Ayer Sinaloa superó los mil 22 homicidios registrados en todo el 2024, lo que nos permite anticipar que si no se encuentra una manera de reducir pronto y de manera sensible ese delito, 2025 podría andar, más o menos, en el doble de los asesinatos del año pasado. Sería una tragedia.
El problema no es sólo el tamaño de la crisis de violencias que vivimos, sino que más nos vale ir aceptando que nuestros gobiernos ya decidieron que la estrategia es una sola y consiste en la “coordinación” de las instituciones que son básicamente militares pues nuestras policías no pintan en el plan ya que son insuficientes y poco profesionales.
Dicho eso, nos permitimos, y ojalá nos equivoquemos, pensar que viviremos un 2025 sumamente violento y que no hay razones para pensar que algo cambie pronto.
La militarización todos los días detiene, confisca y asegura, pero el crimen organizado y su guerra interna darán para rato, sobre todo si pensamos que sus redes de corrupción y operaciones ilegales son variadas y efectivas y que en ese sentido la impunidad sigue tan vigente como al principio.
Así que seguiremos en la locura de esperar resultados distintos haciendo lo mismo.
La reubicación de reos federales en Sinaloa es, por fin, una decisión con lógica. Después de años de conflictos al interior de los penales, el Gobierno estatal comenzó a trasladar a personas privadas de la libertad con antecedentes de violencia o vínculos con el crimen organizado.
Es una estrategia adecuada, pero llega con retraso.
El Penal de Aguaruto, en Culiacán, ha acumulado más de una década de incidentes: armas, drogas, túneles, grupos antagónicos, asesinatos.
No se trata de hechos aislados. Recientemente, el 21 de mayo hubo una balacera dentro del Penal. Un mes después, tres reos fueron hallados muertos tras un nuevo enfrentamiento. Lo insólito no es lo que sucede, sino que haya tardado tanto en reconocerse que ahí dentro también se reproducen las disputas que ocurren afuera.
El Gobernador Rubén Rocha Moya lo dijo claro: las riñas no se deben a la sobrepoblación, sino a que se permite el ingreso de personas con rivalidades previas. Y aún así, hasta ahora se decide frenar el envío de reos federales al Penal estatal y redistribuir a los internos de mayor riesgo.
¿Cuántos hechos violentos más eran necesarios para tomar esa decisión?
La medida es correcta, los penales no pueden seguir siendo depósitos de violencia sin control, donde los derechos humanos son letra muerta y el Estado se presenta sólo cuando hay muertos.
La contención no basta si no hay depuración interna, vigilancia real, sanción a quienes permiten que un Penal se llene de armas y droga.
Reubicar puede evitar otra tragedia inmediata, pero lo que urge es reconstruir el sistema penitenciario desde adentro. La crisis no se resolverá moviendo piezas, sino cambiando las reglas del juego.
Como muchas de las cosas que hace Gobierno federal y que no entendemos la tardanza, ya se anunció que fueron desplegados 200 agentes de la Secretaría de Marina en Navolato, mismos que se encargarán de combatir el crimen organizado.
Según el Gobernador Rubén Rocha Moya, que fue quien dio los detalles sobre esta decisión de la Marina, el despliegue de los agentes se realizará en medio de una serie de brotes de violencia focalizadas en el municipio.
“Me acaba de informar ahorita en la mesa (de seguridad) el comandante de la Marina, el Almirante Reséndiz, ya tenemos van llegando 200 elementos de Marina destinados exclusivamente a Navolato a partir de este momento”, dijo el Gobernador.
Entre los planes está también hacer patrullaje en Altata, cuidando el tema del turismo de Navolato.
Recordó también que los marinos generalmente se destinan a los municipios costeros, que justo ahora hay 400 porque también se destinaron otros 200 para el municipio de Elota.
El tema con Navolato es que en las últimas semanas se han registrado diversas situaciones de seguridad derivadas de la pugna del crimen organizado por el control del Cártel de Sinaloa.
Esto ha provocado mucho pánico en las comunidades de Las Aguamitas, El Castillo, Las Puentes, la cabecera municipal, El Limoncito, La Palma y Villa Juárez, cuyos vecinos han mostrado su temor y han solicitado ayuda a través de redes sociales por temas como persecuciones, asesinatos y enfrentamientos, hasta detenciones y decomisos.
Las ventas en los tianguis de la ciudad se desplomaron hasta un 70 por ciento porque la violencia espanta a los compradores, de acuerdo con el colectivo de Tianguis de Culiacán.
No es capricho, es miedo real a no salir con vida o sin ser testigo de algún hecho durante las primeras horas del día.
Los comerciantes han propuesto al Gobierno eventos culturales para atraer público, pero sin seguridad efectiva, esos esfuerzos son como poner música en un lugar en llamas.
Para esto, también solicitaron vigilancia policial, pero para las decenas de asaltos que registran.
Y aún así, la realidad es simple, sin garantías de seguridad, ni mariachi ni feria podrán salvar unas ventas que se hunden día a día. Los tianguistas hacen su parte, pero la responsabilidad es de quienes deben protegerlos.
La crisis de seguridad que enfrenta Culiacán desde hace casi 10 meses va mucho más allá de episodios aislados; ha instaurado un miedo constante que paraliza no sólo la economía local, sino también la vida cotidiana.
Más que presencia policial temporal, se necesita reconstruir la confianza social para que la vida y la economía puedan reactivarse sin miedo.
