El inerte Instituto de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de Sinaloa pasa sus días sin una dinámica de trabajo activa y efectiva para prevenir la violencia contra medios de comunicación, los trabajadores de los mismos y activistas, y la crisis de seguridad no les ha despertado.
En relación a los activistas, el instituto simplemente no ha buscado algo tan simple que es la seguridad que deben otorgar a los manifestantes durante movilizaciones, a pesar que la solicitud ha sido entregada a Jenny Judith Bernal, directora de la institución.
Desde que no hay tránsitos en Culiacán, que se escondieron desde el mes de septiembre, no hay autoridad que acompañe estas marchas y deben enfrentarse al colérico tráfico que toda la vida ha tenido en este caso la ciudad. Pareciera que ya es con intención por parte del estado para buscar desactivar estas movilizaciones.
Y en el caso de los periodistas, pues hace unas semanas la señora Bernal encabezó una reunión con reporteros de la nota de seguridad y les cuestionó qué necesitaban del instituto: resulta que se hizo una lista de reporteros para repartir chalecos con la leyenda “Prensa” a petición de los periodistas, pero a la hora de la hora no todos los apuntados alcanzaron chaleco que porque fueron repartidos a diestra y siniestra. Acá no se condena la acción desde una exigencia material, sino que es lamentable que el instituto desconozca tanto la labor periodística como para tener que hacer consultas y encima ejecuten las cosas mal, totalmente sin criterios para evaluar quién necesita apoyos y quiénes no.
Quién sabe si la señora Bernal acostumbre leer noticias y tal vez no entiende que el periodismo se divide por áreas, pero decirle desde acá que no son los mismos los riesgos de un periodista que cubre seguridad a uno de espectáculos, u otro de investigación, y sobre eso debe trabajar.
Solamente tardó dos años para realizar su primera reunión con periodistas para conocerles.
Desde el 2022 se creó el Instituto, y no es secreto que Jenny Judith Bernal fue la propuesta menos incómoda para la autoridad estatal, pero pues qué no abuse ni piense que por entregar chalecos ya tiene la tarea hecha.
Resulta que los periodistas sinaloenses ni conocen a la gente que trabaja en el instituto, ni el instituto conoce a los periodistas sinaloenses.
Y por cierto, se sabe qué han sido muy eficaces para comunicarse con medios de comunicación o periodistas directamente si sale información criticando su administración, no con una intención de exigir derecho a réplica sino para pedir clemencia, pues se asume parte del gremio.
Pues que le aproveche. Si no ha despertado con la crisis de seguridad nada lo hará en los siguientes tres años que le quedan.
Tanto trabajo por parte de activistas y periodistas para formular la ley que dio vida al instituto como para que quede en un instituto placebo.
Es complicado pensar en cómo puede el Congreso de Sinaloa intervenir como poder del Estado en esta crisis de violencia, pero probablemente una manera que se nos ocurriría, no es con una campaña de difusión.
Este miércoles, junto con cámaras empresariales, lanzaron la campaña “Somos Más Quienes Construimos Paz”, que consiste básicamente en promover un mensaje alentador, de esperanza y construcción de paz en el estado, para concientizar, vaya.
Se agradece, por un lado, que el Estado, a través del Poder Legislativo, muestre cierta disposición y apertura con los sectores productivos de la entidad en una situación tan complicada como la que atravesamos.
Por el otro lado, no nos queda tan claro qué tanto podría esto realmente ayudar a que la gente retome la normalidad de sus vidas, especialmente en las noches, que es donde más se ha notado en una ciudad como Culiacán.
Entendemos que el argumento podría ser que se busca combatir la psicosis que atormenta a los culiacanenses, pero tampoco es como que los delincuentes se sienten a reflexionar sobre sus actividades ilícitas por escuchar a la Diputada Tere Guerra contar una historia de superación en la radio.
Reiteramos, justamente el Poder Legislativo tiene un campo de acción algo limitado para atender esta crisis violenta, pero no creemos que llenar los espacios públicos y espacios de radio y televisión con mensajes de “los buenos somos más”, sea la solución.
