Nada pudo hacer el Gobernador Rubén Rocha Moya por mantener en secreto que la inseguridad sí ha afectado la frecuencia de vuelos a Culiacán, y las exigencias de los trabajadores de la aerolínea Aeroméxico que piden garantías a su seguridad en sus traslados dentro de la ciudad de Culiacán, debido a la violencia que azota al Estado.

El Mandatario ayer, durante su conferencia La Semanera, admitió que han sido cancelados dos vuelos debido al horario que llega a Culiacán desde la Ciudad de México, porque la tripulación no quiere dormir en la capital sinaloense.

La exigencia del sindicato de Aeroméxico es que su personal no tenga que pernoctar en Culiacán, y por eso la cancelación de los vuelos, por eso ahora el ofrecimiento del Gobierno del Estado es que la tripulación sea escoltada por policías o el Ejército para llegar a su hotel a altas horas de la noche y también para regresar por la mañana al aeropuerto muy temprano.

Rocha Moya dijo en la conferencia que dos vuelos son los que se han cancelado, el de la noche que viene de México a Culiacán y se asume que el otro es de la mañana que se regresa de Culiacán a México.

La semana pasada fue el propio Gobierno del Estado que difundió una reunión que el Gobernador Rocha Moya sostuvo con Ricardo Dueñas Espriú, director general del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), firma que administra los aeropuertos principales en Sinaloa, y que justo ahí también se tocó el tema, sin embargo fue difundido hasta ayer.

“Ahí sí tiene que ver con una disposición con el sindicato que ha impedido que su personal pernocte en Culiacán porque tengan que trasladarse del aeropuerto al hotel”, dijo el Gobernador.

Lo único positivo de este asunto es que OMA mantiene su interés por invertir los 900 millones de pesos que se comprometió, pero lo otro es algo que solo era cuestión de tiempo para que pasara, porque pues, Culiacán y su guerra.

En Sinaloa se pretende poner en marcha un programa para robustecer y optimizar la infraestructura de videovigilancia en el estado, con la compra de más cámaras y mantenimiento de las dañadas.

El programa consiste en la erogación de 50 millones de pesos para comprar 600 videocámaras, y con ello lograr tener en funcionamiento mil 100 videocámaras en el estado de forma simultánea.

De risa que después de nueve meses de una intensa crisis de seguridad, apenas existan los esfuerzos para implementar protocolos de vigilancia, y también vergonzoso que mientras el estado apenas cuenta con 500 cámaras funcionando, al crimen organizado le han decomisado más de 2 mil 300, lo que supera con un amplio margen al poder de vigilancia estatal.

Es de temer que el crimen organizado siempre tuvo mayor capacidad de vigilancia de la vía pública por encima de un estado completo, que se supone goza de proyectos nacionales de reforzamiento de seguridad, pero que al parecer jamás fueron aplicados para realmente endurecer esta área.

Y las duda por supuesto es ¿por qué no realizar este proyecto antes de que la crisis de seguridad cobrara tantas vidas?, que siendo realistas este reforzamiento de cámaras de videovigilancia abona más a la búsqueda de justicia dando norte a las autoridades de las características de quienes cometen los delitos, y no tanto para prevenirlos, pero aún así, ¿por qué no hacerlo antes?

Seguramente este tema cuenta con el respaldo del Gobierno federal, y se necesitó el visto bueno de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para poder acceder a los dineros necesarios, pues en un estado tan endeudado como está Sinaloa no es sencillo disponer de 50 millones de pesos que no estaban en el presupuesto.

La instalación del Consejo Municipal de Seguridad en Culiacán después de siete meses es una demora injustificable, para todos excepto para el Gobierno Municipal, en medio de una crisis de violencia que afecta a la ciudad desde hace casi un año.

La Regidora Erika Sánchez criticó que el Municipio haya esperado tanto tiempo para instalar el consejo, cuando ya se han registrado desapariciones, homicidios y pérdidas materiales. Dijo que la ciudadanía lleva meses sin ser escuchada ni atendida.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil habla de “pasitos para adelante”, pero la situación exige respuestas rápidas y efectivas.

Aunque la ley no fija plazos, la responsabilidad política obliga a actuar con urgencia.

La población necesita soluciones concretas, no anuncios tardíos que no mejoran la seguridad.

¿Dónde estuvo la prioridad del municipio durante estos siete meses? ¿Qué estrategias se implementaron mientras la violencia escalaba? ¿Cómo justifican la falta de acción cuando vidas y patrimonio estaban en riesgo? ¿Acaso el Gobierno consideró irrelevante la seguridad de sus ciudadanos? ¿Qué planes reales existen más allá de promesas y consejos que llegan tarde?

A la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, ya se le hizo costumbre cambiar de opinión de “última hora” y no asistir a los eventos agendados en el puerto.

O quizás la Presidenta Municipal no sabe qué decir para seguir no reconociendo el tema de la inseguridad en Mazatlán, cuya Policía Municipal a cargo de Jaime Othoniel Barrón Valdez sigue sin dar una positiva y para muestra la semana pasada violenta que dejó al menos tres muertos, cuatro ataques a balazos contra motociclistas y una familia del Infonavit Jabalíes desaparecida.

Pues resulta que Estrella Palacios tenía en su agenda de ayer lunes a las 08:00 horas un recorrido de supervisión por el canal y arroyo Jabalines, en los fraccionamientos San Fernando y La Foresta, pero de “última hora” no asistió, todo esto luego de que un policía municipal resultó baleado y un civil muerto en un ataque en los últimos minutos del pasado domingo a un costado del templo San José, en el Centro de Mazatlán.

No es la primera vez que Estrella no asiste a eventos, sobre todo cuando ocurren hechos violentos en Mazatlán.