Editorial
El Estado mexicano ha afrontado en los últimos años el reto de garantizar la seguridad de su población haciendo frente a la delincuencia organizada. Y si algo ha quedado claro en los últimos sexenios, es que las estrategias implementadas han fallado.
El País no ha sido más seguro y los grupos delictivos, los que se dedican al tráfico de drogas, siguen tan fuertes como lo han sido antes, tal vez mutando únicamente de denominación.
El crimen organizado gobierna cuando quiere, y lo ha hecho porque ha sido fácil para quienes lo integran, colarse hacia las estructuras formales del poder.
Lo mismo han conseguido que un alto funcionario del Gobierno federal, el responsable de garantizar la seguridad, los proteja para traficar con drogas, que igual, logran paralizar ciudades con el fin de protegerse y enfrentar a quienes se interpongan en sus intereses.
Hoy Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, está detenido en Estados Unidos, acusado de coludirse con el Cártel de Sinaloa y recibir sobornos para permitirles sus operaciones a costa de la vida de muchos y por encima de sus rivales.
Pero, ¿cuántos funcionarios más no han hecho lo mismo, sean subordinados o de alto nivel? ¿A cuántos de ellos realmente se les ha estado investigando? ¿Por qué en México no se les ha investigado, llevado a juicio y se les ha sancionado?
Las estrategias contra la seguridad en México no han funcionado por muchos factores, y uno de ellos, importante, es por la falta de confianza de la población hacia las acciones del Gobierno.
¿Quién confiaría en una autoridad cuando no ha sido capaz de castigar a sus funcionarios que se coluden con el narcotráfico? ¿Quién confiaría en un Gobierno cuando ni siquiera tiene claro cuáles de sus empleados está ligado con el crimen?
México necesita una nueva narrativa para dejar atrás la violencia que aún no se aleja. Sí, la sociedad debe involucrarse, pero sí, también, el Estado necesita actuar. Y en el País aún se esperan esas acciones.
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