Nos gusta pensar que esta campaña es solo un primer paso hacia un plan de acción más certero del Congreso del Estado, para apoyar a los sectores productivos y sociedad civil de Sinaloa, porque si este es el plan definitivo, pues que Dios nos ampare.
Si uno de los poderes del Estado cree que una ola de violencia puede remediarse con llamados a la paz, al mero estilo de Maluma en Instagram o de la ONU en cada conflicto internacional, no nos queda de otra más que pensar en que esto desafortunadamente durará otro buen rato.
Vimos ayer con mucho gusto el anuncio de que el Gobierno del Estado condonará multas y recargos de impuesto sobre nómina de septiembre y octubre a empresarios de Culiacán por la crisis de inseguridad por la que atravesamos desde hace ya casi 50 días y a la que todavía no se le ve fin.
El SATES anunció que habilitará una serie de formatos en sus plataformas digitales para que empresarios culiacanenses accedan a estos beneficios y que puedan tener un respiro por la pausa en sus proyectos y para cumplir con las obligaciones qué tienen mayor prioridad.
“He instruido apoyar a las y los empresarios del municipio de Culiacán con la condonación de recargos, multas, honorarios y gastos del impuesto sobre la nómina generado por las omisiones de pago durante los meses de septiembre y octubre 2024. Estoy con ustedes para seguir fortaleciendo la economía de la capital del estado”, compartió el Gobernador Rubén Rocha Moya en su cuenta de X, antes Twitter.
El anuncio, reiteramos, cayó de buena manera luego de que la acción coincide con la sugerencia qué hiciera un grupo de activistas que representaron a la sociedad organizada, defensores de derechos humanos y empresarios en Sinaloa a la Presidencia de la República hace unas semanas.
Ojalá que también cumplan con lo demás, como garantizar la seguridad, evitar las desapariciones y castigar a los responsables lo más pronto posible.
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El inerte Instituto de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de Sinaloa pasa sus días sin una dinámica de trabajo activa y efectiva para prevenir la violencia contra medios de comunicación, los trabajadores de los mismos y activistas, y la crisis de seguridad no les ha despertado.
En relación a los activistas, el instituto simplemente no ha buscado algo tan simple que es la seguridad que deben otorgar a los manifestantes durante movilizaciones, a pesar que la solicitud ha sido entregada a Jenny Judith Bernal, directora de la institución.
Desde que no hay tránsitos en Culiacán, que se escondieron desde el mes de septiembre, no hay autoridad que acompañe estas marchas y deben enfrentarse al colérico tráfico que toda la vida ha tenido en este caso la ciudad. Pareciera que ya es con intención por parte del estado para buscar desactivar estas movilizaciones.
Y en el caso de los periodistas, pues hace unas semanas la señora Bernal encabezó una reunión con reporteros de la nota de seguridad y les cuestionó qué necesitaban del instituto: resulta que se hizo una lista de reporteros para repartir chalecos con la leyenda “Prensa” a petición de los periodistas, pero a la hora de la hora no todos los apuntados alcanzaron chaleco que porque fueron repartidos a diestra y siniestra. Acá no se condena la acción desde una exigencia material, sino que es lamentable que el instituto desconozca tanto la labor periodística como para tener que hacer consultas y encima ejecuten las cosas mal, totalmente sin criterios para evaluar quién necesita apoyos y quiénes no.
Quién sabe si la señora Bernal acostumbre leer noticias y tal vez no entiende que el periodismo se divide por áreas, pero decirle desde acá que no son los mismos los riesgos de un periodista que cubre seguridad a uno de espectáculos, u otro de investigación, y sobre eso debe trabajar.
Solamente tardó dos años para realizar su primera reunión con periodistas para conocerles.
Desde el 2022 se creó el Instituto, y no es secreto que Jenny Judith Bernal fue la propuesta menos incómoda para la autoridad estatal, pero pues qué no abuse ni piense que por entregar chalecos ya tiene la tarea hecha.
