Fue muy rimbombante y pareciera alentadora la reforma concretada por el Congreso del Estado este martes, para aumentar hasta 50 años las sanciones por homicidios, sobre todo contra menores de edad, periodistas y policías.
Dentro de sus facultades puede apreciarse hasta cierto punto el acuerdo del Parlamento para endurecer estos castigos, pero la exigencia social y ciudadana va encaminada a otras cosas.
Hemos hablado mucho de que poco sirve elevar los años de cárcel por delitos, si realmente no hay detenciones o procesos legales que culminen en la aplicación de estos castigos, y pues seguimos iguanas.
Es de valorarse que, al menos desde el punto de vista legal, realmente exista una postura más dura y firme para castigar a quienes atenten contra lo más preciado de las familias sinaloenses, que son las infancias y adolescencias; quienes trabajan para mantener el orden, que son los agentes policiales; y a quienes dedican su vida a mantener informada a la sociedad.
Claro que esto no debe entenderse como que estos sectores valgan más que el resto de población, pero en tiempos recientes han sido de los más expuestos a los riesgos colaterales de la crisis de seguridad.
Pero incluso con esto, el Congreso no debe perder de vista que tiene otras maneras y más contundentes de colaborar en la recuperación del orden.
Se avecinan tiempos cruciales, pues en el cierre de año el Poder Legislativo discutirá el Presupuesto Anual del 2026, y ahí hay una gran oportunidad de enviarle un mensaje a la ciudadanía de que verdaderamente quieren ayudar a salir de la crisis.
Ya para este 2025 se hicieron algunos ajustes para fortalecer algunos aspectos de la Fiscalía General del Estado y propiamente a las corporaciones de seguridad, y estando en julio podemos decir que sigue sin bastar.
Vale, ya quedaron los cimientos legales para que se castiguen de manera más severas delitos como halconeo, arrojar ponchallantas o ahora el homicidio, pero falta lo más importante.
Para que estas penas valgan la pena, valga la redundancia, se tienen que complementar con reforzar a las corporaciones, darle mejores condiciones operativas, de vigilancia, inteligencia y, desde luego, mejores condiciones laborales a nuestros policías municipales y estatales.
Pues, como hemos dicho, de poco servirá elevar las penas a los máximos, si las resoluciones en investigaciones y juzgados siguen en los mínimos históricos.
De otro modo, nuestras diputadas y diputados solamente seguirán dando atole con el dedo, o haciendo como que hacen sin llegar a hacer algo importante por rescatar a Sinaloa.
A casi tres semanas del inicio del proceso de exhumación en la fosa común del panteón 21 de Marzo, la desconfianza y el descontento de las familias de personas desaparecidas hacia la Comisión Estatal de Búsqueda, bajo la dirección de Karina Márquez Calderón y coordinada por Patricia Figueroa, crecen a la par de la falta de transparencia y sensibilidad.
Mientras el Gobierno de Sinaloa reporta la recuperación de cinco cuerpos no identificados, las familias denuncian una actuación fría y distante, que raya en la omisión. La promesa inicial de permitirles ser observadoras del proceso quedó en una farsa: una barrera física, mallas negras y vallas humanas se levantaron para impedirles siquiera la posibilidad de seguir de cerca las exhumaciones.
Estas medidas no sólo obstaculizan la observación, sino que invisibilizan el derecho de las familias a acompañar el difícil proceso de recuperación y búsqueda de sus seres queridos. La actuación de Patricia Figueroa y su equipo refleja una insensibilidad hacia el sufrimiento social y un distanciamiento de los intereses y derechos humanos que deberían velar.
La lideresa del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, denunció que, además de negar información cotidiana sobre los avances, la Comisión se rehúsa a entregar documentación o permitir que las familias tengan sus propios registros, vitales para la identificación genética y la reconstrucción de la verdad. Esta desconfianza no es infundada: la falta de comunicación y la opacidad han minado cualquier esperanza genuina.
En un escenario donde el dolor debería ser acompañado con empatía, las familias enfrentan la burocracia fría y distante de una Subsecretaría que parece más preocupada por resguardar una imagen institucional que por garantizar justicia y dignidad. La denuncia presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos es sólo un síntoma más de la crisis humanitaria y de la deficiente gestión que Patricia Figueroa encarna en esta etapa crucial para las víctimas y sus familias.
La exhumación y búsqueda de personas desaparecidas no puede seguir siendo un trámite técnico, escondido detrás de barreras físicas y administrativas. La sociedad sinaloense exige un cambio urgente: un compromiso real con las familias, transparencia total en los procesos y un liderazgo que ponga el corazón y la justicia por encima de la burocracia y el distanciamiento social.