Ayer Sinaloa superó los mil 22 homicidios registrados en todo el 2024, lo que nos permite anticipar que si no se encuentra una manera de reducir pronto y de manera sensible ese delito, 2025 podría andar, más o menos, en el doble de los asesinatos del año pasado. Sería una tragedia.
El problema no es sólo el tamaño de la crisis de violencias que vivimos, sino que más nos vale ir aceptando que nuestros gobiernos ya decidieron que la estrategia es una sola y consiste en la “coordinación” de las instituciones que son básicamente militares pues nuestras policías no pintan en el plan ya que son insuficientes y poco profesionales.
Dicho eso, nos permitimos, y ojalá nos equivoquemos, pensar que viviremos un 2025 sumamente violento y que no hay razones para pensar que algo cambie pronto.
La militarización todos los días detiene, confisca y asegura, pero el crimen organizado y su guerra interna darán para rato, sobre todo si pensamos que sus redes de corrupción y operaciones ilegales son variadas y efectivas y que en ese sentido la impunidad sigue tan vigente como al principio.
Así que seguiremos en la locura de esperar resultados distintos haciendo lo mismo.
La reubicación de reos federales en Sinaloa es, por fin, una decisión con lógica. Después de años de conflictos al interior de los penales, el Gobierno estatal comenzó a trasladar a personas privadas de la libertad con antecedentes de violencia o vínculos con el crimen organizado.
Es una estrategia adecuada, pero llega con retraso.
El Penal de Aguaruto, en Culiacán, ha acumulado más de una década de incidentes: armas, drogas, túneles, grupos antagónicos, asesinatos.
No se trata de hechos aislados. Recientemente, el 21 de mayo hubo una balacera dentro del Penal. Un mes después, tres reos fueron hallados muertos tras un nuevo enfrentamiento. Lo insólito no es lo que sucede, sino que haya tardado tanto en reconocerse que ahí dentro también se reproducen las disputas que ocurren afuera.
El Gobernador Rubén Rocha Moya lo dijo claro: las riñas no se deben a la sobrepoblación, sino a que se permite el ingreso de personas con rivalidades previas. Y aún así, hasta ahora se decide frenar el envío de reos federales al Penal estatal y redistribuir a los internos de mayor riesgo.
¿Cuántos hechos violentos más eran necesarios para tomar esa decisión?
La medida es correcta, los penales no pueden seguir siendo depósitos de violencia sin control, donde los derechos humanos son letra muerta y el Estado se presenta sólo cuando hay muertos.
La contención no basta si no hay depuración interna, vigilancia real, sanción a quienes permiten que un Penal se llene de armas y droga.
Reubicar puede evitar otra tragedia inmediata, pero lo que urge es reconstruir el sistema penitenciario desde adentro. La crisis no se resolverá moviendo piezas, sino cambiando las reglas del juego.
Como muchas de las cosas que hace Gobierno federal y que no entendemos la tardanza, ya se anunció que fueron desplegados 200 agentes de la Secretaría de Marina en Navolato, mismos que se encargarán de combatir el crimen organizado.
Según el Gobernador Rubén Rocha Moya, que fue quien dio los detalles sobre esta decisión de la Marina, el despliegue de los agentes se realizará en medio de una serie de brotes de violencia focalizadas en el municipio.
“Me acaba de informar ahorita en la mesa (de seguridad) el comandante de la Marina, el Almirante Reséndiz, ya tenemos van llegando 200 elementos de Marina destinados exclusivamente a Navolato a partir de este momento”, dijo el Gobernador.
Entre los planes está también hacer patrullaje en Altata, cuidando el tema del turismo de Navolato.
Recordó también que los marinos generalmente se destinan a los municipios costeros, que justo ahora hay 400 porque también se destinaron otros 200 para el municipio de Elota.
El tema con Navolato es que en las últimas semanas se han registrado diversas situaciones de seguridad derivadas de la pugna del crimen organizado por el control del Cártel de Sinaloa.
Esto ha provocado mucho pánico en las comunidades de Las Aguamitas, El Castillo, Las Puentes, la cabecera municipal, El Limoncito, La Palma y Villa Juárez, cuyos vecinos han mostrado su temor y han solicitado ayuda a través de redes sociales por temas como persecuciones, asesinatos y enfrentamientos, hasta detenciones y decomisos.
Las ventas en los tianguis de la ciudad se desplomaron hasta un 70 por ciento porque la violencia espanta a los compradores, de acuerdo con el colectivo de Tianguis de Culiacán.
No es capricho, es miedo real a no salir con vida o sin ser testigo de algún hecho durante las primeras horas del día.
Los comerciantes han propuesto al Gobierno eventos culturales para atraer público, pero sin seguridad efectiva, esos esfuerzos son como poner música en un lugar en llamas.
Para esto, también solicitaron vigilancia policial, pero para las decenas de asaltos que registran.
Y aún así, la realidad es simple, sin garantías de seguridad, ni mariachi ni feria podrán salvar unas ventas que se hunden día a día. Los tianguistas hacen su parte, pero la responsabilidad es de quienes deben protegerlos.
La crisis de seguridad que enfrenta Culiacán desde hace casi 10 meses va mucho más allá de episodios aislados; ha instaurado un miedo constante que paraliza no sólo la economía local, sino también la vida cotidiana.
Más que presencia policial temporal, se necesita reconstruir la confianza social para que la vida y la economía puedan reactivarse sin miedo.
