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El municipio como igualador social OBITER DICTUM

Fernando García Sais
15/01/2020 | 04:08 AM

Notario 210 de Sinaloa

fernando@garciasais.mx


El impacto público que tiene el municipio en la vida cotidiana de las personas es de una dimensión considerable. La Constitución le asigna al municipio tareas, por decir lo menos (pues se trata de obligaciones constitucionales), y a la vez implican una especie de monopolio (dado que dichas funciones son propias y exclusivas) para entregar a los ciudadanos un conjunto de servicios públicos de gran relevancia.

Para cumplir adecuadamente con sus funciones, insisto constitucionales, la Ley Suprema les permite a los municipios organizar su hacienda pública y les confiere autonomía. Tienen, pues, plena libertad hacendaria, a partir de los rendimientos de los bienes propios, así como de las contribuciones y otros ingresos previstos en las leyes locales.

Además de sus deberes constitucionales y de sus autonomías (hacendaria y presupuestal) los municipios controlan el desarrollo urbano. El taller mecánico junto al hospital es imputable al municipio, al igual que el ruido o la falta de banquetas y accesos para sillas de ruedas. las ciclopistas peligrosas o su ausencia, es imputable al municipio. Los baches y sus costos, riesgos y peligros, corren la misma vía.

La Constitución les asigna a los municipios mexicanos (y excluye a otros de) la posibilidad de crear planes de desarrollo urbano, administrar la zonificación, autorizar y vigilar el uso de suelo, emitir licencias de construcción, crear zonas de reservas ecológicas, así como la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros.

Entre los servicios públicos que conviene que se presten adecuada y regularmente, están los más importantes para que las personas vivamos dignamente y en condiciones de igualdad. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito, por citar algunas. O sea, todos sin importar el código postal de la ciudad, tenemos derecho y acciones para exigir se nos presten.

Administrar bien una ciudad sí requiere mucha ciencia. Evidentemente mucha honradez y honestidad. Dichas cualidades deben coexistir, no riñen ni se excluyen. Si las comunidades a las que los municipios gobiernan tienen deficiencias en los temas apuntados, es evidente que algo falló. La causa puede encontrar varias raíces que se resumen en incapacidad para gobernar.

Los daños y la desigualdad que padecemos en las ciudades, emanada de la inequidad e insuficiencia en la prestación de servicios públicos, no es obra de la casualidad. Si el municipio tiene recursos, maneja su hacienda y organiza el desarrollo urbano, es palpable que las decisiones que históricamente se han tomado no son las mejores. Basta recorrer las ciudades hacia las zonas menos favorecidas para percatarse de ello.

La responsabilidad por los daños por la deficiente o ausente infraestructura o, bien, por la desigualdad que desde el municipio se produce no es compartida con nadie. No es culpa de los empresarios ni de los comerciantes; tampoco de los emprendedores o de los profesionistas. Tampoco de los ciudadanos que trabajan y pagan sus impuestos.

Lucrar políticamente con los menos favorecidos se ha convertido en un atractivo negocio para facilitar el acceso a cargos públicos. El engaño y la desigualdad que prevalecerá no conviene a nadie. Debemos concentrarnos en buscar ciudades más igualitarias con mayor equidad y justicia social, pero de verdad.

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