De locos resulta conocer que Sinaloa creció 7 puntos en actividad económica en el primer trimestre de 2025 respecto al cierre del 2024, como informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Esos números pusieron a Sinaloa en el peor estado del País por su inviabilidad para actividades económicas, sin embargo al primer trimestre de 2025 la entidad se recuperó con un aumento de 7.0 lo que lo posiciona como el estado de mayor crecimiento en comparación con el trimestre anterior.
La información es del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado por el Inegi.
Según información del mismo Instituto, Sinaloa cerró el 2024 como el estado con mayor variación a la baja en incremento económico con una pérdida de 5.0 puntos de acuerdo con los parámetros del estudio.
Pero ya en su nueva faceta de estado en recuperación, pese a la realidad que atañe a los sinaloenses, en medio de una guerra interna del Cártel de Sinaloa, los 7 puntos estuvieron por encima de otros estados con incrementos en su actividad económica como Nayarit, 3.3 por ciento; Guerrero, 2.4 por ciento; San Luis Potosí, 2.3 por ciento; Zacatecas, 2.2 por ciento, y Michoacán, con 2.0 por ciento.
Pero colaborando el primer trimestre de 2025 con el mismo periodo del año anterior, pues Sinaloa presentó un incremento de 2.0 por ciento lo que lo colocó en el lugar número 15 en el ranking de crecimiento de actividades económicas nacional.
Es obvio que la caída en las cifras de actividad económica registrada al último trimestre de 2024 en Sinaloa coincide con la escalada de violencia provocada por la guerra que comentamos, que ha dejado incrementos en incidencia delictiva en los crímenes de robos, enfrentamientos, desaparición forzada de personas y asesinatos.
Tras los 2.2 del primer trimestre de 2024 Sinaloa bajó -0.8 por ciento el segundo trimestre, subió 1.1 por ciento para el tercer trimestre y cerró con -5.0 por ciento el último trimestre.
Veremos qué nos depara el futuro en este tema, pues el empuje económico del primer trimestre de 2025 surge todo de las actividades primarias, mientras que las secundarias y terciarias registraron tasas negativas con respecto al mismo periodo de 2024.
Fue muy rimbombante y pareciera alentadora la reforma concretada por el Congreso del Estado este martes, para aumentar hasta 50 años las sanciones por homicidios, sobre todo contra menores de edad, periodistas y policías.
Dentro de sus facultades puede apreciarse hasta cierto punto el acuerdo del Parlamento para endurecer estos castigos, pero la exigencia social y ciudadana va encaminada a otras cosas.
Hemos hablado mucho de que poco sirve elevar los años de cárcel por delitos, si realmente no hay detenciones o procesos legales que culminen en la aplicación de estos castigos, y pues seguimos iguanas.
Es de valorarse que, al menos desde el punto de vista legal, realmente exista una postura más dura y firme para castigar a quienes atenten contra lo más preciado de las familias sinaloenses, que son las infancias y adolescencias; quienes trabajan para mantener el orden, que son los agentes policiales; y a quienes dedican su vida a mantener informada a la sociedad.
Claro que esto no debe entenderse como que estos sectores valgan más que el resto de población, pero en tiempos recientes han sido de los más expuestos a los riesgos colaterales de la crisis de seguridad.
Pero incluso con esto, el Congreso no debe perder de vista que tiene otras maneras y más contundentes de colaborar en la recuperación del orden.
Se avecinan tiempos cruciales, pues en el cierre de año el Poder Legislativo discutirá el Presupuesto Anual del 2026, y ahí hay una gran oportunidad de enviarle un mensaje a la ciudadanía de que verdaderamente quieren ayudar a salir de la crisis.
Ya para este 2025 se hicieron algunos ajustes para fortalecer algunos aspectos de la Fiscalía General del Estado y propiamente a las corporaciones de seguridad, y estando en julio podemos decir que sigue sin bastar.
Vale, ya quedaron los cimientos legales para que se castiguen de manera más severas delitos como halconeo, arrojar ponchallantas o ahora el homicidio, pero falta lo más importante.
Para que estas penas valgan la pena, valga la redundancia, se tienen que complementar con reforzar a las corporaciones, darle mejores condiciones operativas, de vigilancia, inteligencia y, desde luego, mejores condiciones laborales a nuestros policías municipales y estatales.
Pues, como hemos dicho, de poco servirá elevar las penas a los máximos, si las resoluciones en investigaciones y juzgados siguen en los mínimos históricos.
