"El nuevo tribunal"

Inquieta el cuasi-monopolio de la palabra, la agenda y el debate público que han impuesto las mañaneras. A querer o no, AMLO utiliza diariamente los recursos del Estado para posicionarse y más de uno se ha comenzado a preguntar si esto es legal porque hace lo que la Constitución prohíbe: propaganda que no tiene carácter institucional y que incluye nombres, imágenes, voces o símbolos que implican su promoción personalizada.

 

Algunos recuerdan las famosas “charlas ante la chimenea” de: F. D. Roosevelt. Pero su naturaleza era otra. Roosevelt dio en total 30 charlas informativas y su presidencia duró 4 mil 422 días. A pesar de su éxito, resistió a hablar con más frecuencia porque le quitaba mucho tiempo de preparación que debía dedicar a gobernar. 

 

Estas mañaneras no son un ejercicio de rendición de cuentas, ni de transparencia. La información que se proporciona es, la mayoría de las veces, incomprobable porque no está en las páginas oficiales de las dependencias y porque no hay forma de debatir o rebatir.

 

Pero aun cuando no fuera ilegal ni tampoco competencia desleal o abuso de poder, se han convertido en algo cercano a la demolición de la división de poderes y de todo contrapeso. 

 

No es pasable que en las mañaneras se emitan constantemente juicios de valor sobre las tareas de los otros poderes, sobre los obscuros intereses y propósitos a los que supuestamente responden los órganos autónomos o las organizaciones de la sociedad civil, sobre las iniciativas que deben ser aprobadas, y sobre su preferencia en las consultas. 

 

Ejemplos sobran. En relación a un proyecto de resolución de la Suprema Corte (que no se sabe quién puso a su disposición) dijo: “últimamente llegamos y había un litigio ... para que se les devolviera a los que vendieron la empresa Modelo ... y estaban pidiendo algunos accionistas que como habían pagado el Impuesto Sobre la Renta que se les devolviera, y ya estaba un proyecto en la SC a favor de que se les devolviera ... e intervinimos, y saben qué, se cambió la resolución y no se va a devolver ese impuesto” (31-01-19). Igual ocurrió con la iniciativa de la Guardia Nacional que fue modificada en la Cámara de Diputados y pidió a los senadores que la corrigieran. 

 

Con respecto a los órganos autónomos fue todavía más irrespetuoso: “Son muy leguleyos ... los impulsores del gobierno paralelo de esta constelación de órganos autónomos que crearon en el periodo neoliberal para favorecer a las minorías y para simular... Afortunadamente ya se les están venciendo los plazos. Y ahora nos corresponde ...” (12-02-19). Y respecto a la sociedad civil: “¿Saben cómo se llamaba la sociedad civil antes? ...Pueblo. ... yo no sé quién agarró eso de la sociedad civil, se apropiaron, la derecha, el conservadurismo ... las empresas promueven a organismos de la llamada sociedad civil, independientes, que son independientes, pero del pueblo, no de los intereses creados” (13-02-19). 

 

Ese es el respeto que el Presidente muestra hacia la división de poderes y los contrapesos. A unos les dicta la plana de cómo hacer los proyectos, a otros les dice cómo reformar la Constitución, a los otros los llama simuladores y advierte que ahora los va a capturar él porque tiene la mayoría para sustituirlos y, a los de la sociedad civil, los difama sin ofrecer pruebas. 

 

Pero si la anulación de poderes por esta vía es preocupante, menos aceptable aún es que suplan a las instancias judiciales y se utilicen para linchar y acabar con la reputación de ciertos personajes imputándoles la comisión de delitos. G. García Alcocer presidente de la CRE fue difamado, se violó su presunción de inocencia y los datos personales de él y su familia (“como tengo derecho de réplica por alusiones personales, doy a conocer ahora que el señor tiene conflicto de intereses”); a los productores de los videos sobre el populismo se les incriminó ahí en lugar de en la FGR; ahora a Krauze y a algunos colaboradores y empresarios se les inculpa de conspiración, lavado de dinero y delitos electorales sin ofrecer pruebas. ¿Quién sigue?

No estoy por el encubrimiento de nadie, pero sí por la división de poderes y por el debido proceso: acusación, investigación, juicio y sentencia.