"El alto costo de los carritos"

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Cinco jóvenes fueron torturados y asesinados esta semana en Sinaloa. En realidad fueron más, pero a estos cinco los encontraron abandonados en la vía pública con carritos de juguete sobre sus cuerpos y por eso llamaron nuestra atención.

Uno de estos jóvenes, con apenas 25 años, fue juzgado por la Fiscalía como “robacarros”. No pasaban ni 24 horas desde que encontraron su cuerpo lastimado y semidesnudo cuando ya lo habían acusado de ser el asaltante que aparecía en el video borroso que se difundió a través de redes sociales. En una reacción sospechosa y extra rápida, la oficina de Ríos Estavillo ya tenía su veredicto listo para la prensa: “culpable, fue él”, y por supuesto, nunca aclararon sus fuentes. El acusado, en cambio, no dijo nada, no tenía quien lo defendiera; el público también ya había dado su resolución: “el Estado paralelo, el que tiene información de primera mano, de seguro sabe bien lo que hace en cuanto a la justicia”.
Otra parte del público, la más informada, se quejó de que los sinaloenses festejaran tal brutalidad. Incluso llamaron insensibles a quienes celebraban desde el hartazgo de ser constantemente víctimas de la delincuencia. Y es que, a pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública tiene otros datos que aplaudir, Sinaloa es uno de los estados con mayor número de vehículos robados (3 mil 072 en lo que va del año, reportan las aseguradoras), y Culiacán es uno de los cinco municipios con mayor incidencia en ese delito.
El fenómeno no es nuevo en Sinaloa, ya en administraciones pasadas había ocurrido. En otros periodos con cifras muy altas se ha vuelto noticia la peculiaridad macabra con la que los asesinos (¿serán los asesinos?) colocan los carritos como mensaje, la prensa reproduce ese mensaje y le saca jugo, y las autoridades anuncian casi con altavoz que, efectivamente, las víctimas son delincuentes. Los resultados han tenido efecto sobre la percepción; se comunica a los ciudadanos que pueden confiar porque sí hay justicia, aunque no la ejecuta precisamente la autoridad, al menos no la autoridad formal.

Aunque muchos festejan, y entiendo bien el dolor y sus razones, en realidad la noticia es doblemente triste. Primero por las víctimas; por quienes ven mermado su patrimonio, pero también por la cantidad de jóvenes que son asesinados por otros, y esos otros también son delincuentes, pero con más poder y/o permiso. En segundo lugar, porque estos sucesos nos recuerdan la debilidad de nuestras instituciones para impartir justicia procesal, y que, en Sinaloa, sin importar cuántas actualizaciones legales y foros de discusión se impulsen desde los grupos políticos-sociales, sigue imperando la “ley del más fuerte”.

Las fallas en la justicia procesal y en los organismos de seguridad nos han traído importantes costos, y uno ellos es el reconocimiento, aún desde la Fiscalía, aún desde la Gubernatura, de que los grupos criminales son más poderosos, y que en Sinaloa los ciudadanos no tienen el mismo valor, los mismos derechos a tener juicios justos. El comunicado de la Fiscalía nos dice que la única manera de garantizar la seguridad está en seguir confiando y pidiendo ayuda a los delincuentes. Y luego nos preguntamos por qué los admiran nuestros jóvenes y quieren integrarse a sus filas, e integrarse a un ciclo de muerte que parece no terminar.