De otro modo, nuestras diputadas y diputados solamente seguirán dando atole con el dedo, o haciendo como que hacen sin llegar a hacer algo importante por rescatar a Sinaloa.
A casi tres semanas del inicio del proceso de exhumación en la fosa común del panteón 21 de Marzo, la desconfianza y el descontento de las familias de personas desaparecidas hacia la Comisión Estatal de Búsqueda, bajo la dirección de Karina Márquez Calderón y coordinada por Patricia Figueroa, crecen a la par de la falta de transparencia y sensibilidad.
Mientras el Gobierno de Sinaloa reporta la recuperación de cinco cuerpos no identificados, las familias denuncian una actuación fría y distante, que raya en la omisión. La promesa inicial de permitirles ser observadoras del proceso quedó en una farsa: una barrera física, mallas negras y vallas humanas se levantaron para impedirles siquiera la posibilidad de seguir de cerca las exhumaciones.
Estas medidas no sólo obstaculizan la observación, sino que invisibilizan el derecho de las familias a acompañar el difícil proceso de recuperación y búsqueda de sus seres queridos. La actuación de Patricia Figueroa y su equipo refleja una insensibilidad hacia el sufrimiento social y un distanciamiento de los intereses y derechos humanos que deberían velar.
La lideresa del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo Medina, denunció que, además de negar información cotidiana sobre los avances, la Comisión se rehúsa a entregar documentación o permitir que las familias tengan sus propios registros, vitales para la identificación genética y la reconstrucción de la verdad. Esta desconfianza no es infundada: la falta de comunicación y la opacidad han minado cualquier esperanza genuina.
En un escenario donde el dolor debería ser acompañado con empatía, las familias enfrentan la burocracia fría y distante de una Subsecretaría que parece más preocupada por resguardar una imagen institucional que por garantizar justicia y dignidad. La denuncia presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos es sólo un síntoma más de la crisis humanitaria y de la deficiente gestión que Patricia Figueroa encarna en esta etapa crucial para las víctimas y sus familias.
La exhumación y búsqueda de personas desaparecidas no puede seguir siendo un trámite técnico, escondido detrás de barreras físicas y administrativas. La sociedad sinaloense exige un cambio urgente: un compromiso real con las familias, transparencia total en los procesos y un liderazgo que ponga el corazón y la justicia por encima de la burocracia y el distanciamiento social.
De locos resulta conocer que Sinaloa creció 7 puntos en actividad económica en el primer trimestre de 2025 respecto al cierre del 2024, como informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Esos números pusieron a Sinaloa en el peor estado del País por su inviabilidad para actividades económicas, sin embargo al primer trimestre de 2025 la entidad se recuperó con un aumento de 7.0 lo que lo posiciona como el estado de mayor crecimiento en comparación con el trimestre anterior.
La información es del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado por el Inegi.
Según información del mismo Instituto, Sinaloa cerró el 2024 como el estado con mayor variación a la baja en incremento económico con una pérdida de 5.0 puntos de acuerdo con los parámetros del estudio.
Pero ya en su nueva faceta de estado en recuperación, pese a la realidad que atañe a los sinaloenses, en medio de una guerra interna del Cártel de Sinaloa, los 7 puntos estuvieron por encima de otros estados con incrementos en su actividad económica como Nayarit, 3.3 por ciento; Guerrero, 2.4 por ciento; San Luis Potosí, 2.3 por ciento; Zacatecas, 2.2 por ciento, y Michoacán, con 2.0 por ciento.
Pero colaborando el primer trimestre de 2025 con el mismo periodo del año anterior, pues Sinaloa presentó un incremento de 2.0 por ciento lo que lo colocó en el lugar número 15 en el ranking de crecimiento de actividades económicas nacional.
Es obvio que la caída en las cifras de actividad económica registrada al último trimestre de 2024 en Sinaloa coincide con la escalada de violencia provocada por la guerra que comentamos, que ha dejado incrementos en incidencia delictiva en los crímenes de robos, enfrentamientos, desaparición forzada de personas y asesinatos.
Tras los 2.2 del primer trimestre de 2024 Sinaloa bajó -0.8 por ciento el segundo trimestre, subió 1.1 por ciento para el tercer trimestre y cerró con -5.0 por ciento el último trimestre.
Veremos qué nos depara el futuro en este tema, pues el empuje económico del primer trimestre de 2025 surge todo de las actividades primarias, mientras que las secundarias y terciarias registraron tasas negativas con respecto al mismo periodo de 2024.
