policía Municipal. Cinthia Valenzuela habló de recursos y de la necesidad de aumentar el número de policías preventivos.

No todos tienen que pensar igual. De hecho, sería bastante aburrido que así fuera.

Pero tampoco estaría mal que todos hablaran.

Porque una cosa es respaldar al Gobierno municipal y otra asumir que ese respaldo implica no incomodar demasiado. La violencia es precisamente el tipo de problema que debería provocar preguntas, reclamos y propuestas, no solamente comunicados cuando ocurre algo que ya no se puede ignorar.

Además, la crisis no ha sido un asunto lejano para el Ayuntamiento. Ha tocado a policías municipales, paramédicos, estudiantes, comerciantes y familias. En enero de 2025, por ejemplo, Sánchez reclamó desde el propio Cabildo que no hubiera una reacción inmediata ante ataques contra personal de Cruz Roja.

Es decir, motivos para hablar han sobrado.

Quizá algunos regidores simplemente no consideran que sea su tema.

Solo que entonces habría que explicar qué sí tendría que pasar para que lo fuera.

Porque mientras en el Cabildo unos regidores levantan la mano para hablar de una ciudad que lleva dos años bajo violencia, otros parecen haber descubierto una fórmula bastante cómoda para hacer política, pues si no mencionas el problema, tampoco tienes que explicar qué propones para resolverlo.

Y Culiacán podrá tener muchas cosas, pero precisamente problemas para mencionar no le faltan.

Muy temeraria resulta la actitud de la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, de ir a la cabecera de la sindicatura de Villa Juárez y presumirles en la cara a los habitantes que el lugar es un ejemplo de la estrategia de recuperación de paz en Sinaloa.

Sobre todo el mero día del segundo aniversario del estallido de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, y en uno de los territorios más castigados por los brotes de violencia, con muchos casos de asesinatos y personas desaparecidas, así como uno de los lugares en que fueron canceladas las clases por tiroteos o presencia de grupos armados.

Obvio, Dominguez Nava llegó a la techumbre del centro de Villa Juarez en medio de un megadispositivo de seguridad, que incluyó a efectivos del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y hasta de la Fuerza Aérea.

También acudió el Secretario de Seguridad estatal, Sinhué Téllez López, y funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

El dispositivo fue tan grande e impresionante que se extendió por varias calles alrededor de esa zona céntrica de la techumbre.

La única evidencia de recuperación es que hay locales y casas habitación de cuyas fachadas están rellenando los huecos que dejaron los balazos después de los ataques armados.

La audacia de declarar Villa Juárez como ejemplo es el equivalente a decir que fue el Presidente Municipal Richard Millán y su chamba quien calmó la crisis en Elota y su zona rural, después de las pesadillas vividas por año y medio, cuando hay evidencia en redes y señales hasta en otros estados, que señalan de que existe una tregua y una nueva alianza en el lugar.

Hace apenas unas semanas, en Noroeste pudimos documentar movilización de familiares con personas desaparecidas que acusaron abusos de la Guardia Nacional, y madres de familia y usuarios del transporte que acusaron a grupos delictivos se han dedicado a asaltar y robar con toda impunidad.

Queda claro que Graciela, antes de ser Gobernadora interina, no sabía bien qué pasaba en Villa Juárez.

Debería saber que cuando ella no está, por la calle principal de donde ella encabezó su evento, hay punteros revisando automóviles hasta de la prensa, sin que nadie pueda impedirlo.

¡FOUL!... Mientras la violencia impacta a las escuelas en Mazatlán, la Secretaría de Seguridad municipal imparte ¡pláticas de bienestar emocional a estudiantes!