Editorial
El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro proyecta la creacción de una clínica para la aplicación y suministro de drogas ilegales intravenosas, que en esencia, es un plan con perspectiva médica y derechos humanos sobre las adicciones.
Por prejuicio social, las personas adictas son estigmatizadas como delincuentes. El reflejo físico de su enfermedad también las hace objeto de discriminación y miedo. Usualmente, los adictos a la heroína son marginados sociales.
Sin embargo, cualquier persona que se hace codependiente del consumo de drogas, legales o ilegales, no es un delincuente, sino alguien con una enfermedad, quien no superará su problema siendo llevado a barandilla.
El Estado, representado en este caso por el Ayuntamiento de Culiacán, tiene el acierto de atacar el problema desde la perspectiva médica, psicológica y social.
Las clínicas de suministro funcionan, con algunas variantes, en tres niveles. El primero es el de la aplicación. Los adictos a la heroína, por ejemplo, encuentran en ellas un lugar limpio para la aplicación de su dosis, jeringas limpias y asistencia médica y de enfermería, como lo plantea Estrada Ferreiro.
El segundo nivel es la atención de emergencia que se da cuando uno de los pacientes sufre una sobredosis. La intervención oportuna del médico le salva la vida.
Y es ahí donde entra el tercer nivel, el de atención psicológica y rehabilitación. Cuando un paciente sufre una sobredosis y es rescatado por el médico, queda con el temor de perder la vida y, por lo tanto, en una disposición voluntaria para rehabilitarse. Que en la misma clínica se cuente con un área especializada ayuda a que en ese momento, antes de que se enfríe, el adicto comience un proceso de rehabilitación.
Actualmente existe mucha información, metodología y estrategias sobre adicciones y sus tratamientos. Lo único que estorba para llegar a convertirnos en una sociedad más sana e incluyente es quitarnos de prejuicios y acompañar a quien lo necesita.
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