"Quince meses antes de tragedia, Congreso pidió un informe de Atlas de Riesgos... que nunca llegó"

Quince meses antes de las inundaciones que han costado la vida y el patrimonio a miles de sinaloenses, desde la tribuna del Congreso local se lanzó una petición a Protección Civil.

A las áreas del Gobierno del Estado y de los municipios responsables por ley de la prevención de desastres, se le emplazó a que entregaran informes sobre sus Atlas de Riesgos.

Fue la priista Margarita Villaescusa Rojo la que colocó el tema, que por esas fechas tuvo poca resonancia.

En la sesión del martes 20 de junio de 2017 se aprobó por unanimidad darle el trato de “obvia y urgente resolución” al punto de acuerdo sobre “Atlas de Riesgo en Sinaloa”.

Antes, como Senadora del Partido Revolucionario Institucional, Villaescusa había empujado en 2010 una reforma relacionada con los atlas de riesgo en la Ley General de Protección Civil, tras las fuertes lluvias de ese año que dejaron más de 15 millones de afectados en el país.

Los atlas de riesgos son documentos que aportan información sobre “los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables”.

Es decir se trata de diagnósticos con base en los cuales se toman decisiones para autorizar construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos, definir planes y programas contra desastres, entre otros.

Villaescusa Rojo centró su atención en la edificación de construcciones en zonas de riesgos.

“A nivel Estado”, mencionó, “la Ley de Protección Civil Para el Estado de Sinaloa también considera este instrumento de protección civil. En su artículo 42 señala que es una obligación del municipio el desarrollar y actualizar el Atlas Municipal de Riesgos”.

A su vez el artículo 47 define como atribución del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa el “desarrollar, actualizar y registrar el Atlas Estatal de Riesgos, ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado”.

Es preocupante, alertó Villaescusa, que “se sigan construyendo asentamientos humanos en zonas de riesgo en varios municipios de la entidad. Esta práctica corrupta sigue poniendo en riesgo a las familias y sus bienes, quienes por la ilusión de contar con una vivienda, aceptan y adquieren un bien que en muchas ocasiones los vuelve vulnerables a ellos y sus familias”.

Por ello pidió a sus compañeros respaldar el llamado a Protección Civil estatal y a los ayuntamientos.

“La 62 Legislatura”, se leía en el primer resolutivo, “solicita de la manera más respetuosa al titular del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa un informe sobre el estado actual del Atlas Estatal de Riesgos”.

En el segundo punto se extendió esta demanda a los 18 ayuntamientos, acerca de “un informe sobre el estado actual del Atlas Municipal de Riesgos correspondiente”.

A ello se le sumó la exigencia de que el Instituto Estatal de Protección Civil iniciara los trabajos “para que el Atlas Estatal de Riesgos quede inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado”.

Esto último con el fin de dar certeza jurídica a quienes construyen y compran viviendas.

Pero pasaron 15 meses sin tener respuesta concreta sobre estos puntos. Y el 20 de septiembre varios municipios de Sinaloa, entre estos Culiacán y Ahome, sufrieron devastaciones a causa de la depresión tropical 19-E, que ha costado la vida a cinco personas, dos más están desaparecidas y miles han perdido sus patrimonios, acusando a las autoridades de no avisar de la magnitud del fenómeno.

Ahora Villaescusa Rojo revela que la única respuesta que se dio en torno a este punto de acuerdo es que “estaban trabajando en ello y se requería de recursos económicos”.

Debe haber castigos, dice Diputada

“Definitivamente con lo que vimos en Culiacán hay asentamientos en lugares donde nunca debieron de estar, y ahí hay un funcionario, por no decir muchos, responsables de eso”, señala Villaescusa Rojo.

Como lo ha venido denunciando en tribuna, expone, no hay un sistema de alertamiento civil eficiente, donde toda la población esté informada en tiempo y forma para no estar en los lugares peligrosos, ante desastres naturales.

Es hora, señala, que se tomen cartas en el asunto y se castigue a los funcionarios implicados en omisiones relacionadas con protección civil.