"El federalismo educativo. Lo local como respuesta"

En 2013 se concretó una de las reformas constitucionales en materia educativa más importantes en la historia de México. La modificación al Artículo 3º y su legislación reglamentaria provocaron la armonización de las leyes estatales de educación de todas las entidades con el marco regulatorio federal. 

 

No obstante, la transformación de un sistema educativo no se reduce a una reforma legal. Las reformas constitucional y legales de 2013 tuvieron como propósito modificar “las reglas del juego”; esto ya sucedió. El proceso en el que estamos inmersos ahora, la implementación de estos cambios, exige cambiar actitudes, políticas y prácticas en contextos específicos. Estos cambios no se pueden mandatar desde el centro. 

 

Mucho se ha discutido sobre la falta de resultados efectivos del proceso, la distancia entre lo que dice la ley y su puesta en marcha en los estados o bien, del poco o nulo impacto que los cambios legales han reflejado en el aula. 

 

Si bien es cierto que la discusión focaliza los obstáculos políticos del proceso, ello no debe pasar por alto los obstáculos técnicos que debemos superar, entre ellos la lógica federalista del marco de acción. En pocas palabras, al preguntarnos sobre cómo pasamos del diseño de un marco legal a la transformación auténtica de prácticas en el aula, no podemos dejar de lado el arreglo federalista vigente. 

 

En 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se transfirió a los Gobiernos estatales la obligación de encargarse de la dirección de los establecimientos educativos bajo todas las modalidades y tipos (educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, educación indígena y educación especial). Asimismo, se estableció la obligación de los municipios de dar mantenimiento y equipamiento a las escuelas sirviéndose de los recursos que reciban del gobierno estatal y atendiendo las recomendaciones de los nuevos concejos municipales. Finalmente, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales adoptaron la creación de la carrera magisterial y la sustitución del titular de la SEP en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que se incorporan al sistema educativo estatal.

 

Posteriormente, con la reforma al artículo 3º Constitucional y posteriores reformas a la Ley General de Educación, expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente y expedición de una nueva Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se destinaron competencias específicas en cada una de las leyes para cada nivel de gobierno y para cada autoridad involucrada en la prestación y evaluación del servicio educativo nacional (Secretaría de Educación Pública Federal, Autoridades Educativas Locales u Organismos Descentralizados, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y autoridades escolares).

 

En Mexicanos Primero nos hemos dado a la tarea de entender lo local desde hace años, a través del Índice Compuesto de Eficacia Escolar (ICE), el Índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDEI) y el Índice de Cumplimiento de Responsabilidad Educativa (ICRE). Este último ha cobrado particular importancia al situarse en la coyuntura de la implementación de la transformación educativa y las obligaciones de los estados en éste ámbito. 

 

Fortalecer la capacidad y compromiso de los agentes de cambio, entonces, depende más de la red de apoyo en lo local, que del nombramiento del titular en la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal. A nivel estado, se debe asegurar que las niñas, niños y jóvenes estén, aprendan y participen desde los 3 años hasta la educación media superior; seleccionar, contratar y promover a maestros, así como hacerse cargo de su formación inicial y continua; atender la conformación de plantillas en las escuelas y cuidar las condiciones laborales de los maestros; proveer el acompañamiento debido para hacer realidad el modelo educativo y garantizar un aprendizaje incluyente; promover la participación de las familias en las comunidades escolares; asignar contrato de obra para infraestructura escolar y dar asesoría para que se pueda aprovechar tanto de los materiales didácticos en las aulas como de la autonomía escolar.

 

Para decir que “la reforma educativa no funciona”, es preciso entender: ¿qué esta haciendo la Ciudad de México para cumplir con su oferta de inclusión?; si Colima y Nayarit siguen a merced de la voluntad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo mismo que Oaxaca y Michoacán con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ¿significa entonces que los niños deberán seguir esperando a que su derecho a aprender se respete?; Sonora dio un gran paso adelante en logro de aprendizaje en secundaria, lo mismo que Puebla al haber incorporado la participación de las y los niños en preescolar, ¿qué hicieron y por qué otros estados no lo hacen?; mientras la federación sigue buscando la forma de activar el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), Coahuila, Guanajuato y Querétaro cuentan con sistemas bastantes más eficientes; Jalisco cuenta con dos generaciones de directores que arriban a las escuelas normales mediante concurso, ¿qué le impide a la federación impulsarlo a nivel nacional? Nos está faltando entender qué tiene que suceder para inspirar esta serie de cambios en todos los estados y en el sistema educativo nacional en su conjunto.

 

Ningún gobierno estatal tiene por qué retroceder en su camino de garantizar el derecho a aprender de las y los niños de su estado aun si el Gobierno de la República así “lo dispone”. Éste ha sido un error, considerar al Secretario de Educación Pública como “jefe” de los secretarios de educación pública en los estados; o, lo que es lo mismo, pensar que se trata de UN SOLO sistema educativo y no de 32 sistemas educativos estatales que responden a contextos particulares. 

 

Lo local no es el problema, es la respuesta a las necesidades de ajuste que proclaman; pero, las nuevas futuras autoridades deben darse a la tarea de entender. 

Que así sea. 

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@juanmejia_mzt