Resulta que los periodistas sinaloenses ni conocen a la gente que trabaja en el instituto, ni el instituto conoce a los periodistas sinaloenses.
Y por cierto, se sabe qué han sido muy eficaces para comunicarse con medios de comunicación o periodistas directamente si sale información criticando su administración, no con una intención de exigir derecho a réplica sino para pedir clemencia, pues se asume parte del gremio.
Pues que le aproveche. Si no ha despertado con la crisis de seguridad nada lo hará en los siguientes tres años que le quedan.
Tanto trabajo por parte de activistas y periodistas para formular la ley que dio vida al instituto como para que quede en un instituto placebo.
Es complicado pensar en cómo puede el Congreso de Sinaloa intervenir como poder del Estado en esta crisis de violencia, pero probablemente una manera que se nos ocurriría, no es con una campaña de difusión.
Este miércoles, junto con cámaras empresariales, lanzaron la campaña “Somos Más Quienes Construimos Paz”, que consiste básicamente en promover un mensaje alentador, de esperanza y construcción de paz en el estado, para concientizar, vaya.
Se agradece, por un lado, que el Estado, a través del Poder Legislativo, muestre cierta disposición y apertura con los sectores productivos de la entidad en una situación tan complicada como la que atravesamos.
Por el otro lado, no nos queda tan claro qué tanto podría esto realmente ayudar a que la gente retome la normalidad de sus vidas, especialmente en las noches, que es donde más se ha notado en una ciudad como Culiacán.
Entendemos que el argumento podría ser que se busca combatir la psicosis que atormenta a los culiacanenses, pero tampoco es como que los delincuentes se sienten a reflexionar sobre sus actividades ilícitas por escuchar a la Diputada Tere Guerra contar una historia de superación en la radio.
Reiteramos, justamente el Poder Legislativo tiene un campo de acción algo limitado para atender esta crisis violenta, pero no creemos que llenar los espacios públicos y espacios de radio y televisión con mensajes de “los buenos somos más”, sea la solución.
Nos gusta pensar que esta campaña es solo un primer paso hacia un plan de acción más certero del Congreso del Estado, para apoyar a los sectores productivos y sociedad civil de Sinaloa, porque si este es el plan definitivo, pues que Dios nos ampare.
Si uno de los poderes del Estado cree que una ola de violencia puede remediarse con llamados a la paz, al mero estilo de Maluma en Instagram o de la ONU en cada conflicto internacional, no nos queda de otra más que pensar en que esto desafortunadamente durará otro buen rato.
Vimos ayer con mucho gusto el anuncio de que el Gobierno del Estado condonará multas y recargos de impuesto sobre nómina de septiembre y octubre a empresarios de Culiacán por la crisis de inseguridad por la que atravesamos desde hace ya casi 50 días y a la que todavía no se le ve fin.
El SATES anunció que habilitará una serie de formatos en sus plataformas digitales para que empresarios culiacanenses accedan a estos beneficios y que puedan tener un respiro por la pausa en sus proyectos y para cumplir con las obligaciones qué tienen mayor prioridad.
“He instruido apoyar a las y los empresarios del municipio de Culiacán con la condonación de recargos, multas, honorarios y gastos del impuesto sobre la nómina generado por las omisiones de pago durante los meses de septiembre y octubre 2024. Estoy con ustedes para seguir fortaleciendo la economía de la capital del estado”, compartió el Gobernador Rubén Rocha Moya en su cuenta de X, antes Twitter.
El anuncio, reiteramos, cayó de buena manera luego de que la acción coincide con la sugerencia qué hiciera un grupo de activistas que representaron a la sociedad organizada, defensores de derechos humanos y empresarios en Sinaloa a la Presidencia de la República hace unas semanas.
Ojalá que también cumplan con lo demás, como garantizar la seguridad, evitar las desapariciones y castigar a los responsables lo más pronto posible.